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| Dasso está acusado de dos desapariciones forzadas. (Foto:UNO/Juan I. Pereira) |
Alfredo Hoffman
De la Redacción de UNO
ahoffman@unoentrerios.com.ar
Dos representantes de la oligarquía rural de Concordia, Eduardo Martín Andrés Caminal y Roberto Julio Ildarraz, declararon ayer en el juicio por la causa Harguindeguy convocados por la defensa del represor Naldo Miguel Dasso, juzgado por dos desapariciones forzadas y una privación ilegítima de la libertad, delitos considerados de lesa humanidad. Ambos testigos presentaron argumentos favorables a la actuación del imputado cuando fue jefe del regimiento de la Capital del Citrus, en años de la última dictadura cívico-militar; aunque fue Ildarraz quien expresó una apoyo más explícito y hasta pidió tender “un manto de olvido” sobre lo que consideró “una guerra de dos bandos”. Por otra parte, declaró el exconcejal Heriberto Pezzarini, quien en 1976 ayudó a Estela Solaga a averiguar por el paradero de su hermano, el hoy desaparecido Julio Solaga.
Caminal e Ildarraz fueron dos de los firmantes de una carta que, en febrero de 1984, diferentes vecinos e instituciones de la ciudad enviaron a la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación, que presidía el entrerriano Ricardo Laferriere, para apoyar la aprobación del pliego para el ascenso a general de Dasso, lo que finalmente se concretó. En aquel escrito resaltaban la tarea del militar y cuestionaban las denuncias que se hacían en su contra por numerosas detenciones ilegales y por desapariciones de concordienses. La nota había sido redactada por miembros del Ejército y en ella se expresaban conceptos como: las denuncias contra Dasso eran “imputaciones temerarias sin pruebas”, colisionaban “con lo que realmente ocurrió” y tenían el objetivo de “satisfacer sentimientos de revanchas personales”; su actuación fue “por órdenes superiores” y con “serenidad y prudencia”, y tenía una “relación fluida con la comunidad”. Además: “Su actitud en la lucha contra el terrorismo no se limitó a la acción represiva, sino que se distinguió por su vocación docente y educativa de prevención”. Entre otros, al pie aparecían las firmas del obispo Adolfo Gerstner, de monseñor Daniel Zavala; de Mauricio Furman por la Unión Israelita, del exintendente de facto Jorge Aragón por la Cámara Vecinal y representantes de entidades como la Cámara Juniors, el Rotary y el Centro de Industria y Comercio.
Manto de olvido
“Yo colaboré con Dasso en la gran obra civil que hizo en Concordia, como colaboró todo el pueblo. Ayudó a todas las escuelas comenzando por las más pobres, apoyado por la mayoría de las instituciones de la ciudad”, comenzó diciendo Ildarraz, de la empresa dedicada a la administración de campos y remates de hacienda Ildarraz SA –hoy Ildarraz Hermanos SA–. Se refería al Plan de Acción Cívica que implementó el comandante del Área de Defensa 225, que consistía en la reparación de edificios educativos por parte de personal del Ejército con apoyo de las “fuerzas vivas” de la localidad.
El hombre justificó los términos de aquella carta al Senado: dijo que las denuncias de violaciones a los derechos humanos buscaban “revancha”, ya que hubo “ataques de los dos bandos”, y en referencia al plan sistemático de represión ilegal dijo que las fuerzas armadas “defendieron a los civiles indefensos” ante las acciones del “ERP y Montoneros”.
“Vengo acá para traer un pequeño granito de arena para la pacificación de la Patria (…) Después de una guerra quedan resabios. Tenemos que imitar a otros países y poner de los dos lados un manto de olvido para pacificar el país en bien de la patria”, exclamó. Más adelante, añorando aquellas épocas, recordó: “Las fiesta patrias se celebraban con un fervor que conmovía y al frente estaba Dasso. Él nos metió a todos un pedazo de patriotismo adentro”.
El testigo, quien lamentó que por presentarse a declarar se estaba “perdiendo un remate”, afirmó desconocer si hubo detenidos políticos y desaparecidos durante la dictadura, porque –aseguró– “pasaba mucho tiempo trabajando en el campo”. No obstante, luego admitió haberse cruzado con el padre del empresario Gualberto Garamendy en el regimiento, cuando iba a pedirle a Dasso por la libertad de su hijo. Ildarraz reconoció que se veía seguido con el jefe militar.
Cuando le preguntaron si tiene o tuvo actividad política, respondió que fue “afiliado al partido de Alsogaray” en referencia a la Unión del Centro Democrático (UCD). Además mencionó: “En la década del 80 colaboré con (Jorge) Busti en un spot publicitario: yo estoy apoyado en una tranquera y digo que me gustaría un gobierno federal...”.
Moderación
Eduardo Caminal era presidente de la Sociedad Rural de Concordia cuando el imputado comandaba las fuerzas armadas y de seguridad de la ciudad y lo conocía de “reuniones institucionales”. El testigo recordó que desde la institución que encabezaba participó en el Plan de Acción Cívica y defendió los conceptos de la carta a favor del ascenso a general del entonces coronel. “La nota decía que las denuncias eran por los medios y eso no podía impedir el ascenso. En todo caso la Justicia podía actuar cuando lo considerara”, manifestó.
Según Caminal, el represor tuvo “una actuación correcta en la comunidad de Concordia” y “de moderación y andar buscando soluciones”. Recordó que daba charlas en las escuelas sobre la situación del país que eran reflejadas por los medios de la época. Según dijo, por aquellos años no sabía que había detenciones ilegales y desapariciones. Sólo conocía el listado de presos por orden del Ejército que había publicado el diario El Heraldo, pero no sabía si eran legales o ilegales, dijo. “¿A usted le parece que el Ejército tiene facultades para ordenar detenciones”, le aclaró el vocal del tribunal Roberto López Arango.
Caminal relató también que tenía vinculaciones con miembros del Ejército debido a que practicaba actividad hípica y eso lo llevó a conocer también al ministro del Interior de la dictadura, el imputado Albano Harguindeguy. Puntualmente, el testigo jugaba al polo en la cancha del club Donovan, donde existe una edificación que fue señalada como un posible centro clandestino de detención y torturas. Describió a ese lugar como “un quinchito, que era una casita de ladrillo con una parrilla y un saloncito”. En esas canchas compartía partidos con otros militares como Ramón Orieta, Juan Ignacio Aleman y Osvaldo Larocca, quienes fueron mencionados por víctimas y testigos como protagonistas de la represión ilegal. Dasso, por su parte, prefería practicar saltos hípicos.
Declaró un exconcejal
Heriberto Pezzarini, docente, exconcejal y exdirector de Cultura de Concordia, confirmó ayer en el juicio el relato de la hermana del desaparecido Julio Solaga, María Estela Solaga de Moreno. Pezzarini contó que Estela era profesora en el colegio que él dirigía, el Bachillerato Humanista Moderno, y un día la vio mal y ella le contó “el drama” por el que estaba pasando. “Me contó todo como había ocurrido. Traté de tranquilizarla y le sugerí que recurriera al regimiento a buscar datos. También al Obispado y a la Policía. Yo intenté llamar al Regimiento pero no me pude comunicar”, recordó. Ese relato coincide con el expresado por Estela Solaga en su declaración testimonial. Según dijo, Pezzarini le recomendó recurrir al regimiento porque “se comentaba que el Ejército hacía detenciones en todos lados”.
