César Román, denunciante en la causa por el secuestro de 18 estudiantes secundarios de Concepción del Uruguay en julio de 1976, manifestó su disconformidad con la suspensión del juicio oral y público que iba a iniciarse el 24 de agosto y reclamó que el Tribunal Oral Federal decida cuanto antes la nueva fecha.
Además, lamentó que el proceso judicial no haya tenido mayor acompañamiento del Estado provincial.
“Quisiera aclarar que me pone contento que se inicie el juicio por robo de bebés el 24 de agosto, pero al mismo tiempo tengo una gran preocupación porque la causa Harguindeguy ha quedado suspendida, ha quedado en un limbo jurídico”, dijo Román a UNO.
“Esto es devastador para los que fuimos víctimas del terrorismo de Estado, que tenemos muchas expectativas”, dijo Román, al tiempo que consideró que el tribunal pudo haber tomado medidas alternativas, como iniciar antes el debate por la causa Hospital Militar o efectuar los dos juicios en forma paralela.
“Lo que peticionamos es que se levante la suspensión y se le otorgue inmediatamente la nueva fecha. Ya venimos muy postergados: esta causa fue elevada en 2010 al tribunal, venimos de dilación en dilación y esto no se corresponde con la política instrumentada por el procurador general de la Nación (Esteban Righi), que ha indicado que las causas tienen que ser aceleradas, nunca dilatadas y mucho menos suspendidas”, acotó.
También manifestó que las víctimas estarán ahora más expuestas y en situación de mayor vulnerabilidad, sobre todo teniendo en cuenta que la causa tiene un represor prófugo: José Darío Mazzaferri”.
“Esta es una causa que la hemos remado desde la sociedad civil, pero recién ahora tuvimos una primera reunión con el ministro de Gobierno, Adán Bahl. Estamos luchando desde 2006, no hemos visto en todo el proceso preocupación o iniciativa política”, lamentó.
jueves, 28 de julio de 2011
Avanza la investigación contra un médico por crímenes de la dictadura
El juez federal de Paraná, Gustavo Zonis, ordenó al médico militar Jorge Horacio Capellino que designe abogado defensor en una causa por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. No se descarta que un próximo paso en esta causa sea la imputación del profesional de la salud, que fue acusado por querellantes.
Con el grado de teniente primero, Capellino fue médico del Hospital Militar de Paraná durante los años del terrorismo de Estado y actualmente reside en Buenos Aires. Fue acusado de tener intervención en el asesinato del militante Pedro Sobko, quien se encuentra desaparecido –habría sido quien firmó el certificado de defunción– y posiblemente también en otros delitos como Privaciones ilegales de la libertad, Vejaciones y Tormentos, denunciados por sobrevivientes. El expediente es un desprendimiento de la causa Área Paraná y está caratulado: “Capellino, Jorge Horacio s/Comisión de delitos de lesa humanidad”, pudo determinar UNO.
Recientemente el médico –quien hasta el momento no se encuentra imputado en ninguna causa de este tipo– recibió la citación del juez Zonis para designar abogado y una copia del requerimiento de instrucción de los fiscales federales Mario Silva y José Candioti, en el cual habían pedido la apertura de la investigación pero no habían formulado imputación penal.
Al tomar conocimiento de la causa que lo involucra, Capellino se presentó personalmente en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 3 de Buenos Aires, a cargo de Daniel Rafecas, y designó como representante al defensor oficial ante el Juzgado Federal de Paraná Juan Carlos Ferrari.
Quienes siguen de cerca la investigación piensan que con este paso procesal el expediente vuelve a levantar vuelo. Además, en estos días se están produciendo testimoniales en audiencias a las cuales Capellino ahora puede tener acceso, a través de Ferrari.
Esta investigación se separó de la causa Área Paraná cuando ésta fue elevada a juicio escrito, al igual que la que se ocupa de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el centro clandestino de detención que funcionó en la antigua comisaría de El Brete. Fue la vía escogida por Zonis para no cerrar aquellos casos cuya instrucción estaba en curso o todavía era incipiente.
Otro caso de desapariciones en la dictadura cerca del juicio
La Fiscalía de Concepción pidió la elevación a juicio del expediente que investiga desapariciones, secuestros y torturas en Gualeguaychú. Entre los imputados están Harguindeguy y Díaz Bessone.
La Fiscalía federal de Concepción del Uruguay efectuó la requisitoria en el expediente que investiga desapariciones, secuestros y torturas en Gualeguaychú. Entre los imputados están Harguindeguy y Díaz Bessone.
La causa Área Gualeguaychú, en la cual se investigan delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en esa localidad entrerriana, está próxima a llegar a su etapa concluyente. Hace un mes, la Fiscalía federal de Concepción del Uruguay efectuó el requerimiento de elevación a juicio oral y público de este expediente, que tiene entre sus imputados al ex ministro del Interior Albano Harguindeguy, se informó a UNO.
La inminencia de la elevación de esta causa fue el motivo que manifestó el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná para suspender el juicio a Harguindeguy programado para el 24 de agosto, ya que se repiten muchos de los imputados. Se decidió que en esa fecha se iniciará el juicio por robo de bebés en el hospital Militar de Paraná.
La requisitoria de la Fiscalía a cargo de María de los Milagros Squivo se hizo con respecto a seis de los siete imputados; mientras que por el restante, el ex jefe de la Departamental Gualeguaychú de la Policía de Entre Ríos, Marcelo Pérez, se haría próximamente. Cuando la elevación se concrete, el tribunal dio a entender que la acumulará a las otras dos ya agrupadas bajo el nombre de Harguindeguy: Área Concordia y César Román.
Gualeguaychú
En Área Gualeguaychú se investigan las privaciones ilegales de la libertad y torturas que sufrieron seis víctimas del sur entrerriano y las desapariciones de dos ciudadanos: Norma Beatriz González y Oscar Alfredo Dezorzi. Además de Harguindeguy y Pérez, los imputados son Ramón Genaro Díaz Bessone, jefe del Segundo Cuerpo del Ejército; Naldo Miguel Dasso, jefe del Regimiento de Caballería de Tiradores Blindados 6 Blandengues de Concordia; Juan Carlos Mondragón, jefe a cargo de la División de Operaciones y Seguridad de la Jefatura Departamental Gualeguaychú de la Policía de Entre Ríos; Juan Miguel Valentino, jefe del Escuadrón de Caballería Blindada 2 de Gualeguaychú, y Santiago Héctor Carlos Kelly del Moral, jefe de sección en el Regimiento de Gualeguaychú.
Kelly del Moral tiene la particularidad de haber permanecido prófugo desde el 5 de marzo de 2010, cuando se emitió su pedido de captura nacional, hasta el 14 de octubre del mismo año, cuando se presentó espontáneamente en el Juzgado federal de Concepción del Uruguay. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación había dispuesto una recompensa de 100.000 pesos para quienes ofrecieran datos que ayudaran a encontrarlo, la cual se dejó sin efecto en febrero de 2011 por Resolución Nº 136/2011 del ministro Julio Alak.
Otra particularidad de esta causa es que no posee querellantes, sino que ha sido impulsada por la Fiscalía luego de que el fiscal general Ricardo Álvarez solicitara su desarchivo, una vez anuladas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
La Fiscalía federal de Concepción del Uruguay efectuó la requisitoria en el expediente que investiga desapariciones, secuestros y torturas en Gualeguaychú. Entre los imputados están Harguindeguy y Díaz Bessone.
La causa Área Gualeguaychú, en la cual se investigan delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en esa localidad entrerriana, está próxima a llegar a su etapa concluyente. Hace un mes, la Fiscalía federal de Concepción del Uruguay efectuó el requerimiento de elevación a juicio oral y público de este expediente, que tiene entre sus imputados al ex ministro del Interior Albano Harguindeguy, se informó a UNO.
La inminencia de la elevación de esta causa fue el motivo que manifestó el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná para suspender el juicio a Harguindeguy programado para el 24 de agosto, ya que se repiten muchos de los imputados. Se decidió que en esa fecha se iniciará el juicio por robo de bebés en el hospital Militar de Paraná.
La requisitoria de la Fiscalía a cargo de María de los Milagros Squivo se hizo con respecto a seis de los siete imputados; mientras que por el restante, el ex jefe de la Departamental Gualeguaychú de la Policía de Entre Ríos, Marcelo Pérez, se haría próximamente. Cuando la elevación se concrete, el tribunal dio a entender que la acumulará a las otras dos ya agrupadas bajo el nombre de Harguindeguy: Área Concordia y César Román.
Gualeguaychú
En Área Gualeguaychú se investigan las privaciones ilegales de la libertad y torturas que sufrieron seis víctimas del sur entrerriano y las desapariciones de dos ciudadanos: Norma Beatriz González y Oscar Alfredo Dezorzi. Además de Harguindeguy y Pérez, los imputados son Ramón Genaro Díaz Bessone, jefe del Segundo Cuerpo del Ejército; Naldo Miguel Dasso, jefe del Regimiento de Caballería de Tiradores Blindados 6 Blandengues de Concordia; Juan Carlos Mondragón, jefe a cargo de la División de Operaciones y Seguridad de la Jefatura Departamental Gualeguaychú de la Policía de Entre Ríos; Juan Miguel Valentino, jefe del Escuadrón de Caballería Blindada 2 de Gualeguaychú, y Santiago Héctor Carlos Kelly del Moral, jefe de sección en el Regimiento de Gualeguaychú.
Kelly del Moral tiene la particularidad de haber permanecido prófugo desde el 5 de marzo de 2010, cuando se emitió su pedido de captura nacional, hasta el 14 de octubre del mismo año, cuando se presentó espontáneamente en el Juzgado federal de Concepción del Uruguay. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación había dispuesto una recompensa de 100.000 pesos para quienes ofrecieran datos que ayudaran a encontrarlo, la cual se dejó sin efecto en febrero de 2011 por Resolución Nº 136/2011 del ministro Julio Alak.
Otra particularidad de esta causa es que no posee querellantes, sino que ha sido impulsada por la Fiscalía luego de que el fiscal general Ricardo Álvarez solicitara su desarchivo, una vez anuladas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
lunes, 25 de julio de 2011
Desde el 24 de agosto desfilarán 49 testigos en el juicio por robo de bebés
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná comunicó este lunes su decisión de habilitar la feria judicial y fijar el inicio del debate por la causa Hospital Militar para el 24 de agosto a las 10. Desde ese momento, y por un lapso de tiempo estimado en tres meses como mínimo, se presentarán en el juicio medio centenar de testigos que fueron admitidos por el Tribunal. La fijación de la fecha se tomó en simultáneo con la postergación del debate por la causa Harguindeguy, que iba a iniciarse ese mismo día, debido a que es inminente el ingreso de la cusa “Área Gualeguaychú” con los mismos imputados. Además, uno de los procesados, Ramón Genaro Díaz Bessone, continúa siendo juzgado en Rosario.
En la causa conocida como Hospital Militar se investiga la apropiación de los hijos mellizos de la detenida-desaparecida Raquel Negro. Uno de los bebés, Sabrina Gullino, recuperó su identidad en diciembre de 2008. Están procesados por robo de bebés y sustitución de identidad durante la última dictadura –delitos considerados de lesa humanidad– los ex miembros del Destacamento de Inteligencia 121 Juan Daniel Amelong, Jorge Alberto Fariña, Marino Héctor González, Pascual Óscar Guerrieri y Walter Salvador Dionisio Pagano, y el médico Juan Antonio Zaccaría.
Álvaro Piérola, abogado por los querellantes H.I.J.O.S. y Sabrina Gullino, destacó a UNO que el Tribunal haya resuelto enviar a juicio a Zaccaría, quien tiempo atrás pidió la suspensión del proceso en su contra por problemas de salud. “Se decidió no realizar en lo inmediato una nueva evaluación de su estado de salud, ya que es muy reciente el anterior examen” que se le realizó el 3 de junio, dijo.
En cuanto a Guerrieri, quien tiene prisión domiciliaria en Colón 222 de localidad de Martínez, partido de San Isidro (Buenos Aires), deberá denunciar a la mayor brevedad una dirección en Paraná a la que será trasladado para las audiencias de debate y donde permanecerá alojado durante al menos tres meses. El resto de los imputados, excepto Zaccaría, quien también tiene prisión domiciliaria, serán trasladados a la Unidad Penal Nº 1 de la capital provincial desde sus actuales lugares de detención.
Testigos
En una resolución del 5 de julio, el Tribunal admitió la prueba ofrecida, donde se incluyen 49 testimoniales a realizarse en el curso del debate. Se trata de testigos vinculados al Hospital Militar, al Instituto Privado de Pediatría y a otras circunstancias. Por ejemplo, está previsto que declare la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, el periodista y diputado nacional Miguel Bonasso –autor del libro “Recuerdo de la Muerte” donde se relatan parte de los hechos investigados– y Jaime Dri, único sobreviviente del centro clandestino de detención Quinta de Funes, en las afueras de Rosario.
De acuerdo a lo previsto en la resolución, el Tribunal integrado por Roberto López Arango y Lilia Carnero, se completará con Juan Carlos Vallejos como juez de Cámara subrogante y María Ivón Vella como juez de Cámara sustituta.
El juicio se desarrollará en la sede de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná (25 de Mayo 256), con transmisión en vivo a efectivizarse en la sala de audiencias del Tribunal Oral, ubicada en Urquiza 872. Las audiencias serán los miércoles, jueves y viernes, siempre desde las 10.
Se mantienen las medidas ordenadas oportunamente sobre la cobertura periodística del debate. Se dispuso que los medios de comunicación que requieran el acceso a la sala, deberán previamente solicitar su acreditación, desde el 8 al 18 de agosto, en el horario de 8 a 12.
Los hechosLa agrupación H.I.J.O.S. Regional Paraná recordó mediante un comunicado que “Zaccaría era jefe del servicio de Terapia Intensiva del Hospital Militar de Paraná durante 1978, en donde funcionó una maternidad clandestina. En marzo de ese año, en la unidad a su cargo, médicos y enfermeras encontraron una mañana a dos bebés mellizos recién nacidos en delicado estado de salud, que luego fueron derivados al Instituto Privado de Pediatría. Hoy está confirmado que se trataba de los hijos de la detenida-desaparecida Raquel Negro, nacidos en cautiverio y robados por los integrantes del destacamento de Inteligencia del Segundo Cuerpo del Ejército, con sede en Rosario. Uno de ellos, Sabrina, recuperó su verdadera identidad a fines de 2008 y el destino del otro continúa sin aclararse”.
Alfredo Hoffman
De la Redacción de UNO
sábado, 23 de julio de 2011
La lista completa de los servicios de inteligencia
Además de Mónica Torrres, ex legisladora aliancista y funcionaria provincial durante el primer gobierno de Jorge Busti, figuran otros nombres conocidos en la nómina del personal civil de inteligencia que revistó en el Ejército entre 1976 y 1983, durante la última dictadura militar. Por ejemplo, el ex policía federal Cosme Ignacio Marino Demonte, actualmente detenido por delitos de lesa humanidad en la causa Área Paraná; el concordiense Juvenal Pascacio Meza y Ricardo Ramón Andrili, quien encabeza la lista de candidatos a concejales de Paraná por el Frente Popular, que postula a Cristian Ulián para la Intendencia.
Aquí el listado completo hecho público por el Archivo Nacional de la Memoria.
jueves, 14 de julio de 2011
La Fiscalía acusó a los represores por delitos contra 52 víctimas
En el juicio por la causa Área Paraná, los fiscales identificaron privaciones ilegales de la libertad, torturas y homicidios. Díaz Bessone, Rivas y Appiani, entre los principales responsables.
En el inicio del juicio escrito por la causa Área Paraná, la Unidad Fiscal de Derechos Humanos efectuó la acusación formal contra diez represores de la última dictadura militar que se encuentran procesados, por una serie de crímenes considerados de lesa humanidad perpetrados contra un total de 52 víctimas. Entre los delitos señalados se encuentran privaciones ilegales de la libertad, apremios ilegales, tormentos y homicidios.
La acusación más dura recayó sobre la máxima autoridad militar jurisdiccional que todavía sigue vivo y en condiciones de ser juzgado, Ramón Genaro Díaz Bessone, sobre quien pesa, según los fiscales, la responsabilidad por los padecimientos sufridos por más de 30 opositores a la dictadura. Apenas un escalón más abajo en la cadena de responsabilidades ubicaron a sus subordinados, el capitán Alberto Rivas y el teniente Jorge Humberto Appiani. También formalizaron la acusación contra el conocido médico paranaense Hugo Moyano, por ser partícipe necesario de apremios ilegales y tormentos.
La causa se tramita por escrito y se encuentra en la etapa del plenario. Luego de la acusación de la Fiscalía, ahora deberán hacer lo propio las querellas. Más tarde el juez Fermín Ceroleni correrá vista a las defensas; se hará la apertura de pruebas; se producirán los alegatos y finalmente se dictará la sentencia.
La primera acusación fue efectuada el viernes por José Ignacio Candioti y Mario Silva, fiscales de la Unidad de Derechos Humanos que encabeza el fiscal general Ricardo Álvarez. La presentación –pudo conocer UNO– en su primera parte hizo referencia al marco histórico de los hechos: describió que el quiebre institucional del 24 de marzo de 1976 dio origen a una “represión ilegal sin control de los poderes de la Constitución”, puesto que además de haberse desplazado al Ejecutivo, se cerró el Congreso y se barrió con la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Luego se realizó una individualización de los responsables locales, tanto aquellos que están vivos e imputados en la causa, como aquellos que estuvieron acusados pero fueron muriendo sin condena con el correr de los años. Así, Silva y Candioti señalaron como máximas autoridades militares de la jurisdicción a los jefes del Segundo Cuerpo del Ejército: Ramón Genaro Díaz Bessone y quien lo sucedió en el cargo, Leopoldo Fortunato Galtieri (fallecido). En tanto, como comandantes de la subzona 22 (Paraná) se desempeñaron Abel Teodoro Catuzzi (fallecido) y Juan Carlos Ricardo Trimarco (declarado inimputable). En esta jurisdicción se desempeñaban el capitán Rivas y el teniente Appiani. Luego, el Escuadrón de Comunicaciones II estaba a cargo del mayor Constantino González (fallecido) y su segundo era Carlos Cerrillos (fallecido). En el Escuadrón de Ingenieros II prestaba servicios Oscar Ramón Obaid.
La Policía Federal Argentina, la Policía de Entre Ríos y el Servicio Penitenciario provincial, bajo control operacional de las fuerzas armadas, colaboraban con el “plan sistemático de represión clandestina e ilegal”. En ese sentido, en la delegación local de la primera de las fuerzas tuvieron participación José Faustino Fernández (fallecido), Osvaldo Conde (fallecido) y Cosme Demonte. En la Policía entrerriana, el subcomisario Luis Francisco Armocida y los suboficiales Daniel Rodríguez (fallecido) y Carlos Horacio Zapata. Finalmente, se señaló a los penitenciarios José Anselmo Appelhans –director de la Unidad Penal Nº 1–, Rosa Susana Bidinost –titular de la Unidad Penal Nº 6–, Alfredo Duré (fallecido), Ramón Oscar Balcaza (fallecido) y el médico Hugo Mario Moyano, quien también se desempeñaba en la Fuerza Aérea.
Los acusadosEn el voluminoso escrito, los fiscales identificaron 52 víctimas y detallaron de los crímenes cometidos contra cada una. Además, precisaron los delitos atribuidos a cada acusado. En primer lugar, a Díaz Bessone lo consideraron autor mediato de Privaciones ilegales de la libertad y Severidades, vejaciones y apremios ilegales y Tormentos en más de 30 casos; y un Homicidio calificado, el de Juan Alberto Osuna.
A Rivas, mayor del Ejército y oficial instructor del Consejo de Guerra: coautor de Privaciones ilegales de la libertad; Severidades, vejaciones y apremios ilegales y Tormentos contra más de 30 víctimas.
A Appiani, oficial del Ejército y funcionario del Consejo de Guerra: partícipe necesario de Privaciones ilegales de la libertad y Severidades, vejaciones y apremios ilegales contra ocho víctimas; y autor mediato de Privaciones ilegales de la libertad y Tormentos en 27 casos.
A Obaid, suboficial del Ejército y custodio de la casa de torturas cercana a la Base Aérea: partícipe necesario de Privaciones ilegales de la libertad; Severidades, vejaciones y apremios ilegales y Tormentos contra dos víctimas. A Appelhans: coautor y partícipe necesario de Privaciones ilegales de la libertad; Severidades, vejaciones y apremios ilegales y Tormentos en perjuicio de más de 18 víctimas.
A Bidinost: partícipe necesaria de Severidades, vejaciones y apremios ilegales contra cinco víctimas y Tormentos contra dos.
A Moyano: partícipe necesario de Severidades, vejaciones y apremios ilegales de siete víctimas y Tormentos de tres. A Armocida: coautor de Privaciones ilegales de la libertad y Severidades, vejaciones y apremios ilegales de seis víctimas. A Zapata: coautor de Privaciones ilegales de la libertad y Severidades, vejaciones y apremios ilegales y Tormentos de 13 víctimas.
A Demonte: coautor de Privaciones ilegales de la libertad y Severidades, vejaciones y apremios ilegales contra el desaparecido Victorio Erbetta y Privaciones ilegales de la libertad y Severidades, vejaciones y apremios ilegales y Homicidio del desaparecido Pedro Miguel Sobko.
Cómo era la represión ilegal en ParanáEn su acusación, los integrantes de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos dedicaron varios párrafos a describir las características de la represión en Paraná y la zona. Allí explicaron que los acusados privaban de su libertad a los disidentes políticos sin orden de detención; luego los alojaban en condiciones infrahumanas en los centros clandestinos de detención (CCD) y los sometían a todo tipo de padecimientos mediante la aplicación de los métodos de torturas habituales en los ejecutores del terrorismo de Estado, y en algunos casos los terminaban asesinando. Para intentar legalizar los asesinatos, se hacían simulacros de fuga y de enfrentamientos con las fuerzas armadas y de seguridad.
Los CCD identificados eran el Escuadrón de Comunicaciones, la escuela Álvarez Condarco, inmuebles ubicados en las inmediaciones de la Base Aérea, una vivienda ubicada en el predio del actual Pro Huerta, la antigua escuela Balbarrey –donde se hacen excavaciones en busca de restos de desaparecidos–, la vieja comisaría de El Brete y la Unidad Penal Nº 1.
Además, aseguraron que los detenidos eran sometidos a parodias de un Consejo de Guerra, sin defensa efectiva y sin las mínimas garantías del debido proceso.
Como prueba de cargo, que calificaron de diversa e importante, mencionaron las declaraciones testimoniales de las víctimas, quienes durante la etapa instructoria dieron precisiones sobre los sufrimientos a que eran sometidos: la picana pasada por distintas partes del cuerpo, sobre todo los genitales; violaciones, golpes, simulacros de fusilamiento y otros tantos métodos de tortura que junto con características de la detención atentaban contra la misma condición humana.
También recordaron que hubo testimonios de miembros de las fuerzas que no participaron de la represión ilegal; pruebas documentales, como los legajos de cada uno de los imputados que dan cuenta de que efectivamente prestaron servicios en la época de los hechos; reconocimientos y relevamientos planimétricos de los centros clandestinos de detención.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)