jueves, 19 de abril de 2012

Tres relatos del mismo horror

Crescenzo fue señalado como el interrogador de la Federal.
(Foto: UNO/Juan Ignacio Pereira)
Los primeros testimonios en el juicio al represor Albano Harguindeguy.

Alfredo Hoffman 
De la Redacción de UNO 


Tres exmilitantes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) de Concepción del Uruguay, que fueron víctimas de secuestros y salvajes torturas durante las vacaciones de julio de 1976, aportaron ayer el relato de las atrocidades de las que fueron víctimas a manos de la patota de la Policía Federal local. Sus testimonios abundaron en coincidencias sobre la metodología aplicada por los represores para que escarmentaran por haber osado manifestarse en contra de la dictadura: allanaron sus casas llevándose libros y pósters y rompiendo pertenencias, los mantuvieron cautivos en condiciones inhumanas en la dependencia policial, los sometieron a tormentos que les dejaron secuelas físicas y psicológicas y los liberaron luego de varios días, tras aleccionarlos a ellos y sus padres sobre la prohibición de desempeñar actividades políticas.

El grupo de tareas que integraban los acusados Francisco Crescenzo y Julio César Moscardón Verde Rodríguez, el prófugo José Darío Mazzaferri y otros no imputados en la causa, interrogaban en todo momento por el mimeógrafo con el que los estudiantes imprimían volantes denunciando a la dictadura, que repartían en los boliches bailables de la ciudad. Esto hizo que aquellos sucesos sean ahora recordados como la Noche del Mimeógrafo.

César Manuel Román Yáñez, Roque Edmundo Minatta y Juan Carlos Romero fueron, en ese orden, los que abrieron la etapa de testimoniales en el juicio por delitos de lesa humanidad que tiene como principal acusado al exministro del Interior de la dictadura, Albano Harguindeguy. Los tres fueron aplaudidos por el público, que esta vez colmó la sala de 25 de Mayo 256 de Paraná. Los tres observaron y reconocieron personalmente a Crescenzo (también en una foto de la época) y a Rodríguez. Los tres, además, aportaron datos importantes para que se investigue a otro represor responsable de esos crímenes, que actualmente vive y trabaja en Concepción del Uruguay.

El horror
César Román, hoy con 53 años, profesor de Historia, fue quien radicó la denuncia en febrero de 2006, luego de la caída de las leyes de impunidad, que posibilitó la investigación. Ubicó el inicio de su relato en los primeros meses de 1974, cuando siendo un adolescente experimentó su “despertar político” y comenzó a vincularse con los centros de estudiantes. En 1975, con 16 años, lo expulsaron del Colegio Justo José de Urquiza luego de un permanente hostigamiento por actividades. En 1976 ingresó al turno tarde de la escuela Normal y allí se encontró con Minatta, presidente del Centro de Estudiantes. Cuando se perpetró el golpe de Estado, se eliminaron todas las conquistas: el medio boleto estudiantil, talleres literarios, el cineclub. Ante esto, decidieron expresarse a través de los volantes que imprimían con el famoso mimeógrafo. Pero la protesta duró hasta las vacaciones de invierno, cuando comenzó lo que él llamó “el horror”.

A Román lo secuestraron la noche del lunes 19 de julio a una cuadra de su casa materna, ubicada en 8 de Junio 216. Dos hombres de civil que se identificaron como de la Policía Federal lo tomaron de los brazos y del pelo, lo introdujeron en un Dodge 1.500 negro y lo encañonaron con un arma al grito de: “Quedate quieto, pendejo de mierda”. Los secuestradores se sentaron uno a cada lado; eran un morocho de bigotes al que llamaban El Cordobés y otro que se caracterizaba por una mancha en el rostro. Mientras tanto, la casa era allanada ilegalmente por un grupo que comandaban Crescenzo y Rodríguez, alias El Moscardón Verde, que se llevaron libros y los pósters del Che Guevara y Jimi Hendrix. A Rodríguez lo conocía porque vivía cerca de su casa y había concurrido a la escuela con sus hijos. El pseudónimo era vox pópuli en el pueblo.

Rodríguez y Crescenzo subieron a un Falcon verde. Detrás iba un Fiat 125 celeste. Los tres vehículos marcharon hacia la Policía Federal y en el trayecto abundaron los golpes, insultos y amenazas. Al llegar a destino lo ubicaron en el Casino de Oficiales y poco después, en una habitación contigua, fue víctima de una cruel golpiza. El Moscardón le propinó una patada en los testículos, que años después derivó en una intervención en la cual le extirparon uno. En el Casino de Oficiales, junto a otros estudiantes que iban llegando, permanecían sentados mirando a la pared; comían muy poco de lo que llevaban los familiares, no podían bañarse ni dormir. Si se dormían le pegaban con las manos abiertas en los oídos, forma de tortura que se conoce como “el teléfono”. Todas las tardes, luego de que terminaba la actividad habitual de la delegación policial, llegaba la patota y comenzaban las sesiones de tortura. Nunca fueron asistidos por médico alguno.

En una oportunidad estaba siendo interrogado por quien se hacía llamar “el inspector Crescenzo”, quien siempre vestía de traje, era bien hablado y parecía culto. “¿Así que vos sos el existencialista?”, ironizó. Entre los libros que le habían secuestrado estaba La náusea, de Jean Paul Sartre. Como no decía nada sobre el renombrado mimeógrafo, Mazzaferri se puso de pie, le colocó el arma en la cabeza y la hizo martillar en repetidas ocasiones. Todos los represores presentes en la habitación se rieron a carcajadas. Después le rompieron los pósters de Guevara y Hendrix, pensando que este era un referente de izquierda e ignorando que se trataba de un músico. “Todo se orientaba a destruir mi identidad más que a sacarme información”, recordó ayer la víctima.

Lo más terrible fue cuando lo llevaron hasta una dependencia en el piso superior a presenciar la tortura con picana eléctrica de que era víctima un compañero. Cuando lo vio atado al elástico de una cama, pálido y mojado, pensó que estaba muerto. Pero cuando le pasaron la picana se arqueó y dio un alarido que hizo que Román se descompusiera y comenzara a vomitar. “Soñé muchas veces con eso”, dijo ante el tribunal.

Días después Crescenzo le hizo firmar una declaración que no pudo leer. Sólo alcanzó a observar la frase “delincuente subversivo”. Finalmente, los llevaron a los estudiantes a una reunión en la oficina del jefe de la Delegación, Jorge Vera, que encabezó el entonces, jefe del Batallón de Ingenieros de Combate 121 con asiento en Concepción del Uruguay, teniente coronel Raúl Federico Schirmer. Allí estaban también el intendente de facto Gerardo Genuario, autoridades de otras fuerzas de seguridad y los padres de cada uno de los estudiantes secuestrados. Luego de que Schirmer (hoy fallecido) les hiciera un sermón sobre la subversión, todos fueron quedando en una suerte de libertad vigilada.

Una vez afuera, por consejo del subjefe de la Policía Federal Alfonso Cevallos (fallecido) dejó la ciudad. Durante unos años fue casi “un fantasma”, todo el tiempo preocupado por que no lo encontraran. De todos modos, cada vez que regresaba por algún acontecimiento familiar solía encontrarse con sus torturadores. Una vez vio a Rodríguez, quien desde su Falcon le apuntó con el dedo haciendo como que disparaba un arma. Cuando Argentina ganó el Mundial 78, en la Plaza Ramírez, vio al Dodge 1500 con Mazzaferri y otros de los represores en su interior, festejando. En ese momento interrumpió la celebración por la victoria deportiva y se volvió a su casa.

El mismo sufrimiento
Minatta y Romero, que también se desempeñaban en los centros de estudiantes, relataron los sufrimientos de que fueron víctimas en aquellas vacaciones de invierno, con los mismos detalles contados por Román y también reconociendo a los imputados. Minatta, quien fue hasta diciembre subsecretario de Derechos Humanos de Entre Ríos, estaba de vacaciones en Trelew cuando el grupo de tareas irrumpió violentamente en su casa en busca del mimeógrafo. Como no lo encontraron, amenazaron a su padre: le dijeron que sería “boleta” si él no aparecía. Fue entonces cuando regresó del sur en avión, con 18 años, vestido de traje y peinado a la gomina, para despistar. Cuando llegó a Concepción su papá lo esperaba junto al subcomisario Ceballos, que era vecino del barrio, que lo llevó a la Policía Federal. Allí comenzaron los tormentos físicos, a cargo de Mazzaferri, el Moscardón Verde Rodríguez y El Cordobés. Las torturas psicológicas estaban a cargo de Crescenzo, quien le hacía saber que conocía los movimientos de sus familiares, incluso que tenía una sobrina de 1 año. Lo más terrible fue un simulacro de fusilamiento que presenció en el patio de la delegación, del que fueron víctimas tres compañeros que no podían mantenerse en pie por la tortura.

Los familiares de Minatta presentaron un hábeas corpus ante el juez federal Héctor Neyra, quien se negó a recibirlo. Neyra fue luego juez de la democracia. Finalmente fue liberado por orden del teniente coronel Schirmer. Meses después, en noviembre de 1976, volvió a ver a Crescenzo: el interrogador se presentó en el acto de colación de 5° año de la Escuela Normal y fotografió a todos los egresados. También siguió viendo al Moscardón y a otros miembros de la patota. A Mazzaferri lo veía en los boliches, dijo que hacía sacar chicas para violarlas.

Romero, quien hacía el Secundario en el nocturno del Colegio Urquiza, tenía 19 años y fue sacado de su casa de madrugada, con los mismos métodos violentos ejecutados por Rodríguez y Mazzaferri. Antes de ingresar a la delegación la patota secuestró también a otro dirigente, Carlos El Negro Zenit. También debió atravesar la experiencia de torturas y maltratos físicos y psicológicos a manos de los mismos represores, y siempre interrogado por el artefacto para imprimir volantes. Dos semanas después de liberado fue nuevamente secuestrado por Mazzaferri y golpeado, para luego ser arrojado a la ruta 39. Entonces se vio obligado a dejar la ciudad.

“Desde que salí hasta la fecha, tengo miedo”, mencionó Romero. “No puedo dormir, porque tengo miedo. Mazzaferri, el más importante, está prófugo. Sentí miedo para venir a declarar, pero lo hago sobre todo por mis compañeros que ya fallecieron: El Negro Zenit, Darío Morend, Carlos Valente y Hugo Maffei”, finalizó.

El caso de El Manchado
Los tres testigos que declararon ayer mencionaron a un integrante de la patota de Concepción que no está entre los imputados, que tenía una importante mancha en la cara y al que llamaban El Manchado. No conocen su nombre, pero todavía se lo suele ver en la ciudad, trabaja en la concesionaria de autos León Banchik SA, situada en 9 de Julio 1616, y entrega cédulas de la Policía Federal. Román lo vio en la delegación de la institución cuando, años atrás, se realizó una inspección judicial. Los abogados querellantes solicitaron que se envíen copias de las declaraciones a la Fiscalía federal para que proceda en consecuencia. El Tribunal federal hizo lugar.

viernes, 13 de abril de 2012

Guerra, negación y silencios, presentes en las declaraciones indagatorias

En silencio. Dasso toma notas en un cuaderno. Hasta ahora
no prestó declaración.
 (Foto: UNO-Juan Ignacio Pereira)

Los imputados por crímenes de lesa humanidad volvieron a preferir no declarar; pero se leyeron sus manifestaciones en la instrucción, donde Harguindeguy justificó la represión.

Alfredo Hoffman
De la Redacción de UNO

El juicio por la causa Harguideguy tuvo ayer la última jornada correspondiente a las indagatorias. Como lo hicieron el miércoles y luego de hablar con sus defensores, todos los represores decidieron no declarar, al menos en esta instancia, pero a través de la lectura de sus manifestaciones en la etapa de instrucción ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, se pudo conocer sus versiones de los hechos. Allí aperecen la referencia a una guerra contra la subversión y la negación de los delitos de lesa humanidad que se investigan, que van desde secuestros y torturas a desapariciones forzadas de persona en la costa este de la provincia.

La lectura de las indagatorias permitió escuchar los argumentos de Albano Harguindeguy, quien enfrenta por primera vez a un tribunal en juicio. El ex jerarca de la dictadura, en una primera oportunidad, buscó desligarse de los hechos asegurando que su cargo de ministro del Interior no tenía injerencia en las zonas, subzonas y áreas de defensa en las que las Fuerzas Armadas habían dividido y subdividido el país para llevar adelante la represión ilegal con el pretexto de combatir la subversión. “No tenía que impartir órdenes porque no eran de competencia de mi ministerio”, afirmó.

Luego se leyó un escrito que presentó quien es el principal acusado de las tres causas acumuladas que están en juicio, y que pidió que se agregara como parte integrante de su indagatoria. Allí se explaya ampliamente en las referencias a las normas emitidas por el llamado Proceso de Reorganización Nacional con el propósito de “erradicar la subversión” y se preocupó por aclarar que todo lo relacionado con ese fin “dependía de la Junta Militar”.

También aludió a la idea de la existencia de una “guerra” en el país, que se daba “en el marco de la guerra fría” y relató acciones guerrilleras que, según indicó, habrían sido motivo para el accionar represivo. Justificó el terrorismo de Estado mencionando el indulto de presos políticos el 25 de mayo de 1973, por parte del gobierno de Héctor Cámpora, y por la llegada al país de guerrilleros chilenos y uruguayos, los primeros como consecuencia del golpe de Estado contra Salvador Allende, y los segundos por la “efectiva” lucha contra la subversión en el país oriental.

Ese discurso finaliza con la pretendida justificación del plan sistemático de represión ilegal instrumentado desde el 24 de marzo de 1976, por los decretos de “aniquilamiento” emitidos por el gobierno peronista de 1975. Según dijo, las sucesivas juntas militares “no se apartaron en nada” de esos decretos.

Negaciones
Francisco Crescenzo, exjefe de la Delegación Concepción del Uruguay de la Policía Federal, en su declaración en instrucción negó “la multiplicidad de mendacidades” que lo señalan como autor de allanamientos ilegales, secuestros y torturas. Dijo que sólo era un “subalterno” en la época de los hechos y que su tarea se limitaba a “queheceres administrativos” y atención al público”.

Julio César Rodríguez, exsargento de la Policía Federal de Concepción, utilizó similares recursos. Dijo que trabajaba en una “oficina técnica” y que “no tenía contacto con los detenidos”. Aseguró que no torturó ni cometió “ninguna clase de delito” y que no recuerda ni vio nada sobre las violaciones a los derechos humanos denunciadas. Ni siquiera reconoció que le decían Moscardón Verde; dijo que a otro policía llamaban Moscardón y que a él le decían Polilla, Boquita y Tijereta.

Juan Carlos Mondragón (ex jefe de Seguridad y Operaciones de la Departamental Gualeguaychú de la Policía de Entre Ríos) y cantautor folclórico, declaró que le llamaban “poderosamente” la atención las imputaciones, a las que calificó de “horrendas y vejatorias”. Señaló que tiene “relación de amistad” con los hermanos Emilio y Jaime Martínez Garbino, a quienes está acusado de secuestrar. Y se quejó porque la acusación en su contra hizo que su nombre como artista fuera “arrastrado por todas las comarcas del país”, que su familia lo abandonara y que ya no tuviera amigos.

Juan Miguel Valentino, ex jefe del Escuadrón de Caballería Blindada II de Gualeguaychú, negó haber cometido delitos y haber recibido órdenes ilegales. No se dio lectura a indagatorias de Naldo Miguel Dasso (exjefe del Regimiento de Caballería de Tanques VI Blandengues, de Concordia) y de Marcelo Alfredo Pérez (ex jefe de la Departamental Gualeguaychú de la Policía de Entre Ríos).


Civiles detenidos en el Ejército

 Pulcritud. Kelly del Moral es el único excarcelado.
(Foto: UNO-Juan Ignacio Pereira)
La declaración indagatoria durante la instrucción de Santiago Carlos Héctor Kelly del Moral (exjefe de Sección de Exploración del Regimiento de Gualeguaychú) incluyó un reconocimiento a la existencia de civiles detenidos “en tránsito” en dependencias del Ejército durante 1976, aunque dijo que no estaban en calabozos sino “habitaciones”. Señaló que vio a familiares de los detenidos que se acercaban a dejarles ropa y material de lectura y aseguró que aquellas personas estaban a cargo del jefe de la unidad militar, el también imputado Valentino. De todos modos, negó haber cometido ni haber visto cometer delitos: “Jamás entré en esas habitaciones, nunca vi torturar ni recibí ninguna orden ilegal”, dijo. Sobre sus camaradas aseguró que ninguno era capaz de practicar “actos de sadismo”.

Kelly es el único procesado que está libre y se presenta a las audiencias siempre vestido de impecable traje, camisa y corbata. El miércoles dijo que su actividad actual es la de agente inmobiliario y que hace poco renunció a su puesto de gerente de una empresa con sede en Bogotá (Colombia) para “presentarse a derecho” en esta causa. No tiene esposa, hijos, padres ni hermanos.

Ayer se leyó su relato ante el Juzgado de Instrucción, donde manifestó que llegó a Gualeguaychú con 20 años en 1974 y permaneció en ese destino tres años. “Era el oficial de menor jerarquía del Regimiento, no participaba en la toma de decisiones”, se defendió. Su misión era la de capacitar al personal en las técnicas de “combate clásico”. Según su versión, las víctimas pudieron haberlo involucrado en los crímenes porque escuchaban su apellido cuando daba el saludo a la tropa.

Dijo que cuando arribó a la ciudad no conocía a nadie, pero de a poco logró insertarse en distintos ámbitos. Por ejemplo, contó que jugó durante un año en el quipo de fútbol de primera división de Racing de Gualeguaychú, y que se destacaba en la actividad hípica, sobre todo en la disciplina de salto y no tanto en el polo.

Estarán ausentes

Por pedido de los defensores, el Tribunal Oral Federal permitió a Kelly del Moral, Mondragón, Pérez y Dasso no estar presentes en las audiencias desde el miércoles y mientras duren las testimoniales correspondientes a los hechos que no los involucran. En cambio, sí obligó a sus representantes a concurrir a la sala, rechazando el pedido para no hacerlo.

El miércoles a las 10.30 se abrirá la etapa testimonial y hasta el 10 de mayo comparecerán testigos relacionados al expediente por los delitos cometidos en Concepción del Uruguay. Luego lo harán los de Concordia y finalmente los de Gualeguaychú.

jueves, 12 de abril de 2012

Los represores prefieren por ahora mantenerse en silencio

Juan Mondragón, conocido como "Juan del Gualeyán"
(Foto: UNO/Juan Ignacio Pereira)
Se inició la etapa de debate en el juicio por la causa Harguindeguy. Los acusados no declararon. La audiencia empezó más tarde porque se olvidaron de trasladar a uno de los imputados

En la sexta jornada del juicio oral y público por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en Paraná, que tiene como principal imputado al exministro de la dictadura Albano Harguindeguy, ninguno de los ocho imputados accedió a prestar declaración indagatoria. Algunos, sin embargo, dijeron que lo harían luego de conversar con el defensor oficial.

El juicio por crímenes cometidos en la costa del Uruguay entró ayer en la instancia de debate, una vez resuelta la situación de Ramón Genaro Díaz Bessone, quien fue separado del juicio por una alegada incapacidad psíquica, aunque para las próximas horas se espera que interpongan recursos de casación los querellantes y el Ministerio Público Fiscal. Se desconoce por el momento si se pedirá que el recurso tenga o no efecto suspensivo sobre la continuidad del juicio.

La audiencia comenzó con más de una hora y media de retraso, debido a que el Servicio Penitenciario Provincial había omitido buscar a uno de los imputados, Julio César Rodríguez, en su vivienda de Posadas 325 de Concepción del Uruguay, donde cumple prisión domiciliaria. Este olvido motivó un llamado de atención al personal penitenciario de parte la presidenta del Tribunal Oral Federal, Lilia Carnero.

Ayer era el momento de la introducción de los planteos preliminares, pero ninguna de las partes lo utilizó. En este caso, los defensores no realizaron los acostumbrados pedidos de prescripción de la acción penal o de incompetencia del tribunal. Luego se leyó el resumen de las imputaciones a cada uno de los represores.

Al momento de las declaraciones indagatorias, los expolicías provinciales Juan Carlos Mondragón y Marcelo Alfredo Pérez se abstuvieron de hacerlo, el exmilitar Santiago Carlos Héctor Kelly Del Moral dijo que lo hará más adelante, los exmilitares Naldo Miguel Dasso, Juan Miguel Valentino y Harguindeguy manifestaron que decidirán luego de hablar con sus defensores, mientras que los expolicías federales Francisco Crescenzo y Rodríguez se limitaron a expresar que van a “seguir las recomendaciones” de sus abogados.

Datos personales
La interrogación a los procesados sobre sus datos personales permitió conocer algunas referencias de cada uno de los represores. Por ejemplo, Harguindeguy dijo que solo es propietario de una tumba en Jardín de Paz y una cochera. Además describió que tiene otras cinco causas abiertas por delitos de lesa humanidad, una de ellas por el Plan Cóndor –elevada a juicio oral pero sin fecha de inicio, dijo– y otra por el asesinato del obispo riojano Enrique Angelelli. El de Paraná es su primer juicio.

Dasso, quien fuera jefe del Regimiento de Concordia, dijo que mientras se sustancia el debate reside en Ambrosetti 1307 de Paraná, a metros de Rondeau. Valentino, quien comandaba el Escuadrón de Gualeguaychú y usa el apodo de Tito, lo hace en Urquiza 679 planta baja B de esta capital.

Por su parte, el exjefe de Seguridad y Operaciones de la Departamental Gualeguaychú de la Policía de Entre Ríos, Juan Carlos Mondragón, hizo alarde de su trayectoria como cantautor y compositor con el pseudónimo de Juan del Gualeyán, y creyó necesario contarle a los jueces que trabajó con muchos poetas “de distintos países y distintas ideologías”. También detalló que tiene cuatro hijos, todos activos o retirados de las fuerzas de seguridad de la Provincia, y que actualmente vive en la localidad de Médanos.

Otro que se explayó al dar sus datos personales fue Crescenzo, exjefe de la Delegación Concepción del Uruguay de la Policía Federal, quien dijo que dedicó gran parte de su vida al arte de la escultura y, desafiante, comentó que fue compañero de estudios del escritor desaparecido Haroldo Conti, en el Seminario Metropolitano Pontificio de Villa Devoto, en la Ciudad de Buenos Aires. Cuando le preguntaron si tenía bienes, contestó que es propietario de un Ford Falcon modelo 1972.

Por su parte, Rodríguez, exsargento de la misma delegación de la Federal, negó que sea apodado El Moscardón Verde, como lo llaman sus víctimas de secuestros y torturas. Dijo que tiene dos sobrenombres: Boquita y Tijereta.

Kelly del Moral, exjefe de la sección Exploración del Regimiento de Gualeguaychú, declaró como domicilio un barrio cerrado de la zona norte del conurbano bonaerense.

En este proceso se juzgan numerosos secuestros, torturas, allanamientos ilegales y cuatro desapariciones forzadas: las de los concordienses Sixto Zalasar y Julio Alberto Solaga y los gualeguaychuenses Norma Beatriz González y Oscar Alfredo Dezorzi. Se trata de tres expedientes acumulados, uno por cada una de las ciudades donde se cometieron los delitos: Concepción del Uruguay, Concordia y Gualeguaychú.

jueves, 5 de abril de 2012

Díaz Bessone no será juzgado pero recurrirán en casación

Foto: UNO/Juan Ignacio Pereira
El Tribunal Federal consideró que el represor tiene incapacidad mental, haciendo una “interpretación amplia” del Código Procesal Penal. Querellantes buscarán la revisión de la medida 

Alfredo Hoffman 
De la Redacción de UNO 

El represor Ramón Genaro Díaz Bessone, acusado de ser autor mediato de cuatro desapariciones forzadas, Asociación ilícita, Privaciones ilegítimas de la libertad, Allanamientos ilegales de domicilio y Tormentos, no será Juzgado en Paraná. El Tribunal Oral Federal resolvió ayer hacer lugar al planteo de la defensa y separarlo del juicio que tiene como principal imputado al exminsitro del Interior de la dictadura, Albano Harguindeguy. Disconformes con la medida, desde la querella anunciaron que recurrirán en Casación y no se descarta que lo mismo haga el Ministerio Público Fiscal.

El Tribunal, que preside Lilia Carnero e integran Noemí Berros y Roberto López Arango, consideró por unanimidad que “puede afirmarse que ha sobrevenido la incapacidad mental” del procesado para estar en juicio, a pesar de que los peritos de la querella, el médico del exmilitar y los forenses de la Corte Suprema de Justicia habían informado que mantiene la capacidad de comprender. Además, los miembros del Cuerpo Médico Forense (CMF) de la Corte habían señalado que solo se deben tomar recaudos para respetar sus tiempos y que estaba en condiciones de participar del juicio mediante videconferencia desde su domicilio; al tiempo que habían recomendado una serie de estudios para constatar exactamente cuál es el estado psico-físico actual del represor.

Para llegar a la resolución de ayer, los magistrados hicieron una “interpretación amplia” del artículo 77 del Código Procesal Penal, y tuvieron en cuenta no solo la “dimensión cognitiva” de la incapacidad mental sobreviniente, sino también la “volitiva” (el orden de la voluntad), es decir que el imputado debe tener capacidad de “entender y querer” para poder ser juzgado. Díaz Bessone, como atraviesa un estado de depresión, carecería de la capacidad de querer. Esta interpretación del artículo 77 podría ser uno de los fundamentos de los recursos de casación.

Los jueces fundaron su determinación, en buena parte, en el examen “de visu” que hicieron en el departamento de Díaz Bessone en Rosario, donde constataron su estado de “hipobulia” y vieron a “una persona sentada, hipotónica, casi inmóvil y solo con algunos movimientos de su cabeza, en actitud totalmente pasiva, sin pronunciar palabra alguna, que no contestó siquiera el requerimiento de su médico personal para que dijera su nombre”, dice la resolución.

La decisión resultó sorpresiva para casi todos los presentes en la sala porque se especulaba como salida más probable la realización de los estudios propuestos por los miembros del Cuerpo Médico Forense de la Nación. Sin embargo el Tribunal concluyó que el excomandante del Cuerpo de Ejército II “no está en condiciones psíquicas de estar en juicio en la audiencia de debate en la presente causa, pues no posee aptitud para afrontar en plenario una intervención activa y efectiva en ejercicio del derecho de defensa, de intervenir en aquellos actos que imprescindiblemente requieren de su personal participación; tampoco puede tomar decisiones acerca de cuál ha de ser su comportamiento durante el debate oral”.

El abogado querellante Rubén Pagiotto afirmó que interpondrá el recurso ante la Cámara Nacional de Casación Penal, y adelantó que solicitará que mientras se sustancie el reclamo se le dé efecto suspensivo. Sin embargo, otros representantes de las partes acusadoras serían de la idea de que el juicio avance paralelamente y, en todo caso, luego juzgar a Díaz Bessone solo.

María Cacciopoli, también abogada querellante, aseguró: “No es que no comprende, no quiere comunicarse. Me pregunto: ¿no es una maniobra defensiva más? De hecho, la esposa y su médico relatan que sí se comunica con ellos”. También remarcó la “incongruencia” entre la resolución del Tribunal de Paraná y la del TOF 2 de Rosario, la cual definió seguir adelante con el proceso en base a los mismos peritajes y esto posibilitó que se le dictara la condena de prisión perpetua el 26 de marzo, que cumple en su domicilio.

martes, 3 de abril de 2012

Causa Hospital Militar: el martes 10 declarará el médico del Instituto Privado de Pediatría



Se trata de Jorge Rossi, quien debe comparecer para aportar datos sobre el destino del hijo varón de Raquel Negro. El hecho que se investiga forma parte de la causa "NN Facundo". La audiencia será el 10 de abril a partir de las 11.

Uno de los socios del Instituto Privado de Pediatría (IPP), el médico Jorge Eduardo Rossi, no se presentó el martes 27 de marzo a declarar en el marco de la causa denominada “Averiguación paradero del menor NN Facundo”.
Si bien el profesional estaba citado para que aporte datos sobre el paradero del hijo varón de Raquel Negro, por pedido del juez federal Gustavo Zonis, a propuesta de los fiscales Mario Silva y José Ignacio Candioti, no se hizo presente sin que se conocieran los motivos de su ausencia.
Según pudo averiguar UNO, la audiencia donde tendrá que comparecwer Rossi se fijó para el 10 de abril a partir de las 11.
Junto a Miguel Torrealday, David Vainstub y Ángel Luis Schroeder, Rossi integraba el directorio del IPP en 1978, cuando estuvieron internados allí como NN los hijos de Raquel Negro provenientes del Hospital Militar. Durante el juicio del año pasado, sus socios no aportaron datos sobre cuál podría ser el paradero de quien fue inscripto en la institución como NN López (en el Hospital Militar lo habían llamado Facundo), alegando no recordar los hechos.