El "Tucu" Costanzo no declarará este miércoles por problemas de salud

Costanzo, testigo clave en la causa Hospital Militar. (Foto: Télam)

El Tribunal Oral deberá reprogramar la presentación del represor testigo en el juicio por la causa Hospital Militar. Los hijos de la desaparecida Raquel Negro –Sabrina Gullino y Sebastián Álvarez– brindarán sus testimonios.


Eduardo Tucu Costanzo, ex agente civil de Inteligencia, no se presentará como testigo este miércoles en el juicio por la causa Hospital Militar que se desarrolla en Paraná debido a problemas de salud que lo aquejan, se informó a UNO. Sí prestarán su testimonio los hijos de la militante desaparecida Raquel Negro: Sabrina Gullino y Sebastián Álvarez. Los días siguientes se escucharán los relatos de médicos y enfermeras del nosocomio de avenida Ejército donde se concretó el robo de bebés durante la última dictadura cívico-militar.

Costanzo se encuentra cumpliendo condena con prisión domiciliaria en Rosario e iba a ser traído por la fuerza pública este miércoles por la mañana hasta la sede de la Cámara Federal de Apelaciones de calle 25 de Mayo, donde se constituye el Tribunal Oral desde el 24 de agosto. Ahora los jueces Roberto López Arango, Lilia Carnero y Juan Carlos Vallejo deberán reprogramar este testimonio para una nueva fecha.

La palabra de Costanzo se espera con relativa expectativa, dado que fue él quien aportó datos sobre la sustracción de los hijos mellizos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela nacidos en 1978 en el Hospital Militar. Puntualmente dijo que dos de los imputados, Juan Daniel Amelong y Walter Pagano, dejaron a la beba mujer en la puerta de un orfanato de Rosario. En diciembre de 2008 se comprobó que la niña había sido abandonada en el Hogar del Huérfano y entregada en adopción al matrimonio Gullino por la Justicia de Familia.

Sabrina Gullino, aquella niña, ofrecerá su testimonio ante el Tribunal este miércoles por la mañana, en el cuarto día del primer juicio por delitos de lesa humanidad en Entre Ríos. Los asistentes a la audiencia podrán escuchar de su boca cómo fue el proceso de restitución de su identidad biológica, la cual le fue negada durante 30 años.

También se presentará Sebastián, hijo de Negro y su primera pareja, Marcelino Álvarez, quien encontró a su hermana luego de buscarla intensamente junto a sus tíos y abuelos. Ambos ahora rastrean el destino que tuvo el mellizo varón.

Además de Amelong y Pagano, también se juzga a Pascual Guerrieri, Marino González, Jorge Fariña –todos ex miembros del Destacamento de Inteligencia 212– y el ex médico del Hospital Militar Juan Antonio Zaccaría.

Los represores responsabilizan a los muertos por el robo de bebés

AMELONG PIDIÓ QUE INVESTIGUEN LA RELACIÓN ENTRE NAVONE
Y COSTANZO.  (FOTO:  UNO/JUAN IGNACIO PEREIRA)

Guerrieri y Amelong, dos de los imputados, adjudicaron ayer responsabilidad a Paul Navone, quien se suicidó en 2008, y al represor Eduardo Costanzo, que es testigo en la causa.

En el tercer día del juicio por robo de bebés durante la última dictadura, los represores Juan Daniel Amelong y Pascual Oscar Guerrieri responsabilizaron a Paul Navone de los delitos que se investigan. Navone es el hombre de Inteligencia del Ejército que se suicidó de un disparo en la cabeza en febrero de 2008, el mismo día que debía prestar declaración indagatoria en la instrucción de la causa. Ambos también buscaron involucrar y desacreditar a Eduardo Costanzo, personal civil de Inteligencia que les adjudicó responsabilidad a ellos en el robo de los hijos mellizos de Raquel Negro y que debe comparecer como testigo el miércoles.

El resto de los acusados, Marino González, Jorge Fariña y Walter Pagano, prefirieron no hacer uso de la palabra, por lo cual el Tribunal Oral Federal de Paraná –que integran Roberto López Arango, Lilia Carnero y Juan Carlos Vallejos– decidió leer sus declaraciones indagatorias realizadas en la etapa de instrucción. La audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles a las 10.

El médico Juan Antonio Zaccaría, ex jefe de Terapia Intensiva del Hospital Militar de Paraná, en su sorpresiva declaración del jueves, había dado nombres de médicos fallecidos al mencionar a los probables responsables de la internación y parto de la hoy desaparecida Raquel Negro: los ginecólogos Jorge Mario Cantaberta y Miguel Bottero Brollo. Además, había dicho que cumplía órdenes de sus superiores, de quienes dijo no recordar los apellidos. Se habría referido así a quienes en 1978, al momento de los hechos, eran director y subdirector del nosocomio, los tenientes coroneles médicos Luis Levin y Marcelo Jesús Beret, también fallecidos. Ayer, Guerrieri y Amelong siguieron la misma línea al adjudicar responsabilidad sobre los hechos al suicidado Navone.

Guerrieri, quien fuera segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121 del Segundo Cuerpo de Ejército, citó una presentación del 13 de abril de 2011 efectuada por un defensor oficial del fuero federal de Rosario, Germán Artola, relacionada con un supuesto correo electrónico en el cual Costanzo diría que Navone fue quien “ejecutó a Raquel Negro de un tiro en la cabeza” y quien “se habría quedado con el varoncito”.
“Esto lo pide el defensor del señor Costanzo, que tenía conexión con el señor Navone, para apartarlo a Costanzo de la causa”, acotó. Como no aceptó responder preguntas, no agregó ningún dato al respecto.
Dibujando en una pizarra lo que pretendía ser un esquema del Segundo Cuerpo de Ejército, también basó su estrategia defensiva en intentar demostrar que el DI 121 al que pertenecía no tenía injerencia sobre Paraná, ciudad que correspondía a la órbita del DI 122 de Santa Fe, donde se desempeñaba el militar que apareció muerto en la localidad cordobesa de Ascochinga, Córdoba, el 25 de febrero de 2008, en lo que judicialmente se consideró un suicidio.

Coordinación conjunta
Sin embargo, en las acusaciones de las querellas y la Fiscalía se remarca que el operativo que se ejecutó con Raquel Negro y sus bebés fue coordinado por ambos destacamentos, ya que el traslado de la detenida desde uno de los centros clandestinos de detención de la zona de Rosario lo efectuaron hombres del 121, que organizó conjuntamente con el 122 la custodia en el Hospital Militar. A esto hay que sumar que Guerrieri, Amelong, Pagano y Fariña ya fueron condenados por sus actuaciones en la Quinta de Funes, donde estuvo secuestrada Raquel junto a su marido Tulio Valenzuela –también desaparecido– y su hijo de 1 año y medio, Sebastián Álvarez, y en La Intermedia, donde Raquel llegó ya sin vida en el baúl de un Peugeot 504, según relató Costanzo.

En su momento, Eduardo Costanzo también acusó a Amelong y Pagano de haber sido los encargados de dejar a uno de los bebés –Sabrina Gullino, hoy con su identidad restituida y querellante en la causa– en la puerta de un orfanato rosarino.

En su declaración, además de proclamar “absolutamente” su inocencia, Amelong acusó a Navone y Costanzo de los delitos que se abordan en el juicio, e insistió con la estrategia de desacreditar las afirmaciones que se espera que reitere el segundo el miércoles, diciendo que tiene “animosidad” contra los imputados. Al igual que Guerrieri, habló de la “relación” que existiría entre ese testigo y Navone y para demostrarlo solicitó que se investigue el entrecruzamiento de llamadas entre los domicilios de ambos desde hace muchos años atrás, algo que parecería de difícil cumplimiento, entre otras medidas de prueba.

“La Argentina vivió una gran agresión terrorista y nosotros servíamos a la Nación”
En la primera parte de la audiencia, ayudado con papeles que tenía sobre el pupitre, Pascual Guerrieri hizo una reivindicación de la tarea que efectuaron las fuerzas armadas durante el terrorismo de Estado, al tiempo que se defendió diciendo que debía cumplir órdenes. En varias oportunidades les habló directamente a los abogados querellantes, hasta que López Arango le ordenó que declarara dirigiéndose al tribunal.

“Quiero hacer esta declaración con respeto hacia los que no están, tanto de la parte de ellos como de la parte de nosotros. Yo también soy un ferviente admirador del ‘nunca más’”, sostuvo.

Como se esperaba, estaba reflotando el argumento de la alegada guerra contra la subversión para referirse a los crímenes de lesa humanidad.

“Nos tocó vivir en esa época, nacimos en esa época y esas cosas pasaron en esa época. La Argentina vivió una agresión terrorista y nosotros estábamos al servicio de la Nación como soldados profesionales y tuvimos que cumplir”, añadió. “Aspiro a un juicio justo. La otra parte no está, no existe, está desaparecida. Existimos nosotros solos, cuando no fue así”, dijo.

Por otra parte, dijo que cumplía órdenes del jefe del Segundo Cuerpo, aunque desvinculándose del robo de bebés: “Hay un precepto de Inteligencia que es la necesidad de saber: como el área es técnica y es reservada no todo el mundo debe conocer lo que pasa. Dicen los reglamentos nuestros: si usted no lo tiene que saber, no se lo van a decir, porque atenta contra la misión que usted tiene que cumplir. Yo no le di ninguna orden a nadie, ni me acuerdo de este hecho, para nada, estoy seguro de esto”, enfatizó.

“Esto fue una orden directamente impartida por el señor general (Leopoldo) Galtieri. Yo como teniente coronel, ¿qué le digo al general? ¿No lo hago, me voy, me escapo? No existe esto, usted cumple órdenes, usted no puede evadir. Yo tenía que cumplir las órdenes, aunque esto no me tocó, entonces no acepto ninguna de las cosas referentes a mí. Inclusive me parece que en el legajo figura que yo estaba de licencia”, añadió luego.


Problemas en la transmisión
Durante los tres primeros días del juicio, la transmisión por circuito cerrado de televisión sufrió reiterados desperfectos técnicos que impidieron a la prensa asistir a algunos tramos importantes de las audiencias en la sala dispuesta para tal fin.

El tribunal había dispuesto este sistema como mecanismo para garantizar la publicidad y difusión del primer juicio oral y público por delitos de lesa humanidad en Entre Ríos. Es de esperar que se solucione a la brevedad.

Alfredo Hoffman
De la Redacción de UNO 

Los detalles del robo de bebés, en boca de uno de los imputados

Habló. Zaccaría reconoció la inscripción “irregular” de los bebés y la posterior
“desaparición” de los mismos. (Foto: UNO/Juan Ignacio Pereira)

El médico militar Zaccaría, que según su defensa no podía ser juzgado, sorprendió con su declaración en el juicio por la causa Hospital Militar. Dijo que vio a la desaparecida Raquel Negro.


Juan Antonio Zaccaría, el imputado que según su defensor sufría una incapacidad mental que le imposibilitaba ser juzgado, terminó aportando datos clave sobre el robo de bebés durante la última dictadura: no sólo reconoció los hechos que se investigan, sino que al relatarlos utilizó la misma terminología que las partes acusatorias al hablar de situaciones “irregulares” en el alojamiento de parturientas y recién nacidos en el Hospital Militar de Paraná y hasta afirmar que a los bebés “los hicieron desaparecer”. Esto sucedió ayer durante la parte final de la segunda audiencia del juicio oral y público por delitos de lesa humanidad que se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal de la capital entrerriana.

Zaccaría era el jefe militar del servicio de Terapia Intensiva del nosocomio de avenida Ejército. Está acusado de haber coorganizado el parto clandestino de la detenida-desaparecida Raquel Negro y la atención de los mellizos –uno de cada sexo– que dio a luz en marzo de 1978, que fueron internados en el área a su cargo. Además lo mencionan como quien ordenó al personal que los niños fueran registrados como NN y no como hijos de Negro, punto de inicio del delito de supresión de identidad que se investiga en esta causa junto con el de sustracción, retención y ocultamiento de menores.

Ayer su defensor, Humberto Franchi, pidió que se le suspendiera el proceso penal porque presentaba supuestos problemas físicos, psicológicos y un deterioro cognitivo “en niveles de demencia”. El tribunal deliberó y rechazó el planteo; consideró que el hombre estaba en condiciones de continuar en el juicio, y el propio Zaccaría ratificó esa consideración cuando aceptó hablar y terminó por confirmar detalles del entramado del robo de bebés en sintonía con la acusación de las querellas y el Ministerio Público Fiscal.

El anestesista, comprendiendo plenamente lo que sucedía a su alrededor, contestó las preguntas que en su mayoría provinieron del fiscal José Ignacio Candioti y admitió la internación de Negro custodiada por militares, el nacimiento de un niño con complicaciones de salud y una niña en buenas condiciones, la inscripción “irregular” de los bebés y la posterior “desaparición” de los mismos. Fue lo suficientemente cuidadoso como para desligarse de las responsabilidades y decir que sólo “recibía órdenes” de sus superiores, los jefes de la guarnición y del hospital, de quienes dijo no recordar sus apellidos, y mencionar a colegas suyos ya fallecidos como quienes tenían poder de decisión en el caso, como los encargados de Ginecología Jorge Mario Cantaberta y Miguel Bottero Brollo. También nombró a los médicos civiles terapistas Juan Alfredo Berduc y Juan Ferrarotti.

En cierto momento, cuando lo interrogaban por la secuestrada embarazada, utilizó el plural. Quedó flotando en el aire la posibilidad de que se estuviera refiriendo a más de una mujer en esas condiciones, lo que avalaría la teoría de que el establecimiento sanitario funcionaba como una maternidad clandestina durante la dictadura.
Zaccaría recordó claramente que en 1978 era jefe de Terapia Intensiva del hospital y el nombre de una de sus enfermeras. Sobre los bebés dijo que llegaron a su área luego del alumbramiento, según dijo creer, al día siguiente, y manifestó desconocer si habían nacido en el mismo nosocomio. Sobre el hecho de que estuvieran en terapia dijo que era algo “excepcional”, pero sostuvo que no pudo hacer nada al respecto porque “no era obstetra ni pediatra ni nada por el estilo” y que nadie le contestaba a sus preguntas por esa situación.

“Los niños estaban en una incubadora o una cuna chica, no recuerdo bien”, dijo. Y agregó: “Los hicieron desaparecer. Se los llevaron a otra parte, no recuerdo quién (…) Fui a dar la novedad a la jefatura y cuando volví no estaban más. Después me enteré que se los habían llevado a un sanatorio (…) Se los llevaron porque estaban en forma irregular depositados en el servicio. No procedieron correctamente”.

Cuando le preguntaron qué pasó con la madre, indicó que la vio en terapia, que estaba acostada y que su aspecto era bueno. Incluso dijo que conversó con ella “en forma muy parcial, superficial”, que había militares custodiándola y que no sabe qué pasó con ella.

Le consultaron si tenía contacto con militares de Rosario y respondió: “Muy poco, venían a veces a controlar, a mirar y nada más; quién estaba y si se cumplían las órdenes impartidas”. Y sobre cómo fueron registrados los bebés acotó: “No sé si estaban inscriptos en el libro de registro, supongo que había cosas que no registraban correctamente. Supongo que estaban internados en forma ilegal, no correcta, en una palabra”.

Pascual Oscar Guerrieri, Jorge Alberto Fariña, Juan Daniel Amelong, Walter Salvador Pagano, Marino González (integrantes del Destacamento de Inteligencia 121, dependiente del Segundo Cuerpo de Ejército) y Juan Antonio Zaccaría están acusados de los delitos de sustracción y sustitución de identidad de los hijos mellizos de los detenidos-desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela, nacidos en marzo de 1978 en la maternidad clandestina del Hospital Militar.

Rechazos a los planteos de los represores 
En el segundo día del juicio por la causa Hospital Militar, el Tribunal Oral Federal de Paraná –que integran Roberto López Arango, Lilia Carnero y Juan Carlos Vallejos– rechazó los planteos de las defensas, que pretendían suspender el debate por recursos pendientes de resolución y por supuesta incompetencia del organismo judicial. Además, resolvió que el imputado Juan Antonio Zaccaría continúe siendo juzgado, a pesar de que su abogado pidió la suspensión del proceso penal en su contra por problemas de salud físicos y psíquicos.

Al inicio de la audiencia, un detalle hacía prever la estrategia de Humberto Franchi, el defensor de Zaccaría: el acusado ingresó a la sala en silla de ruedas, acompañado de su esposa, a pesar de que el miércoles lo había hecho por sus propios medios y había permanecido sin problemas aparentes en su silla durante las casi ocho horas que duró esa primera jornada. Franchi insistió con su planteo de los últimos meses de que el anestesista posee una incapacidad que lo convierte en inimputable. Sin embargo, después de analizar los argumentos de las partes, el tribunal decidió que Zaccaría está en condiciones de ser juzgado y de estar presente en el debate.

“El tribunal entiende que, por el cocimiento ‘de visu’ durante el desarrollo de la audiencia ayer (por el miércoles) y hoy (por el jueves), se encuentra apto, en condiciones para estar presente y ejercer su defensa material en las presentes audiencias”, sostuvo López Arango, sin perjuicio de las medidas que se puedan adoptar oportunamente.

De la misma manera se rechazaron los planteos de incompetencia territorial, de nulidad de la audiencia de debate por pruebas y recursos pendientes y de nulidad de la resolución de Cámara Federal de Apelaciones que declaró desiertos los recursos de apelación de González y Fariña a los autos de procesamiento.
También se rechazó el planteo de Amelong –ejerciendo su autodefensa– por “incompetencia material”. El represor pretendía que lo juzgara un tribunal militar. Sin embargo, no se tuvo en cuenta el pedido de la querella para que se oficie al Colegio de Abogados de Rosario a fin de que confirme si se le anuló la matrícula. Se argumentó que no necesita ser profesional del Derecho para ejercer su autodefensa.

Los represores cosecharon dos reveses al inicio del juicio por robo de bebés

Los represores, al banquillo. (Foto: UNO/Juan Ignacio Pereira)

Empezó el primer juicio oral por delitos de lesa humanidad. Las defensas reclamaron la unificación de las querellas y dejar la cárcel de Paraná. El tribunal rechazó los dos planteos.

Con dos planteos rechazados a los represores, se inició ayer el juicio por robo de bebés en el Hospital Militar de Paraná durante la última dictadura, el primero oral y público por delitos de lesa humanidad en Entre Ríos. Organismos de Derechos Humanos, militantes políticos y sindicales se movilizaron para acompañar a las víctimas y familiares en las inmediaciones de la sala de la Cámara Federal de Apelaciones, donde se constituyó el Tribunal Oral Federal.

En esa primera audiencia, las defensas de los represores Pascual Oscar Guerrieri, Juan Daniel Amelong, Walter Salvador Dionisio Pagano, Jorge Alberto Fariña y Marino Héctor González, quienes integraban el Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario; y del jefe de Terapia Intensiva del hospital, Juan Antonio Zaccaría; pidieron la unificación de las querellas, lo cual fue rechazado por los jueces.

Además, uno de los defensores pidió que los cuatro represores que se encuentran detenidos en la cárcel de Paraná sean alojados en otras dependencias, disconformes con la condiciones de la reclusión. Pero los magistrados Roberto López Arango, Lilia Carnero y Juan Carlos Vallejos anticiparon su oposición también a este planteo.

Los seis imputados están acusados de los delitos de Sustracción, retención y ocultamiento de menores de 10 años y la Alteración y supresión del estado civil de menores de 10 años, por el robo de los hijos mellizos de los desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela. Uno de esos mellizos, Sabrina Gullino, recuperó su identidad en diciembre de 2008, pero aún se busca su hermano varón.

La Fiscalía y los querellantes –la agrupación Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (Hijos), Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Abuelas de Plaza de Mayo, Sabrina y su hermano mayor, Sebastián Álvarez– rechazaron el planteo de unificación de las querellas argumentando que era un pedido fuera de término y que existen multiplicidad de intereses que las diferencian entre sí.

Tras un breve cuarto intermedio el tribunal resolvió denegar el pedido por considerar que “los defensores no han planteado cuál es el perjuicio concreto”. En tanto se agregó que “el planteo se debió realizar oportunamente, ya que resulta extemporáneo”. De todas maneras, por una cuestión de orden y de “igualdad de armas”, se resolvió que actúen sólo dos representantes por cada parte querellante.

Ante este revés, la defensa dejó planteada la reserva de recurrir en casación, del caso federal, y de recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En otro tramo de la audiencia, el defensor oficial Mario Franchi transmitió la queja de cuatro de sus representados, Pagano, Amelong, González y Fariña, quienes aseguran que no poseen ideales condiciones de detención en la Unidad Penal Nº 1. Los otros dos imputados poseen prisión domiciliaria.

Franchi dijo que “no poseen calefacción” y que son hombres de avanzada edad. Ante esto pidió que sean alojados en dependencias de fuerzas federales o bien que se mejoren las condiciones de detención. El tribunal rechazó en principio el primer pedido, ya que va contra las disposiciones legales vigentes, y se comprometió a verificar cómo se encuentran en la cárcel, a fin de solucionar las deficiencias, si las hubiera.

Lecturas
La mayor parte de la primera jornada estuvo ocupada por la lectura de las requisitorias de elevación a juicio, tanto de la Fiscalía como de las querellas. Todas tienen puntos de coincidencia en la descripción de los hechos, desde la internación de la hoy desaparecida Raquel Negro en el Hospital Militar de Paraná, el parto, el alojamiento de los bebés mellizos en terapia intensiva, su traslado al Instituto Privado de Pediatría, hasta el posterior abandono de la niña en la puerta del Hogar del Huérfano de Rosario, desde donde fue otorgada en adopción a la familia Gullino. Se destacó también que no existen datos del paradero del otro mellizo.

Asimismo en los escritos se remarcó la intervención de cada imputado en los delitos investigados, dejando en claro que el traslado y el parto clandestino de Negro fue planeado por la “patota” que integraban los imputados, como así también la sustracción de los bebés y la sustitución de sus identidades.

En este marco, adjudicaron a Zaccaría, “haber prestado colaboración y participación directa en los hechos”, ya que ordenó anotar a los bebés como NN y no como hijos de la detenida Raquel Negro.

Las únicas diferencias estuvieron en la determinación de las autorías, ya que para la Secretaría de Derechos Humanos y Abuelas de Plaza de Mayo Pagano, Amelong y Zaccaría fueron autores directos de los crímenes, y el resto fue coautor mediato; mientras que para el resto de las querellas y para la Fiscalía todos fueron coautores mediatos.

Descompuesto 
En medio de la audiencia el imputado Jorge Alberto Fariña se retiró de la sala por una indisposición. Fue atendido por un servicio médico y retornó a la sala una hora y media después. Por su parte, el médico Zaccaría, quien había argumentado problemas de salud para no comparecer ante el tribunal, se mostró en óptimas condiciones, y ubicado en espacio y tiempo.

Para hoy
Se espera que las defensas hoy efectúen planteos preliminares sobre cuestiones que deben ser resueltas antes del inicio del debate. No se descarta, que el representante de Zaccaría, Humberto Franchi, renueve su pedido de suspensión del proceso penal por problemas de salud. También pueden hacer planteos las querellas.

En lo sucesivo, hoy o mañana, se abrirá la instancia de declaración de los imputados, o bien la lectura de las indagatorias en caso de que resuelvan abstenerse. El miércoles comenzarán los testimonios con Sabrina, Sebastián y el represor Eduardo Costanzo.

Alfredo Hoffman
De la Redacción de UNO

"El juicio es una bisagra para encontrar a mi hermano mellizo"

SABRINA EXPRESÓ SU DESEO DE QUE “LOS RESPONSABLES, MILITARES Y
CIVILES, TENGAN LA PENA QUE SE MERECEN”. (FOTO: UNO/MATEO OVIDEO)

Este miércoles se inicia el juicio por robo de bebés en el Hospital Militar de Paraná durante la última dictadura. Sabrina Gullino, una de las víctimas, espera que quienes saben qué pasó con su hermano, se resuelvan a hablar.


Sabrina Gullino, la hija de los detenidos-desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela, cuya identidad le fue restituida en diciembre de 2008, espera que el juicio que comienza este miércoles en Paraná sirva para despertar la conciencia de aquellos que conocen datos sobre el destino de su hermano mellizo, pero que han preferido callar durante más de 30 años.

Sabrina nació en marzo de 1978 en el Hospital Militar de Paraná, donde se encontraba internada su madre –traída desde el centro clandestino de detención La Intermedia, de las afueras de Rosario– a la espera del parto. Luego del alumbramiento, ella y su hermano mellizo varón pasaron a la sala de Terapia Intensiva y luego fueron derivados al Instituto Privado de Pediatría (IPP). Desde allí fueron retirados ambos el mismo día, según consta en los registros de la clínica. A ella los represores la dejaron en la puerta del Hogar del Huérfano de Rosario y días después fue adoptada legalmente, mientras que el otro bebé –con presuntos problemas respiratorios– continúa desaparecido desde entonces.

El Tribunal Oral en lo Correccional Federal de Paraná juzgará desde este miércoles a las 10 a Pascual Oscar Guerrieri, Juan Daniel Amelong, Walter Salvador Dionisio Pagano, Jorge Alberto Fariña, Marino Hector González y Juan Antonio Zaccaría. Los cinco primeros integraban el Destacamento de Inteligencia 121, que organizó el operativo para el nacimiento y el robo de los bebés. Zaccaría era el jefe de Terapia Intensiva y se lo acusa de haber co-organizando el parto, conociendo la procedencia y la situación de Raquel Negro, y haber dispuesto medios materiales y humanos para garantizar el éxito del operativo.

En el requerimiento de elevación a juicio efectuado por los abogados de las querellas de Sabrina, su hermano mayor Sebastián Álvarez y la organización Hijos, se imputa a los represores “haber participado, todos ellos, en calidad de coautores mediatos de los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de menores de 10 años (Art. 146 C.P.según ley 24.410) y la consecuente supresión y alteración del estado civil (Art. 139, inc. 2 según ley 11.179) de ambos neonatos”. Estos delitos se cometieron en el marco del plan sistemático de represión clandestina e ilegal y ya fueron considerados de lesa humanidad durante la etapa de instrucción de la causa.

La bisagra
Además de la expectativa por el inminente inicio del juicio en la causa por su apropiación, Gullino remarcó su esperanza en que esta instancia resulte beneficiosa para la búsqueda de su hermano. “Este juicio es una bisagra para reforzar la investigación de 'Sumario', que es el expediente donde se investiga lo que pasó con el melli, para que los paranaenses que tengan algún conocimiento y sean protagonistas de la historia, se atrevan a contar lo que saben, que la justicia y la historia misma se lo van a reconocer”, afirmó en diálogo con UNO.

“Nosotros estamos apostando a encontrarlo y rastrear cualquier dato que nos ayude a dar con su paradero”, acotó, y apuntó específicamente a que aquellos que tuvieron contacto con la internación y el parto de su mamá, hagan memoria. Hizo referencia a los médicos y trabajadores de la salud del Hospital Militar, del Instituto Privado de Pediatría y del hospital San Roque, que se desempeñaban en esos sitios hace 30 años.

Acerca de quienes eran autoridades de esos nosocomios, sostuvo: “Si bien no son responsables directos, sí lo son de haber permitido que por sus instituciones pasaran dos mellizos nacidos en cautiverio, sin padre o tutor. Y lo que conozcan lo tienen que aportar a la Justicia, sobre todo los cuatro médicos dueños del IPP”.

Esos cuatro profesionales son Ángel Schroeder, David Vainstub, Jorge Eduardo Rossi y Miguel Torrealday. “No creemos que en aquel momento hayan desconocido que permitieron el ingreso de dos bebés mellizos sin padres. No creo que Torrealday ni los otros médicos hayan desconocido de dónde proveían esos chicos. Es la oportunidad que tienen de aportar a la reconstrucción no sólo de nuestra familia sino de la historia a nivel nacional”, subrayó.

Últimamente hubo algunos nuevos testigos que aportaron información para la búsqueda del mellizo, sobre todo a partir del allanamiento que se realizó a fines de junio en el San Roque. En esa oportunidad la Justicia Federal secuestró libros de internación de bebés, entre los que se encuentran los correspondientes a 1978. Existe una línea de investigación según la cual el bebé desaparecido habría pasado por la sala de Neonatología del hospital de niños.

Finalmente, Sabrina expresó su deseo de que “se haga justicia, que los responsables, militares y civiles, tengan la pena que se merecen” y reivindicó “la labor de los organismos de derechos humanos; de las Abuelas, de las Madres, que sostuvieron las banderas durante todo este tiempo” y de sus “hermanos” de los organismos de Paraná.

ATE pedirá la expulsión de afiliados que colaboraron con la dictadura

Se trata de cuatro afilados que figuran en el listado oficial de agentes civiles que brindaban información y participaban en los grupos de tareas durante el período comprendido entre 1976 y 1983.


La comisión directiva de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) solicitará la expulsión de cuatro afiliados que colaboraron con los represores durante la última dictadura militar.

El dato surgió a partir de la publicación por parte del Gobierno nacional de los listados de exagentes de inteligencia.

“No teníamos el procesamiento de esa información que es muchísima, y con el trabajo del compañero (Pablo Churruarín) que digitalizó todo e hizo un entrecruzamiento de bases de datos, comenzó a saltar la evidencia. Lo primero que se destacó es la existencia de agentes civiles de inteligencia dentro de la filas de ATE Entre Ríos y CTA”, explicó el secretario adjunto electo de ATE, Manuel Ramat, durante una conferencia de prensa.

A partir de eso, la comisión directiva del sindicato denunció el hecho y decidió pedir en el marco del próximo congreso extraordinario la expulsión de Julián Andrés, Raúl Sciascia, Luisa Begnis y Carlos Carlevaro, cuatro afiliados que colaboraron con el régimen durante la última dictadura.

“Los mismos militares le reconocieron un papel fundamental a la inteligencia civil organizada, que facilitaron el secuestro, la tortura, la desaparición y muerte de miles de personas. Por eso es incompatible éticamente que permanezcan en nuestras filas, mientras defendemos los derechos de los trabajadores y recordamos a nuestros compañeros caídos”, expuso el dirigente gremial, y añadió que “sólo cumplimos con el papel que nos corresponde como organización civil, y exhortamos a cada institución que investigue y cumpla con su papel, porque esta política de infiltración fue generalizada para destruir todo intento de organización social”.

El listado corresponde a personas que colaboraron entre el 76 al 83, y los cuatro sindicados como agentes civiles se afiliaron a ATE varios años después. Aún se desconoce qué papel jugaron para los represores, ya que es sabido que varios civiles participaban activamente en grupos de tareas, mientras que otros sólo brindaban información.

“Vamos a hacer una petición en el ámbito judicial para que se entrecrucen datos de cada organismo con este listado suministrado por el gobierno de la Nación. Uno de los casos más paradigmáticos que se descubrió fue el de Mónica Torres, que fue secretaria de Derechos Humanos durante el gobierno de Jorge Pedro Busti, y que resultó ser una infiltrada del servicio de inteligencia entre el 76 y el 83. Ahora queremos que con este ejemplo se investiguen otras reparticiones, pero que lo haga de oficio la Justicia. Para que cada institución sepa quién es quien dentro de sus padrones, porque gracias a la eficacia de estos tipos, hoy tenemos a 30.000 compañeros desaparecidos”, manifestó María Luz Piérola, integrante del Registro Único de la Verdad, una de las organizaciones pertenecientes a la Mesa por el Juicio y Castigo.

Por su parte, Pablo Churruarín, de Hijos Paraná, señaló que es importante erradicar a esas personas que hoy “siguen infiltradas, que vienen desde mediados de los 80 y principios de los 90. Continúan actuando, no sabemos a quién reportan, si bien en teoría el aparato represivo está desmantelado, esta gente sigue afiliándose”.

Convocan a la comunidad a participar del juicio oral por robo de bebés

SEBASTIÁN Y SABRINA SOSTIENEN UNA BANDERA CON LOS ROSTROS 
DE SUS PADRES DESAPARECIDOS. (FOTO: UNO/MATEO OVIEDO)

El primer juicio oral y público por delitos de lesa humanidad en Entre Ríos arranca el miércoles a las 10. Cualquier ciudadano mayor de edad puede asistir. Habrá actos y espectáculos en calle 25 de Mayo. Buscan datos sobre los bebés robados en el Hospital Militar de Paraná.

El miércoles a las 10 de la mañana se iniciará el juicio oral y público por la causa Hospital Militar, el primero por delitos de lesa humanidad que se realizará en Entre Ríos. Organizaciones de Derechos Humanos convocaron a la comunidad a asistir a las audiencias, durante las cuales se someterán al Tribunal Oral Federal de Paraná seis represores acusados de robo de bebés durante la última dictadura.
Para esa jornada de apertura, así como para las siguientes, la Mesa por el Juicio y Castigo de Paraná prepara una serie de actividades que incluyen la presentación de espectáculos artísticos en calle 25 de Mayo, frente a la sede de la Cámara Federal de Apelaciones, en cuya sala se desarrollará el debate.

“Hace más de 30 años esperábamos esto. La posibilidad de justicia. La posibilidad de decirles en la cara que son asesinos, y que se merecen la cárcel, para siempre”, reflexionaron este viernes los integrantes de la agrupación Hijos Regional Paraná. “Juzgarlos. Eso esperábamos. Sentarlos en el banquillo de los acusados a los asesinos, genocidas y apropiadores de bebés. Que al fin, después de tanto tiempo, la fuerza de la ley caiga sobre los que nos hicieron tanto mal. A todos. A vos, a ustedes, a nosotros. A todos”.

Como quedó demostrado en la instrucción de la causa, en el Hospital Militar de la capital entrerriana funcionó una maternidad clandestina durante la dictadura. Allí nacieron los hijos mellizos de los desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela, que fueron separados por la fuerza del seno materno.

“Desde que se inició esta causa en 2005, gracias a la iniciativa, la militancia y el compromiso con los derechos humanos del querido compañero que ya no está con nosotros, Guillermo 'Mencho' Germano, no hemos parado de cosechar excelentes frutos. El mejor de ellos, sin dudas, es haber encontrado a nuestra hermana Sabrina Gullino Valenzuela Negro, en diciembre de 2008. La alegría más grande. Y desde que está con nosotros no hemos parado de llenarla de abrazos. Todos los que no pudimos darle antes. Pero todavía nos falta su hermano mellizo”, sostuvieron desde la organización a través de un comunicado.

“En el Hospital Militar de Paraná nacieron ambos en 1978. A Sabrina la encontramos. Y aún buscamos sin descanso al mellizo varón. Este juicio también es la posibilidad de encontrarlo. Y llenarlo de los abrazos que nos debemos, cuando esté de vuelta con nosotros”, añadieron.

“Treinta y cinco años después del Terrorismo de Estado, seguimos desentramando las historias siniestras de las que fueron capaces los asesinos; 35 años después vamos a juzgarlos por esos horrores en nuestra ciudad. Es la hora de la Justicia. Los genocidas que irán al banquillo en este juicio histórico por delitos de lesa humanidad son seis: Pascual Oscar Guerrieri, Jorge Alberto Fariña, Juan Daniel Amelong, Marino Héctor González, Walter Salvador Pagano, Juan Antonio Zaccaría. Todos están acusados de la sustracción de menores y la sustitución de su identidad”, continuaron.

Además, convocaron a todos aquellos que conozcan datos que puedan indicar dónde está el mellizo de Sabrina y qué fue de él, a que los aporten a los organismos de derechos humanos. Apuntan a quienes trabajaron en el Hospital Militar entre 1977 y 1978 o conocen a alguien que lo hizo. Pueden comunicarse escribiendo a hijos.identidad@yahoo.com.ar. “Las denuncias pueden ser anónimas, sólo necesitamos de tu colaboración para seguir construyendo justicia. Porque los chicos apropiados nos faltan a todos”, agregaron.

Finalmente recalcaron que el juicio es oral y público, por lo que cualquier ciudadano o ciudadana mayor de 18 años puede participar de las audiencias. Los interesados deben enviar su nombre completo y número de DNI al correo de Hijos: hijos_parana@yahoo.com.ar. “Convocamos a todos a ser parte de este juicio histórico. Estamos convencidos de que a los genocidas los juzga un tribunal, pero los condenamos todos”, acotaron.

La Corte Suprema rechazó dejar en libertad a un represor entrerriano

LA CORTE LE IMPIDIÓ LA LIBERTAD A ZAPATA, ACUSADO 
DE SECUESTROS Y TORTURAS. (FOTO: TÉLAM)

Se trata del ex policía Carlos Zapata, acusado de secuestros y torturas durante la dictadura en la megacausa Área Paraná. El tribunal decidió por mayoría dejar firme la resolución de la Cámara que el rechazó la excarcelación.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó por improcedente el recurso de excarcelación presentado por la defensa del represor Carlos Horacio Zapata, quien es enjuiciado en la causa Área Paraná, acusado de haber cometido delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. De esta manera, quedó firme el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná.

En su sentencia del martes –a la que accedió UNO–, por mayoría, la Corte entendió que el recurso extraordinario motorizado por la defensora oficial Mónica Mariela Nardi de Brouchy era “inadmisible”, y por ello lo declaró improcedente. Así votaron Elena Highton de Nolasco, Enrique Santiago Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay.

Por su parte, Eugenio Raúl Zaffaroni votó en disidencia, en consonancia con el dictamen del procurador general de la Nación, Esteban Righi, quien se pronunció en contra del fallo de la Cámara de Paraná por razones de forma y no de fondo. Zaffaroni propuso que se hiciera lugar al recurso y se devolvieran los autos al tribunal de origen para que se dictara una nueva resolución.

La Corte procedió de la misma manera que ya lo había hecho con otros represores procesados en la misma causa que pretendían la excarcelación, como los casos recientes del médico Hugo Mario Moyano y el abogado y militar Jorge Humberto Appiani.

Zapata, oriundo de Diamante, deberá seguir detenido en la Unidad Penal Nº 1 de la capital entrerriana. Durante los años del terrorismo de Estado se desempeñaba como oficial de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos. En la acusación que efectuó la Fiscalía a mediados de julio, se lo consideró coautor de Privaciones ilegales de la libertad y Severidades, vejaciones y apremios ilegales y Tormentos en perjuicio de 13 víctimas.

La megacuasa Área Paraná –en manos del juez federal Fermín Ceroleni– se tramita por escrito por aplicación del antiguo Código de Procedimiento en Materia Penal y se encuentra en etapa de plenario. Los juzgados son 10 represores: Zapata, Moyano, Appiani, Ramón Genaro Díaz Bessone, Alberto Rivas, Oscar Ramón Obaid, Cosme Demonte, José Anselmo Appelhans, Rosa Susana Bidinost y Luis Francisco Armocida.

Nuevas causas de lesa humanidad también tramitan por escrito



Fuente: Gentileza Cristian Portela



Por resolución de la Cámara Federal, las investigaciones por la actuación del médico Capellino durante la dictadura y el CCD de la ex comisaría de El Brete no tendrán juicio oral, al igual que la causa Área Paraná.

La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná resolvió esta semana que dos causas por delitos de lesa humanidad tramiten por el viejo Código de Procedimientos en Materia Penal, que no prevé juicio oral y público, por tratarse de desprendimientos de la megacausa Área Paraná, que se desarrolla según el mismo Código.

Se trata de un expediente en el cual se investigan los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la vieja comisaría de El Brete y de otro que se abrió para determinar la posible responsabilidad del médico militar Jorge Horacio Capellino en violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.

En ambas causas, que se abrieron cuando Área Paraná ingresó en etapa de juicio, el juez federal Gustavo Zonis había dispuesto en un principio la aplicación del Código Procesal vigente en la actualidad. Dicha decisión fue apelada por los fiscales y el jueves se realizó una audiencia ante la Cámara, integrada por Daniel Alonso, Cintia Gómez y Gustavo Ibañez, que terminó revocando esa resolución, se informó a UNO.

Durante la audiencia, el fiscal general Ricardo Álvarez sostuvo que no se trata de nuevos hechos sino que son los mismos delitos investigados en la causa madre, pero que fueron separados en oportunidad de cerrarse la instrucción. Y por esta razón debía mantenerse la apliación del mismo Código.

El abogado querellante Álvaro Piérola, por su parte, mantuvo la posición original de las víctimas del terrorismo de Estado y familiares, que se viene reclamando desde 2003, es decir la aplicación del procedimiento oral vigente en el presente. Para esto se basó en la necesidad de que estos juicios tengan difusión, porque “hacen a la posibilidad cierta y concreta de construir una comunidad distinta, donde los delitos de lesa humanidad queden en la historia para ser recordados sobre lo que no hay que volver a repetir”.

A pesar de esto, la querella entendió que el debate procedimental es un camino ya recorrido, donde oportunamente se llegó hasta la Cámara Nacional de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y en esas instancias se favoreció la posición de los abogados de los represores. Por razones de “utilidad” se adhirió al planteo del fiscal Álvarez.

Pascual Guerrieri deberá ir a la cárcel o pagarse un alquiler en Paraná

El Tribunal le rechazó al represor su pedido de alojarse en el Hospital Militar por el tiempo que dure el juicio por robo de bebés durante la dictadura, que empieza el miércoles 24.

El Tribunal Oral Federal de Paraná desestimó el pedido de Pascual Oscar Guerrieri de hospedarse en el Hospital Militar de Paraná mientras se sustancie el juicio en su contra y en contra de otros cinco represores, por los delitos de sustracción de bebés y sustitución de identidades durante la última dictadura.

El Tribunal, además, fue claro en afirmar que Guerrieri debe alojarse en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná, junto al resto de los enjuiciados, o en su defecto costarse de su propio bolsillo el alquiler de una vivienda en esta ciudad, se informó a UNO.

Quien fuera segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121 durante la época de los hechos, goza desde hace años del beneficio de la prisión domiciliaria, que no le fue revocado al ser condenado por un Tribunal Federal de Rosario por delitos de lesa humanidad cometidos en esa jurisdicción. Por ese motivo, el represor solicitó mantener ese privilegio y eludir la posibilidad de ir a la cárcel mientras se desarrolle el juicio por la causa conocida como Hospital Militar, desde el 24 de agosto próximo.

Como argumentos, la defensa mencionó ciertos problemas de salud que no resultaron convincentes y, además, una supuesta incapacidad económica para alquilarse al menos un monoambiente en la capital entrerriana. Sin embargo, en contradicción con esa afirmación, el ex militar reside actualmente en la localidad de Martínez, partido de San Isidro, una de las zonas más caras y exclusivas de la zona norte del Gran Buenos Aires.

El Tribunal –compuesto por Roberto López Arango y Lilia Carnero– no tuvo contemplaciones y le dio dos opciones: hacerse de los pesos necesarios para rentar un sitio donde pernoctar, o ir a un calabozo de la UP 1. Para esto tuvo en cuenta los argumentos que sostuvo la Fiscalía al oponerse al beneficio buscado y a los que luego planteó la querella al afirmar la misma posición.

Además de la imposibilidad de que un procesado o condenado por delitos de lesa humanidad sea alojado en dependencias militares –por resolución del Ministerio de Defensa– que mencionaron los fiscales, entre otros argumentos, los querellantes subrayaron “la paradoja de que Guerrieri hubiera estado hospedado en el mismo sitio donde se cometieron los delitos por los cuales se realizará el juicio”, señaló el abogado Álvaro Piérola.

El 24 de agosto se inicia el juicio oral y público por el robo de los hijos mellizos de los desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela, que nacieron en el nosocomio castrense paranaense entre febrero y marzo de 1978. Además de Guerrieri serán juzgados Juan Daniel Amelong, Walter Pagano, Marino González, Jorge Fariña y el médico militar Juan Antonio Zaccaría.

Guerrieri quiere hospedarse en el Hospital Militar durante el juicio

El represor pretende alojarse en el mismo lugar donde se cometió el robo de los bebés por el cual será juzgado desde el 24 de agosto. Los fiscales se opusieron al pedido.

El ex segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121, Pascual Oscar Guerrieri, uno de los seis imputados en la causa por robo de bebés durante la última dictadura en Paraná, pidió que durante el desarrollo del juicio oral y público sea alojado en el Hospital Militar, el mismo establecimiento donde se produjeron los delitos investigados. Por lo pronto, los fiscales ya se opusieron a esa posibilidad.

Guerrieri cuenta actualmente con prisión domiciliaria, de la cual goza en su domicilio de la zona norte del Gran Buenos Aires. Pero el Tribunal Oral en lo Correccional Federal de Paraná le ordenó que fije domicilio en la capital entrerriana para permanecer desde el 24 de agosto y por el lapso de tiempo que dure el juicio que se iniciará ese día.

Para Marina Herbel –fiscal ante el Tribunal– y José Ignacio Candioti –de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos– el lugar donde debe alojarse el represor es la Unidad Penal Nº 1 de Paraná. Por eso se opusieron al pedido. Hasta el momento no hubo una resolución, se informó a UNO.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal se basaron en su pronunciamiento en una resolución del Ministerio de Defensa que prohíbe a las Fuerzas Armadas el alojamiento en unidades militares de personas procesadas o condenadas penalmente.

Además, tuvieron en cuenta que la defensa de Guerrieri no acreditó cuáles son los fundamentos médicos para solicitar que un procesado sea alojado en un establecimiento sanitario.

Con su planteo, el ex subjefe de Inteligencia pretende estar alojado en el mismo lugar donde se cometieron los delitos investigados en la causa que se conoce como “Hospital Militar”, es decir, donde se concretó el robo de los hijos mellizos –uno de cada sexo– de los desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela. A la beba mujer, cuando ya tenía 30 años, se le restituyó la identidad a fines de 2008 en el marco de esta investigación.

Guerrieri irá a juicio desde el 24 de agosto junto con otros cinco represores: Walter Pagano, Daniel Amelong, Marino González, Jorge Fariña y el médico militar Juan Antonio Zaccaría.

Zaccaría también cumple prisión preventiva domiciliaria en su vivienda de calle Tucumán de Paraná (frente a la escuela Rivadavia). En su oportunidad el Tribunal resolvió que las dolencias que lo aquejan no le impiden afrontar el juicio. Según anticipó en declaraciones televisivas su abogado defensor, Humberto Franchi, insistirá con el pedido de suspensión del juicio.

Otro represor sigue preso

Paralelamente, en el marco de la causa Harguindeguy, que también se encuentra elevada a juicio pero todavía sin fecha de inicio, el tribunal le rechazó el pedido de excarcelación al represor Francisco Crescenzo, quien durante la dictadura fue subcomisario de la Delegación Concepción Uruguay de la Policía Federal.

El planteo de la defensa se basó en que ya se cumplieron los dos años de prisión preventiva que fija la ley, pero el Tribunal Oral se la rechazó y decidió prorrogarle las actuales condiciones de su detención.

Imputado en la causa Hospital Militar ya no tiene matrícula de abogado

Juan Daniel Amelong, ya condenado en Rosario por delitos de lesa humanidad, fue excluido por el Colegio de Abogados de esa ciudad. Desde el 24 de agosto lo juzgarán en Paraná.

En un fallo dividido, por siete votos contra seis, el Colegio de Abogados de Rosario resolvió este jueves cancelar la matrícula profesional al represor Juan Daniel Amelong, condenado el año pasado por la Justicia federal rosarina a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar y procesado por la Justicia federal de Paraná por robo de bebés en la causa Hospital Militar.

Amelong fue integrante del Destacamento de Inteligencia 121 del Segundo Cuerpo del Ejército y luego estudió Derecho y se recibió de abogado. Como tal, en algunas instancias judiciales ha ejercido su propia defensa. Desde el 24 de agosto próximo, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná lo juzgará junto a otros cinco represores por el robo y sustitución de identidad de los hijos mellizos de los desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela. Uno de esos bebés, Sabrina Gullino, recuperó su identidad a fines de 2008.

El Directorio de ese foro integrado por 14 miembros (con uno ausente) resolvió la cancelación de la matrícula de abogado al represor. La polémica, que se expresó en el fallo dividido, se centró en que la condena del Tribunal Oral Federal Nº1 de Rosario aún no está firme.

La disparidad de opiniones dentro del organismo se debió a distintas interpretaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que en su artículo 295 alude a la necesidad de "sentencia firme", requisito que no se cumple en el caso de Amelong, ya que la misma fue apelada ante la Cámara Nacional de Casación.

“Hay que destacar la madurez y la calidad institucional con que se abordó en la reunión un tema tan difícil como éste y el hecho de que la mayoría de los integrantes del directorio evaluaron los antecedentes objetivos de Amelong como negativos para el ejercicio de la profesión”, señaló a Rosario3.com, el presidente del Colegio de Abogados de Rosario, Ignacio Del Vecchio.

El artículo 295 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que no pueden formar parte del Colegio de Abogados todos aquellos condenados por delitos dolosos "con pena efectiva de prisión".

“Mientras la mayoría de los directores contempló la ley en su conjunto e invocó la función esencial del Colegio de Abogados de velar por el decoro del foro, garantizando que quieres ejercen la profesión reúnen los valores éticos necesarios, hubo otros integrantes que se centraron en la letra del artículo 295 y la necesidad de contar con una sentencia firme, para decidir la cancelación de la matrícula”, explicó Del Vecchio y resaltó que “esto es positivo y puede darse porque el organismo está compuesto por siete movimientos con distintas posiciones”.

A favor de retirarle la matrícula al ex militar –que podrá apelar la decisión del Colegio ante la Cámara de Apelaciones Penal– se manifestaron Eduardo Martínez Pintado, Alejo Molina, Pedro Casabián, Vildor Garabelli, Alberto Pessón, Pablo Saccone y el presidente, Ignacio Del Vecchio. El voto del titular del Colegio fue clave para desempatar.

En tanto, Mario Tettamanzi, Jorge Colombo Berra, Daniel Pellegrino, María Cristina Ferrada, María Laura Albornoz y Matilde Bouchardt, consideraron que el artículo 295 no habilita al Colegio a la cancelación de la matrícula al ex militar.

El resultado de la votación fue rubricada en un acta que se notificará este viernes, por telegrama a Juan Daniel Amelong, en su domicilio legal.

Amelong fue condenado a perpetua con cárcel común por privaciones ilegales de la libertad agravada, aplicación de tormentos agravados y homicidios triplemente calificados durante el terrorismo de Estado.