sábado, 31 de marzo de 2012

El Tribunal Federal duda sobre Díaz Bessone y dilata la decisión

Abogados querellantes (Foto: UNO/Juan Ignacio Pereira).
El TOF de Paraná no resolvió si el represor será juzgado en la causa Harguindeguy y hubo malestar en la sala. Los peritos de la Corte Suprema de Justicia recomendaron nuevos estudios

Alfredo Hoffman / De la redacción de UNO

El Tribunal Oral Federal de Paraná, presidido por Lilia Carnero, no resolvió ayer si el represor Ramón Genaro Díaz Bessone –dos veces condenado a perpetua por delitos de lesa humanidad– será juzgado en Paraná en el juicio por la causa Harguindeguy, en el que se investigan cuatro desapariciones forzadas y otras graves violaciones a los derechos humanos cometidas en la costa del Uruguay durante la última dictadura cívico-militar. Los jueces postergaron la decisión para el miércoles 4, oportunidad en la que podrían ordenar nuevos estudios médicos que retrasarían todavía más la definición sobre este imputado y el inicio mismo del debate.

Ayer fue evidente el malestar que causó entre el público presente en la sala la decisión del TOF de no emitir la resolución que había anunciado el jueves, sobre el pedido de la defensa de Díaz Bessone de que se lo excluya del juicio por aplicación del artículo 77 del Código Procesal Penal, que habla de la “incapacidad mental sobreviniente” como requisito para la suspensión del proceso. En lugar de dar su veredicto, los magistrados prepararon una videoconferencia con Buenos Aires, durante la cual los médicos del Cuerpo Médico Forense (CMF) de la Corte Suprema hicieron comentarios sobre el informe que emitieron el 1º de marzo acerca de la salud del represor.

La presidenta del tribunal aseguró que esa videoconferencia sería la “última medida probatoria para dilucidar la cuestión”. Sin embargo, los médicos de la Corte recomendaron realizar nuevos estudios y los magistrados pidieron precisiones sobre los tiempos que ello demandaría, lo que hace prever que podrían ordenar esas prácticas y el asunto se dilataría entonces aún más.

Los abogados querellantes se opusieron a la realización de ese contacto con el CMF, porque no se había previsto la participación de peritos de parte, e hicieron reserva de recurrir en casación. Carnero no le concedió el uso de la palabra al letrado Álvaro Piérola, en una situación que generó tensión en la sala. Luego Carnero reprendió en otras oportunidades a otros abogados querellantes. El jueves había procedido de manera similar con el fiscal José Ignacio Candioti, a quien acusó de, supuestamente, no haber prestado atención al defensor oficial.

El abogado querellante Rubén Pagliotto, luego de la audiencia, dijo a UNO que lo sucedido fue “un retroceso”, y opinó: “Personalmente noto que el tribunal está dubitativo, está confundido. No le asigno ninguna intencionalidad porque conozco de la integridad de sus miembros. Pero veo que frente a una causa tan enorme, que tiene la importancia de sentar por primera vez a Albano Harguindeguy en el banquillo de los acusados, se extravía en demasiado formalismo”.

También dijo haber quedado “desorientado” cuando se volvió a postergar la decisión sobre Díaz Bessone, sobre todo cuando hasta el miércoles, cuando se realizó el contacto “de visu” con el represor, estaba claro que no tenía alteradas sus capacidades cognitivas y sólo se buscaba dilucidar si podía trasladarse para participar de las audiencias por videoconferencia. Además lamentó que con estas demoras, el juicio no terminará este año.

La opinión del CMF 
Por videoconferencia, tres miembros del Cuerpo Médico Forense de la Nación, Esteban Toro Martínez (psiquiatra), Celminia Guzmán (neuróloga) y Mónica Herrán (psicóloga), explicaron los alcances del informe del 1º de marzo, que fue el que tomó el TOF de Rosario para seguir adelante con el enjuiciamiento a Díaz Bessone y dictarle condena a prisión perpetua el lunes.

Los profesionales reiteraron que el procesado no está en condiciones físicas de estar presente en audiencias de debate, pero sí puede seguir el juicio desde su domicilio. Ante las preguntas de los jueces, señalaron que puede entender si una sentencia es absolutoria o condenatoria, puede recibir una imputación de 31 hechos como en esta causa, ofrecer pruebas de descargo y participar de un careo. Estos tres últimos actos, aclararon, deberían producirse respetando sus tiempos, hablándole más pausadamente, a raíz de su deterioro cognitivo leve a moderado.

Sobre la mudez que experimenta por estos días el imputado –en oportunidades se niega a hablar– los profesionales dijeron que no son de la idea de que se deba a que carezca de facultad de comprender, sino más bien a que no quiere responder.

Sin embargo, para dar más precisión a las inquietudes del tribunal, recomendaron realizar nuevos estudios físicos y psíquicos, como una resonancia magnética de cerebro, un test de psicodiagnóstico, un ecodoppler y otros tantos, los cuales se harían en la sede del CMF en Buenos Aires.

Al finalizar la audiencia, Carnero abrió un cuarto intermedio hasta el 4 de abril a las 10 “para resolver esta cuestión”. Se entendió que definirá sobre el pedido de suspensión del proceso hecho por la defensa, aunque también podría ordenar los nuevos estudios.

viernes, 30 de marzo de 2012

El Tribunal Oral Federal dirá hoy si juzga a Díaz Bessone

Foto: UNO/Juan Ignacio Pereira

El juicio por la causa Harguindeguy no avanza porque resta definir la situación de uno de los nueve imputados. Se proyectó el video de la pericia donde el represor se niega a hablar

Alfredo Hoffman / De la redacción de UNO


Ramón Genaro Díaz Bessone, hasta hace pocos meses uno de los más fervientes defensores de la última dictadura cívico militar y otrora ideólogo del terrorismo de Estado, ha decidido ahora mantenerse mudo. Así se lo vio en el video de la pericia médica realizada el miércoles en su domicilio de Rosario, que se exhibió ayer en Paraná en el marco del juicio por la causa Harguindeguy. Este imputado de 86 años aparece en las imágenes sentado en el living de un pequeño departamento, todo el tiempo con el ceño arrugado e inmerso en un profundo silencio, que para la querella no es más que una estrategia de defensa.

A pesar de que los peritos de parte Oscar Pellegrini y Adriana Beades, el médico de la Cámara Federal de Rosario, José Roberto Settecasi, y hasta el psiquiatra personal del imputado, Héctor Panicali, coincidieron en que su estado físico está deteriorado pero no perdió la facultad de comprensión, el defensor oficial Mario Franchi pidió ayer nuevamente la suspensión del proceso penal. El mismo pedido le fue rechazado hace sólo una semana al anterior defensor, Eligio González. El beneficio reclamado está contemplado en el artículo 77 del Código Penal, que habla de la incapacidad mental sobreviniente, algo que para los profesionales no está acreditado. El tribunal dará a conocer su veredicto hoy a las 11.

Así las cosas, el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en la costa del Uruguay no termina de iniciarse. Se cumplieron todos los pasos formales introductorios, pero no puede avanzarse en las cuestiones preliminares hasta que no se resuelva la situación procesal de Díaz Bessone.

El video 


Ayer, al inicio de la audiencia, se dio lectura al acta del examen realizado el día anterior. Luego se abrió un cuarto intermedio de dos horas, porque el video que debía exhibirse no estaba registrado en un soporte apto. Solucionado el problema técnico, se pudo observar a Díaz Bessone vestido de camisa clara y pulóver bordó y con un audífono en la oreja izquierda. Su médico personal le hablaba de frente y él lo miraba a los ojos, pero no respondía.

La presidenta del tribunal, Lilia Carnero, dijo durante el video que el examen “de visu” era para determinar si el procesado puede ser trasladado para participar de las audiencias por videconferencia desde su domicilio de Buenos Aires hacia la sede del Consejo de la Magistratura. La cuestión del artículo 77, planteada por el anterior defensor, ya había sido resuelta horas antes del inicio del juicio.

El perito Pellegrini consideró que no tenía “interés en colaborar” y precisó que el accidente cerebrovascular que sufrió en octubre “no le afectó la comprensión”. Calificó a su estado como de “hipobulia”, algo que explicó como “no tener ganas” de colaborar y de estar en el juicio.

Leticia de Díaz Bessone, esposa del exmilitar recientemente condenado a cadena perpetua, intervino en varias oportunidades para decir: “Espiritualmente él ya no está en este mundo, ya no quiere vivir”, y pidió a los jueces “que hagan lo que quieran” con su marido. También dijo que “ya no le interesa escribir, leer y ni siquiera escuchar música, que era su vida”.

La grabación finaliza con la jueza Carnero despidiéndose de un siempre mudo Díaz Bessone, a quien le estrechó la mano.

Luego de la proyección del video, se dio la oportunidad a las partes acusadoras de contestar el planteo de suspensión realizado por la defensa. El fiscal José Ignacio Candioti y los abogados querellantes pidieron que se lo rechace y que, de ser necesario, se realice una nueva pericia.

El pedido de Franchi había estado fundado en un supuesto “estado de vulnerabilidad física”, en que es una persona “abstraída de la realidad” y en el “deterioro de sus facultades cognitivas”, que se acentuó en los últimos meses y “se seguirá acentuando”. Esto, para el defensor, le impediría presenciar un juicio tan largo como este.

Para el fiscal, en cambio, no surgen elementos para sostener la incapacidad mental. Candioti recordó que durante el examen “nadie dijo que no tenía capacidad de comprensión”, y citó el antecedente del médico Juan Antonio Zaccaría, a quien este tribunal rechazó el mismo planteo con antecedentes similares, y luego asistió a todas las audiencias de la causa Hospital Militar. Además recordó que en esa oportunidad hubo divergencia entre los peritos, lo que no ocurre en este caso.

La estrategia del silencio como defensa 


Foto: Gentileza Silvina Ríos
La abogada Cacciopoli, representante de la mayoría de las víctimas, pidió que Díaz Bessone sea juzgado y consideró que su silencio es, en realidad, una estrategia de defensa. Comparó esta actitud del represor con la que adoptó durante toda la instrucción, cuando hizo uso de todos los recursos disponibles para intentar impedir el avance de la Justicia e incluso lo hizo presentando sus argumentos en su declaración indagatoria.

“Todos los peritos determinaron que tiene capacidad de comprender. La decisión de Díaz Bessone de no querer hablar es un nuevo acto de defensa”, indicó.

Los abogados Guillermo Mulet y Rubén Pagliotto advirtieron que si se lo excluye del juicio solo por mantenerse mudo, se estará habilitando que en adelante “bastará callarse para consagrar la impunidad”.

Álvaro Piérola, además de pedir el rechazo del planteo, expresó que el represor Díaz Bessone “debió haber sido juzgado hace 25 años”, pero no fue así porque lo benefició la vigencia de las leyes de impunidad. Pidió también que, si no puede trasladarse, se arbitren los medios tecnológicos para seguir el debate desde su casa.

sábado, 24 de marzo de 2012

El espíritu militar de Trimarco






Alfredo Hoffman
De la Redacción de UNO
ahoffman@unoentrerios.com.ar

El Palomar, Buenos Aires, 19 de octubre de 1946.
El cadete Juan Carlos Ricardo Trimarco esperaba ansioso en el pasillo de uno de los pabellones del Colegio Militar de la Nación, que todavía no había cumplido una década de inaugurado. Dentro de su despacho, el director de la institución, Juan Carlos Ruda, coronel, definía su futuro. Trimarco, en posición de firme y con la mirada perdida en un punto indefinido del largo corredor, se debatía entre seguir o no con la carrera castrense que hasta allí se había empecinado en abrazar. Los resultados no habían sido los óptimos durante los primeros dos años y el disgusto de su padre, Gregorio, era cada vez más severo. Deseaba que Ruda se compadeciera de él, aunque la bronca y la soberbia lo impulsaban a abandonar todo cualquiera fuera la decisión final. Era sábado y el colegio estaba desolado. Los pocos pasos de la mañana retumbaban en las paredes y en los techos y, a lo lejos, una radio transmitía el mensaje del presidente Juan Domingo Perón al Congreso para presentar los lineamientos de su Plan Quinquenal 1947-1951. Apenas alcanzaba a oír esa voz que aborrecía, que prometía el voto femenino, la promoción de la industria nacional, la organización de la salud pública y muchas otras “realizaciones e inversiones” para el cumplimiento de los objetivos del pleno empleo, aumento del salario real, crecimiento del mercado interno y una mejor distribución del ingreso. Dos días antes había tenido que comerse el discurso de Perón en Plaza de Mayo por el primer aniversario del 17 de octubre, flanqueado por Evita, diciendo que esa fecha sería “para todos los tiempos el Día de los Descamisados, el día de los que tienen hambre y sed de justicia”. Y el gobierno había obligado a leer ese discurso en todas las escuelas. Sí, aborrecía a ese militar populista.

Ese año, el tercero del Colegio Militar, se había esforzado mucho, su desempeño había mejorado notablemente y hasta había dejado atrás la timidez y la abulia que le reprochaban sus superiores y que lo opacaban frente a sus camaradas. Mientras esperaba allí parado, pensaba si había hecho bien en seguir los consejos familiares; si no hubiera sido mejor seguir los pasos de su padre y vivir la vida más cómodamente, sin el yugo de la disciplina aplastándole la cabeza. Tenía 21 años. Su casa quedaba en Artigas 320, en una esquina del barrio porteño de Flores donde mucho tiempo después se levantaría un edificio de departamentos. Tenía muy cerca la plaza, la basílica y la estación del ferrocarril Sarmiento. Había cursado hasta tercer año en el Colegio Nacional Bernardino Rivadavia, cuyo edificio de avenida San Juan 1545 –en Constitución, bastante lejos de Flores– también era nuevo cuando él pasó por sus aulas. De esa escuela tradicional de la Capital Federal habían surgido personalidades destacadas de la política, la cultura y las armas y también saldrían 14 desaparecidos de la dictadura que Juan Carlos iba a integrar en el futuro, desde el 24 de marzo de 1976. Pero él no había sido un alumno destacado, sino más bien mediocre. Aunque en tercer año había cosechado un 9,50 en Matemática y un 9 en Música y en segundo un 9 en Dibujo –sus mayores logros de la Secundaria–, habían predominado las notas bajas: por ejemplo, un 4,50 en Escritura y un 4,87 en Castellano, ambas en segundo. Tal vez eso lo había decidido a probar suerte en el Colegio Militar y solicitar su admisión el 27 de agosto de 1943, el mismo día que cumplió los 18. Don Gregorio Trimarco, rentista, y doña Virginia Eyssartier, sin ocupación, habían convencido a dos amigos militares para que garantizaran la “moral de la familia”: Manuel Renauld y Constantino Argüelles. Y lo habían aceptado.

El 25 de febrero de 1944 había empezado su instrucción como futuro militar, cargado de una esperanza por destacarse que pronto se desmoronaría. Los dos primeros años había mantenido el pobre desempeño que traía del Colegio Bernardino Rivadavia. En primero había promediado 6,3751 en las materias de estudio –algunas calificaciones fueron 4,75 en Caligrafía y Dactilografía y 5 en Topografía y Dibujo Militar– y 5,3587 en aptitudes militares –Morales de Carácter, 4,75; Morales de Espíritu Militar, 4,75; Morales de Conducta, 8,14; Aptitudes Intelectuales y de Instrucción, 4,75; Aptitudes Físicas, 7,10–. Su papel en las ejercitaciones prácticas le había merecido una apreciación negativa como “con mediocre aprovechamiento” y el concepto general, vertido por Ercole Emilio González Repetto, jefe de Compañía de Zapadores, había sido del mismo tenor: “De regulares condiciones generales. Es distraído (…) Le falta tenacidad (…) debe ser más abnegado y decidido en su labor diaria. Buen tirador y regular gimnasta”.

Durante 1945 había continuado la mala racha. Por ejemplo, en Francés, 5,50; en Historia Militar, 5,37; en Análisis Matemático, 7,87. El promedio de materias de estudio había sido de 6,7385. En Aptitudes Militares apenas había mejorado, con un promedio de 6,2033: sólo se había destacado en Morales de Conducta, con un 9,15; y algo en Aptitudes Físicas, con un 7. El resto era flojo: Morales de Carácter, 5,75; Morales de Espíritu Militar, 5,75; Aptitudes Intelectuales y de Instrucción, 5,50. Eduardo Ricagno, el encargado de redactar el concepto de ese año, no había tenido contemplaciones: “Cadete de buena moral, aunque apático y de pocas condiciones militares. Debe exteriorizar mucha más energía y vivacidad. Tiene poco espíritu militar. Mal jinete y mediocre gimnasta. Apenas ha satisfecho las exigencias del segundo curso”.

Para 1946 se había propuesto mejorar y lo estaba logrando; esperaba que las notas fueran mejores. Hasta que pasó algo inesperado, que no estaba en sus planes: un grupo de cadetes del Escuadrón de Caballería fue sancionado duramente por faltas disciplinarias. Él no estaba en ese grupo, pero se le ocurrió opinar sobre el tema sin advertir que lo estaba oyendo un superior. Cuando se dio cuenta, rogó que no se tuvieran en cuenta sus comentarios. Fue peor. Entonces, parado en ese pasillo, mientras Perón hablaba por el altavoz de una radio lejana, recibió la resolución del director y le dolió como un sablazo:
Orden del día Nº 229 del 19 de octubre de 1946

Impóngase al cadete Juan Carlos Trimarco la sanción disciplinaria de 30 días de arresto exterior y destitución por hacer apreciaciones sobre los castigos que se aplican en el escuadrón, en circunstancias que prestaban declaración en una información sumaria, cadetes del III curso de la citada subunidad y manifestar que no deseaba que las mismas se incluyeran en las citadas actuaciones.
Juan Carlos Ruda, coronel, director del Colegio Militar de la Nación

Durante el viaje de regreso a Flores meditó profundamente. Se enojó consigo mismo por el error cometido, que podía arruinarle la carrera, y se prometió redoblar el esfuerzo por revertir el mal momento; sobre todo, desterrar de una vez y para siempre esas evaluaciones que menospreciaban su personalidad, su tenacidad y su espíritu militar. Al final del año, las notas reflejarían lo sucedido: aunque redondearía un 6,58 en materias de estudio, el castigo lo llevaría a un 4,87 en Morales de Carácter y un hiriente 4,75 en Morales de Espíritu Militar. “Posee muy buenas aptitudes intelectuales –diría el concepto de 1946–. Ha demostrado durante el año mucho interés profesional. Asimila con facilidad todas las instrucciones, evidenciando muy buen criterio. Buen gimnasta y discreto jinete. Una grave falta cometida casi al finalizar el curso ha motivado que se lo aplazase en Morales de Carácter y Espíritu Militar”. Consecuencia: iba a tener que repetir el tercer curso.

Pero 1947 sería completamente distinto y las calificaciones iban a reflejar un cambio radical en su carácter: en las materias de estudio llegaría a promediar 7,2082 y en aptitudes militares demostraría su nueva agresividad: Morales de Carácter, 9,75; Morales de Espíritu Militar, 9,62; Morales de Conducta, 9,67; Aptitudes Intelectuales y de Instrucción, 10; Aptitudes Físicas: 9,50. Promedio: 9,7295.
Los 11 días de arresto con que lo sancionarían ese año –tres por “tener el cuello de piqué sucio, lo cual evidencia dejadez y falta de aseo personal”– no empañarían ese brillante desempeño, a punto tal que el militar peronista Ricardo Ibazeta le dedicaría una evaluación sin críticas y llena de elogios para ese último año del Colegio: “Se destaca por sus sobresalientes aptitudes de mando y por el empeño y dedicación que pone en el cumplimiento de cualquier tarea. Hábil e inteligente instructor y conductor. Activo y vivaz. De personalidad bien definida. Independiente en sus juicios y de claro criterio. Amante de la responsabilidad. Clasificación sintética: sobresaliente. Egresa como subteniente”. Aquel sábado que desesperaba en el El Palomar había cambiado su vida y no pararía en su empeño por llegar a ser el temible general Trimarco. A Ibazeta, el militar que lo evaluó con tantas alabanzas, lo esperaba otro destino: moriría fusilado en junio de 1955, formando parte del levantamiento del general Valle, a manos de la Revolución Libertadora.

El joven Juan Carlos, que por entonces medía 1,75 metros y pesaba 73 kilos, concretaría su egreso el 18 de diciembre de 1947 con una calificación de 7,4698 y un orden de mérito de 94/228. Dejaría la casa familiar de Flores y se metería de lleno en la carrera de las armas, que lo llevaría por varias ciudades del país. Sus dos primeros destinos serían inmediatos: Junín y Neuquén. En 1948, allí en el sur del país, Ernesto Narciso Valdez, superior inmediato, jefe de Escuadrón Ametralladoras, le alimentaría el ego con una evaluación anual para enmarcar: “Es un oficial de brillantes condiciones y aptitudes generales. Su amor a la responsabilidad y voluntad para el trabajo unidos a su inteligencia poco común, hacen de él un excelente instructor. Conoce y domina las prescripciones reglamentarias aplicándolas con criterio pese a su escasa experiencia como oficial. Educado y caballero. El aspecto moral de su personalidad es realmente satisfactorio. Gran camarada. Discreto pero entusiasta jinete. Clasificación sintética: excelente”. Los siguientes informes serían del mismo tono y desde 1950 en adelante siempre lo calificarían con “sobresaliente”. Más adelante sólo lo puntuarían con 100.
En 1952, tras un breve regreso a Junín, volvería a El Palomar para cursar la Escuela Superior de Guerra, donde continuaría con un desempeño destacado y egresaría con un promedio de 7,943. En 1953, portando el grado de teniente primero, contraería matrimonio y tendría a sus hijos Juan Carlos Gregorio en 1955 y Gustavo Adolfo en 1956. Sus  próximos destinos serían Buenos Aires en 1956; Mendoza en 1960; Tandil en 1962 y nuevamente Buenos Aires en 1966. En 1973, ya como coronel, lo enviarían de agregado militar a la Embajada Argentina de Venzuela, donde permanecería hasta el 1º de diciembre de 1975, fecha en que lo designarían segundo comandante y Jefe de Estado Mayor de la Segunda Brigada de Caballería Blindada con asiento en Paraná. En ese destino podría poner en práctica la personalidad que se prometió forjar aquel día de octubre de 1946, sobre todo cuando el 24 de marzo de 1976 asumiera el poder político de la provincia de Entre Ríos con un breve ejercicio como gobernador de facto –hasta el 19 de abril– y el 30 de diciembre del mismo año lo nombraran comandante, un día antes de su ascenso a general. En esta ciudad no permitiría que nadie pusiera en duda sus “morales de carácter” y mucho menos su “espíritu militar”.

viernes, 23 de marzo de 2012

Primeros relatos de las graves acusaciones a los represores

Dasso y Valentino, ingresando ayer a la sala de audiencias. (Foto: UNO-Juan Ignacio Pereira)
Las imputaciones de la Fiscalía y la querella, leídas ayer en el juicio a Harguindeguy, revelan detalles de las violaciones a los derechos humanos. Es incierta la participación de Díaz Bessone 

Alfredo Hoffman 
De la Redacción de UNO

Ayer concluyó la lectura de las requisitorias de elevación a juicio de los expedientes que confluyeron en la Causa Harguindeguy por delitos de lesa humanidad, cuyo debate oral y público se desarrolla desde el miércoles en Paraná. En esos extensos documentos, de los cuales sólo se leyeron resúmenes, están reflejadas las graves acusaciones que pesan sobre los nueve represores que son enjuiciados. Quienes asistieron a la audiencia pudieron escuchar detalles de cómo detenían a las víctimas sin ningún tipo de legalidad, cómo las torturaban y cómo en ocasiones las convertían en desaparecidos. Sin embargo, en rigor, se trató sólo de un anticipo del clima que se producirá cuando declaren los propios protagonistas de esas historias que tuvieron lugar durante la última dictadura cívico-militar.

El juicio aborda violaciones a los derechos humanos cometidas en Concepción del Uruguay, Concordia y Gualeguaychú, agrupadas en tres expedientes, uno por cada una de esas ciudades. Son enjuiciados los militares Albano Harguindeguy, exministro del Interior; Ramón Genaro Díaz Bessone, exjefe del Segundo Cuerpo de Ejército; Naldo Miguel Dasso, exjefe del Regimiento de Concordia; Juan Miguel Valentino, exjefe del Escuadrón de Gualeguaychú, y Santiago Carlos Héctor Kelly Del Moral, exjefe de sección de Exploración en la ciudad del sur entrerriano; los policías federales Francisco Crescenzo (exjefe de la Delegación Concepción del Uruguay) y Julio César Rodríguez, alias El moscardón verde (sargento de la misma delegación); y los policías provinciales Marcelo Alfredo Pérez, exjefe de la Departamental Gualeguaychú, y Juan Carlos Mondragón, autor de la chamarrita Juan del Gualeyán y exjefe de Seguridad y Operaciones de la misma Departamental.

De los nueve procesados, Harguindeguy sigue el proceso por videconferencia desde una silla de ruedas en el Consejo de la Magistratura, en Buenos Aires, donde cumple prisión domiciliaria. La situación de Díaz Bessone, en tanto, recién se resolverá el miércoles, cuando sea evaluado y se resuelva si por su estado de salud puede o no ser sometido a juicio.

El miércoles se había alcanzado a dar lectura a la requisitoria de la Fiscalía por los crímenes cometidos en Concepción del Uruguay y ayer se hizo lo mismo con el escrito de la querella. Luego se continuó con los requerimientos elevados por ambas partes acusadoras para los delitos de Concordia y con el de Fiscalía por los de Gualeguaychú, hechos por los cuales no hay abogados querellantes. Al finalizar se abrió un cuarto intermedio hasta el miércoles a las 11.

Cómo operaban 
Los documentos leídos ayer evidenciaron públicamente cómo operaban las fuerzas de la represión en la costa del Uruguay, en coordinación con el resto de la provincia y siempre bajo el mando del comandante Juan Carlos Ricardo Trimarco, hoy declarado incapaz por la Justicia. El público pudo escuchar, por ejemplo, que en Concepción algunos encargados de torturar a los detenidos eran el prófugo Darío Massaferri, el fallecido Alfonso Cevallos y los imputados Rodríguez y Crescenzo. Ellos, según la querella y la Fiscalía, no tenían reparos en picanear a adolescentes, practicarles el submarino –en sus variantes seco (asfixia con una bolsa en la cabeza) y mojado (sumergir la cabeza en una palangana con agua durante varios minutos)–, molerlos a golpes, introducirles un palo o la punta de una Itaca por el ano o hacerles simulacros de fusilamiento. Todo esto sucedía en la sede de la Policía Federal de la ciudad.

También se pudo escuchar en qué circunstancias fueron secuestrados Julio Solaga y Sixto Zalasar, en Concordia. A Julio lo detuvieron frente a su casa, en Damián P. Garat 864, cuando estaba conversando con su vecino Jorge Wilson la noche del 22 de noviembre de 1976. Lo subieron a un Renault 12 blanco sin patente y nunca volvió a saberse de él. A Sixto lo secuestraron el 26 de mayo de 1976 a las 6.45, cuando salía rumbo al trabajo. Su esposa con un embarazo a término, sus dos pequeñas hijas, sus padres y algunos vecinos no pudieron evitar que lo subieran a un Renault 4L azul. Las familias de ambas víctimas recorrieron regimientos, comisarías, cárceles, juzgados y parroquias, pero nunca pudieron confirmar su paradero. Naldo Miguel Dasso –jefe del regimiento de Concordia y del Área de Defensa 225– se hizo el desinformado y negó saber sobre el destino de los desaparecidos, aunque se permitió opinar que eran zurdos o montoneros como supuesto motivo de las detenciones.

El mismo padecimiento de no saber nada de sus seres queridos vienen enfrentando los familiares de Norma Beatriz Noni González y Oscar Alfredo Dezorzi, desaparecidos en Gualeguaychú en agosto de 1976. En el juicio también se ventilan las salvajes torturas y los secuestros de otros militantes políticos de esa ciudad, como los hermanos Jaime y Emilio Martínez Garbino.

Por esos crímenes en Gualeguaychú son juzgados Valentino, quien era la autoridad militar en el Área 223; el exmilitar Kelly del Moral como uno de los torturadores y secuestradores, los expolicías Pérez y Mondragón como secuestradores; Dasso, Díaz Bessone y Harguindeguy.

En resumen, Fiscalía y querella imputaron a Harguindeguy, Díaz Bessone y Valentino por Asociación ilícita, Desaparición forzada de persona, Privación ilegítima de la libertad, Allanamiento ilegal de domicilio y Tormentos; Dasso por Asociación ilícita, Desaparición forzada de persona y Privación ilegítima de la libertad; Mondragón por Privación ilegal de la Libertad y Allanamiento ilegal de domicilio, Kelly del Moral por Privación ilegal de la Libertad y Tormentos; Pérez por Allanamiento ilegal de domicilio, Privación ilegal de la libertad y Asociación ilícita; Rodríguez y Cresenzo por Asociación ilícita, Allanamiento ilegal de domicilio, Privación ilegítima de la libertad y Tormentos.

Sigue la incertidumbre por Díaz Bessone
En un momento de la audiencia de ayer, la presidenta del tribunal, Lilia Carnero, interrumpió la lectura de las imputaciones para mantener una comunicación telefónica con las autoridades del Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario, que tiene a Díaz Bessone como imputado en el juicio por la causa Feced cuya sentencia se conocerá el lunes. El diálogo –se presume– versó sobre las condiciones de salud del represor. Al final de la jornada, la jueza anunció que la videconferencia por la cual se evaluará la salud del exmilitar no se realizará hoy, como estaba previsto, sino el miércoles. No dijo a qué se debía tal postergación.

Horas antes del inicio del juicio en Paraná, Díaz Bessone había pedido la suspensión del proceso en su contra por sus presuntos problemas de salud. A último momento el tribunal decidió rechazar el planteo –aunque la querella dijo que no fue notificada de esa resolución– puesto que en Rosario hacía dos semanas que se había corroborado que sus condiciones eran aceptables. Sin embargo, ahora la jueza Carnero informa que hay un “hecho nuevo”, basado en un informe de la Secretaría del Tribunal rosarino según el cual el represor presenta un estado de salud “precario”. Esto motivó que se ordene la nueva pericia que por videoconferencia se hará el miércoles, a pesar de que en Rosario se lo considera apto como para dictarle sentencia el lunes. En definitiva, todavía es incierta la participación de Díaz Bessone en el juicio.

jueves, 22 de marzo de 2012

El juicio a Harguindeguy se inició con un imputado ausente

Foto: UNO/Juan Ignacio Pereira


En la primera audiencia de debate, Díaz Bessone no compareció porque lo fueron a buscar a un domicilio equivocado. Mañana evaluarán su estado de salud por videoconferencia. La militancia se movilizó al Juzgado.

Alfredo Hoffman
De la Redacción de UNO

La incertidumbre de las últimas horas sobre si Ramón Genaro Díaz Bessone será juzgado o no en la causa Harguindeguy, debido a sus alegados problemas de salud, no se disipó en la jornada inaugural del juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad cometidos en la costa del Uruguay. Recién mañana, mediante videoconferencia y con la intervención de peritos de parte, el Tribunal Oral Federal de Paraná resolverá al respecto. A esto se sumó ayer un confuso episodio basado en un error en la dirección donde el excomandante del Segundo Cuerpo de Ejército cumple arresto domiciliario,  lo que hizo que no se lo pudiera ubicar hasta el final de la audiencia.

Díaz Bessone no estaba en el departamento de Buenos Aires donde lo fue a buscar el Servicio Penitenciario Federal para trasladarlo a la sede del Consejo de la Magistratura, donde compartiría con el exminsitro del interior de la dictadura, Albano Harguindeguy, el privilegio de seguir las alternativas del debate a través de una comunicación a distancia. Por este motivo el Tribunal que preside Lilia Carnero ordenó el allanamiento de la vivienda y la detención del represor. Horas después se corroboró que, en realidad, ahora reside en Rosario, donde está finalizando el juicio por la causa Feced que también lo tiene como imputado. Desde la Justicia Federal de esa ciudad se informó que su estado de salud es “precario”, por lo cual se decidió evaluarlo mediante videconferencia este viernes a las 10. Según dijo Carnero, la confusión se originó en que el abogado Eligio Abel González, quien representó a Díaz Bessone hasta hace pocas horas, informó mal el domicilio.

De esta manera se inició el segundo juicio oral y público por delitos de lesa humanidad en la historia de Entre Ríos, que tiene la particularidad de llevar por primera vez ante un estrado al general retirado Harguideguy, y en el cual se juzgan secuestros, torturas y cuatro desapariciones: las de los concordienses Sixto Zalasar y Julio Alberto Solaga y los gualeguaychuenses Norma Beatriz González y Oscar Alfredo Dezorzi. Se trata de tres expedientes acumulados, uno por cada una de las ciudades donde se cometieron los delitos: Concepción del Uruguay, Concordia y Gualeguaychú.

Desde las tres localidades se movilizaron familiares, testigos, querellantes y militantes peronistas para acompañar esta jornada histórica. Con bombos y carteles con los rostros de los desaparecidos se instalaron frente a los tribunales federales de calle 25 de Mayo. Por una pantalla instalada en la vereda vieron sentarse en el banquillo a los militares Naldo Miguel Dasso, ex jefe del Regimiento de Concordia; Juan Miguel Valentino, ex jefe del Escuadrón de Gualeguaychú, y Santiago Carlos Hector Kelly Del Moral, ex jefe de sección de Exploración en la ciudad del sur entrerriano; a los  policías federales Francisco Crescenzo (ex jefe de la Delegación Concepción del Uruguay) y Julio César Rodríguez, alias “El Moscardón Verde” (sargento de la misma delegación); y a los policías provinciales Marcelo Alfredo Pérez, ex jefe de la Departamental Gualeguaychú, y Juan Carlos Mondragón, autor de la chamarrita Juan del Gualeyán y ex jefe de Seguirdad y Operaciones de la misma Departamental. En un recuadro de la pantalla vieron a Harguindeguy, en soledad, instalado en una cómoda silla. A su lado, el lugar de Díaz Bessone estuvo vacío.

Requerimiento fiscal
Durante la audiencia apenas se avanzó con la lectura del resumen de la requisitoria fiscal de elevación a juicio por la causa de Concepción del Uruguay, en la cual se imputa de los delitos de lesa humanidad de Asociación ilícita y Allanamientos ilegales de domicilio, Privaciones ilegales de la libertad y Torturas a Harguindeguy, Díaz Bessone y Valentino como coautores mediatos, y a Rodríguez y Cresenzo como coautores materiales.

Esta causa abarca el secuestro y las salvajes torturas que sufrieron en la Policía Federal al menos siete adolescentes de Concepción miembros de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), en lo que se recuerda como “La Noche del Mimeógrafo”, por el instrumento para imprimir volantes contra la dictadura que sirvió como excusa a los represores para aquellas detenciones del 16 de julio de 1976. Además trata de tres militantes de la Juventud Peronista, seis miembros de la Comisión Directiva del Sindicato de Luz y Fuerza y otras dos víctimas de Gualeguaychú, todos secuestrados y llevados a Delegación de la Policía Federal de Concepción que funcionaba como centro de torturas.

Hoy se continuará con la lectura de las requisitorias de elevación a juicio, mientras que para el miércoles próximo está previsto que comiencen las declaraciones testimoniales.


La Noche del Mimeógrafo

César Román fue quien en 2006 realizó la denuncia que dio origen a la causa Harguindeguy. En diálogo con UNO, antes de ingresar a la audiencia, recordó lo sucedido en julio de 1976, cuando era alumno de la Escuela Normal y militaba en la UES y en el guevarismo: “Éramos estudiantes secundarios y estuvimos presos en lo que bautizamos como la Noche del Mimeógrafo porque, justamente, los perpetradores nos preguntaban por el mimeógrafo que nosotros teníamos para hacer apuntes y los volantes en los que denunciábamos a la dictadura, a la que habíamos decidido enfrentar pacíficamente después de que nos quitaran dos conquistas: el medio boleto estudiantil y los centros de estudiantes”.

“Luego vino la Obediencia Debida, de Punto Final, vino el menemismo, y finalmente en este marco político más adecuado, aquel viejo mimeógrafo sale del fondo de la historia y se transforma en militancia nuevamente, en memoria; esperamos que se transforme en verdad y en juicio y castigo para los perpetradores, para que lo nuestro no haya sido en vano”, expresó.

Román manifestó que su esperanza, cuando realizó aquella denuncia, fue poder enjuiciar a “los torturadores del pueblo, especialmente a (Darío) Massaferri, que está prófugo, a Rodríguez, alias El Moscardón, y a Crescenzo”. Después la causa creció y ahora comprende también a los crímenes de Concordia y Gualeguaychú, y además tiene a Harguindeguy enfrentando por primera vez a un Tribunal: “Para nosotros es una gran responsabilidad, porque Harguindeguy perjudicó a muchos compañeros, a muchas familias argentinas y nosotros vamos a tomar esa responsabilidad con todas nuestras fuerzas para enjuiciarlo y para que finalmente tenga prisión perpetua”.

“Yo no quiero venganza, yo deseo justicia. No siento odio a los torturadores; pero yo perdí un testículo en la tortura y me han pasado muchísimas cosas desde el punto de vista de las torturas psicológicas. Tenía 17 años y fui severamente afectado, pero prefiero guardarme ese sentimiento para que no me deje inactivo y transformarlo en algo productivo como es la búsqueda de la memoria y recobrar cierto espíritu de aquella época, antes del golpe de Estado, que fue una época maravillosa, una suerte de primavera de los pueblos”, reflexionó.


El caso Zalasar

José Zalasar, uno de los hijos del militante concordiense desaparecido Sixto Zalasar, estuvo ayer acompañando el inicio del juicio frente al Juzgado Federal. Cuando su padre fue secuestrado, el 26 de mayo de 1976, José todavía no había nacido: llegó al mundo nueve días después, el 5 de junio. En la casa familiar de Diamante 1.062, cuando Sixto se iba a trabajar a las siete de la mañana, un grupo de tareas lo rodeó. Su reacción fue cruzar un baldió hacia la casa de unos vecinos; pero las fuerzas policiales ingresaron y encañonaron al matrimonio de ancianos que allí vivía. Entonces Sixto no lo dudó ni un minuto y se entregó. “Lo llevaron así, a los golpes, en una lucha con mi mamá embarazada de mí que salió a la puerta, los vecinos, mi abuela y mi abuelo, y ante mis dos hermanas, Sandra que tenía 8 y Carina que tenía 5”, recordó José.

Ahora él sostiene la lucha de su familia en reclamo de verdad y Justicia y el juicio que se inició ayer representa una oportunidad para reunir nuevos datos que permitan determinar cuál fue su destino final. “Por ahora la gente tiene un poco de miedo todavía, y no es para menos, los comprendo muchísimo. Esperemos que en el transcurso de este juicio muchos se animen a hablar: los que lo conocieron, los que vieron, los que estuvieron detenidos con él, puedan dar una declaración que nos pueda ayudar”, dijo en diálogo con UNO.