En el juicio por robo de niños, uno de los dueños de la clínica que alojó a los hijos de Raquel Negro, dijo desconocer qué médico los tuvo a su cargo. Una jueza le dijo que omitía información
El juicio oral y público por robo de bebés durante la última dictadura, en su octava jornada, se metió de lleno en lo sucedido con los hijos mellizos de Raquel Negro en el Instituto Privado de Pediatría (IPP). Puntualmente, el momento del egreso de los niños se va convirtiendo en la clave para determinar quién fue el encargado de entregarlos a los apropiadores que luego abandonaron a Sabrina en el Hogar del Huérfano de Rosario e hicieron incierto hasta hoy el paradero de su hermano varón.
El testigo Miguel Torrealday, uno de los socios de la institución, aseguró que está comprometido con el esclarecimiento de la verdad de lo sucedido, pero dijo desconocer el hecho y no pudo precisar datos trascendentes para la investigación. Su alegado desconocimiento acerca de qué médico atendió a los bebés y les dio el alta hizo que la jueza Lilia Carnero le increpara: “Creo fervientemente que usted omite información. Yo creo que usted sabe”. Pero el profesional, quien dijo no querer ser parte de la corporación médica, se limitó a asegurar que esa es “la pregunta del millón”.
Dos mujeres que trabajaron en Neonatología del Instituto de Pediatría sí aportaron datos claves. Así se mantiene una constante en este juicio, que es la presunta mala memoria de los médicos y la facilidad para recordar de las enfermeras. Una de ellas dijo que en 1978 atendió a un par de mellizos –varón y mujer– que estaban registrados como NN y a los que nadie iba a visitar. Y fue clara al afirmar que los atendían tres de los cuatro dueños: Torrealday, Ángel Schroeder y Jorge Eduardo Rossi, mientras que David Vainstub no porque “no andaba tanto”.
La otra habló de un bebé –no recordaba el sexo– que había sido derivado del Hospital Militar y estaba en una incubadora. Dijo que no era visitado por familiares, pero se decía que era “hijo de una extremista” y que lo “dieron en adopción”. Manifestó no recordar qué médico sacó al bebé para egresarlo y entregarlo a una pareja, pero sí que fue uno de los cuatro propietarios.
La mujer relató un hecho que le llamó la atención: “Lo que vi fue a la esposa del doctor Vainstub, con amigas o familiares, que fueron a verlo a través del vidrio. Tenían curiosidad porque era el bebé de una extremista”.
Una cuestión de confianza
Torrealday, quien juró decir la verdad por Dios y los Santos Evangelios, sostuvo durante su testimonio que durante aquellos años el IPP era una clínica “abierta”, en la cual cualquier médico de Paraná podía ingresar a su paciente cuando necesitaba los servicios de Neonatología. Ese es uno de los motivos por los cuales dijo desconocer quién estuvo a cargo de la atención y alta de los hijos de Raquel Negro. “Para nosotros es un problema de confianza, llevamos más de 9.400 internaciones en todos estos años de trabajo. No quisiéramos que se repita esta situación”, señaló. Argumentó que “no había control de los profesionales”, que no los “chequeban”, porque se conocían. Simplemente, “si había unidad disponible se le brindaba la posibilidad de la asistencia”.
Cuando le preguntaron qué profesional pudo haber tenido contacto con los niños, dijo casi susurrando: “Es la pregunta del millón. Esa es una de las cosas que nos venimos preguntando permanentemente”.
Según indicó, tomó conocimiento de los hechos investigados cuando en una oportunidad, revisando los libros de la institución, encontró registros de NN derivados del Hospital Militar con fecha julio de 1978. Luego consiguió que la titular de Abuelas de Plaza de Mayo lo visitara y juntos revisaron esas anotaciones y fue cuando detectaron, en el mismo libro, las inscripciones de Soledad López y NN López –los hijos de Negro y Tulio Valenzuela–, la primera ingresada el 4 de marzo de 1978 y el segundo el 10 del mismo día y año. Ambos fueron dados de alta el 27 de marzo. El Hospital Militar pagó 71.500 pesos de la época por Soledad/Sabrina y 35.750 por el niño perdido.
Torrealday, revisando ese libro delante del tribunal, se desvinculó de esas anotaciones irregulares en su clínica diciendo que las efectuaba el área administrativa, que estaba a cargo de una mujer ya fallecida.
“Yo no estaba en conocimiento de esto, para mí fue una sorpresa. Nosotros, quienes participamos de esta sociedad, estamos comprometidos y queremos saber quién fue el médico que atendió a estos pacientes (...), porque nos puede aportar la información para recuperar el niño perdido”, continuó.
Fue entonces cuando Carnero le recriminó: “Usted no puede decir al tribunal ‘queremos saber’. Ustedes deben saber. Ustedes tienen la clave para saber, por eso tienen que hacer memoria”. La respuesta de Torrealday insistió con que trabajaban muchos profesionales y cada uno “venía e internaba a sus pacientes”. La misma jueza fue contundente al señalar: “Creo fervientemente que usted omite información. Yo creo que usted sabe”. El testigo mantuvo su discurso de desconocimiento.
En otro pasaje le pidieron insistentemente que hiciera memoria y nombrara a sus colegas que hacían guardia. Luego de negarse por temor a equivocarse, mencionó a “el doctor Baigorria, Gallino, Mare, Salomone”.
Por otra parte, contradijo a la enfermera que sostuvo que uno de los socios entregó a los bebés a una pareja que aparentemente lo llevaba en adopción. “Esa metodología no era válida. La adopción era todo un proceso. No debe haber ocurrido porque no es ese el mecanismo”.
Los datos verdaderos de los mellizos y del médico que los atendió, se debieron haber inscripto en las historias clínicas, pero se perdieron cuando se inundó un sótano. Tampoco existen las planillas de guardia. “Me duele decirlo porque no quiero ser parte de lo que se dice, la corporación médica”, se excusó.
Zaccaría: “En un rato se va a morir”
Ayer declaró una ex empleada de laboratorio del Hospital Militar, quien dijo que escuchó “de oídas” el caso de Raquel Negro, el nacimiento de sus hijos y la derivación al IPP. Se sumó así a muchas otras trabajadoras de la salud que conocieron el hecho directa o indirectamente.
La misma testigo expresó que durante la dictadura se hacían análisis de sangre a personas identificadas como NN que estaban detenidas en el Batallón de Comunicaciones, donde funcionaba un centro clandestino de detención.
También dijo que en una oportunidad tuvo que asistir a quirófano a realizarle una transfusión a un hombre herido de gravedad, que “perdía mucha sangre”. El anestesista, que era el imputado Juan Antonio Zaccaría, le dijo que no era necesario que clasificara grupo y factor porque “dentro de un rato se va a morir”. Ella le contestó que era su trabajo y lo tenía que hacer. “Esa persona falleció en la cirujía”, señaló, y añadió que luego escuchó por comentarios que la persona en cuestión había sido traída en el baúl de un auto hasta el Hospital Militar.
Además, en ese episodio dijo que tres cirujanos participaron de la intervención quirúrgica: los médicos militares Carlos Bautista Suino, Mario Sergio Crocce y un tercero que no pudo precisar quién era.
Alfredo Hoffman
De la Redacción de UNO
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