lunes, 24 de octubre de 2011

Operación Paraná, la verdad que se supo luego de 30 años


El caso de los mellizos robados a Raquel Negro fue parte del plan de Inteligencia que se conoció como Operación México, con el cual la dictadura intentó asesinar a la cúpula de Montoneros

La tarde del domingo 23 de noviembre de 2008, en la casa familiar de Villa Ramallo, Sabrina Gullino recibió la notificación del Juzgado Federal de Paraná por la cual se citaba a sus padres a declarar en la causa Trimarco. Ella, que por entonces tenía 30 años, sabía desde siempre que era adoptada y últimamente sospechaba que sus progenitores biológicos podrían haber sido víctimas del terrorismo de Estado. Pero no sabía qué era la causa Trimarco; su padre, Raúl Gullino, pensaba que podría tratarse de un juicio iniciado por una aseguradora de autos, porque una vez, muchos años antes, había chocado cerca de la capital entrerriana. En ese mismo momento, Internet tuvo la respuesta: los estaban citando para testimoniar en el marco de una investigación por robo de bebés durante la dictadura.
Un mes después, Sabrina conoció a su hermano de sangre, Sebastián Álvarez. El Banco Nacional de Datos Genéticos acababa de confirmar la relación de sangre que los unía en un 99,9999%. Era el desenlace de una pesquisa judicial que se inició el 18 de mayo de 2005, cuando el coordinador del Registro Único de la Verdad, Guillermo Germano, llevó a la Justicia un anónimo que le habían tirado por debajo de la puerta y denunció los posibles delitos de apropiación de menores nacidos en el Hospital Militar de Paraná durante el cautiverio de sus madres y de sustitución de sus identidades. El expediente comenzó desde entonces a crecer en pesados volúmenes, bajo la carátula Guillermo Germano s/ su denuncia"; para luego adquirir por nombre el del principal responsable de la represión ilegal en Entre Ríos, el general Juan Carlos Ricardo Trimarco. Enseguida se constituyó como querellante Sebastián, ya que la investigación se centró en el caso sobre el que parecía haber más pruebas a mano, el de su madre Raquel Negro, embarazada de seis meses cuando fue secuestrada el 2 de enero de 1978.
Los jueces federales Myriam Galizzi y Gustavo Zonis –los que más participación tuvieron–, los fiscales federales Mario Silva y José Ignacio Candioti, los abogados representantes de la querella que fueron interviniendo en distintas etapas –Marina Barbagelata, Marcelo Baridón, Gamal Taleb, Álvaro Piérola, Florencia Amore; los representantes de Abuelas de Plaza de Mayo Ana Oberlin y Álvaro Baella, y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Lucas Ciarnello–, el Registro Único de la Verdad y los organismos de Derechos Humanos lograron reconstruir cómo sucedieron los hechos. Raquel Negro y su pareja, Tulio Valenzuela, junto con el pequeño Sebastián –hijo de Raquel y Marcelino Álvarez, ya desaparecido en aquel entonces–, fueron secuestrados en la puerta de la tienda Los Gallegos de Mar del Plata por un grupo de tareas del Segundo Cuerpo de Ejército y trasladados al centro clandestino de detención conocido como la Quinta de Funes, en las afueras de Rosario. Allí los miembros de la patota del Destacamento de Inteligencia 121 mantenían secuestrados a un grupo de integrantes de Montoneros, movimiento al que también pertenecían Raquel y Tulio. A cambio de dejar al niño con sus abuelos maternos, la pareja simuló aceptar la propuesta de participar de la Operación México, que tenía como propósito asesinar a Mario Eduardo Firmenich y otros dirigentes de la cúpula de esa organización armada que residían en ese país. Tulio, también conocido como Tucho, viajó junto con un grupo de agentes de Inteligencia, pero una vez en tierra azteca logró escaparse y desbaratar la operación: el 18 de enero de 1978, en una conferencia de prensa en la casa montonera, denunció el plan de inteligencia que tenía como cabeza al jefe del Segundo Cuerpo, Leopoldo Fortunato Galtieri. El 20 de enero de 2008, documentos que hizo públicos el National Security Archive, de los Estados Unidos, revelarían que los integrantes de la delegación fueron: Jorge Alberto Fariña, bajo el nombre falso de Eduardo Ferrer y cuyo nombre de guerra en Argentina era Sebastián; Juan Daniel Amelong, como Pablo Funes, Daniel; Jorge Cabrera, como Carlos Carabetta, Barba –los tres integraban el Destacamento de Inteligencia 121–; el montonero colaboracionista Carlos Laluf como Miguel Vila y Tucho como Jorge Cattone. En esa conferencia, Valenzuela responsabilizó a Galtieri por la vida de su mujer, que había quedado como rehén, y de los mellizos por nacer, aunque él todavía pensaba que era un solo bebé. Los espías argentinos fueron detenidos y expulsados. Mientras tanto, en Argentina, los represores levantaron la Quinta de Funes y llevaron a los detenidos a la escuela Magnasco de Rosario y posteriormente a la quinta La Intermedia, propiedad de la familia Amelong, ubicada a la vera de la autopista hacia Santa Fe y frente a una estación de servicios.
Operación Paraná
Los responsables de la represión ilegal en Rosario procedieron con Raquel como lo hacían con la mayoría de las secuestradas embarazadas: robaron sus bebés y les cambiaron sus identidades, para luego asesinarla a ella. Coordinaron el plan con las autoridades militares de Paraná, donde existía el Hospital Militar más cercano. Jaime Dri, sobreviviente de la Quinta de Funes, la Magnasco, La Intermedia y de la ESMA, dijo que fue trasladada dos veces a la capital entrerriana para controles prenatales. Luego, cuando todavía faltaba un tiempo para el parto, la volvieron a trasladar y nunca regresó. Desde 1984 se conocía de este viaje a Paraná, cuando Miguel Bonasso publicó Recuerdo de la muerte, basado en el testimonio de Dri.
La patota que comandaba Pascual Guerrieri coordinó el operativo con Trimarco y con el agente de Inteligencia Paul Navone. Internaron a Raquel en la guardia médica, donde habían instalado una precaria reja en la ventana. En una cama dormía la cautiva y en otra el custodio de turno, designado por Marino González, otro miembro del grupo de tareas. Cuando llegó el momento del parto la llevaron en camilla por el parque del nosocomio hasta la sala de Maternidad. Allí intervinieron médicos que no pertenecían a la institución. Primero nació el varón; la madre alcanzó a abrazarlo, pero rápidamente se lo llevaron. Después nació la nena. Ambos niños fueron ingresados a Terapia Intensiva, que estaba a cargo del anestesista y militar Juan Antonio Zaccaría. No era un lugar adecuado para recién nacidos, menos para el varón, que presentaba una cardiopatía congénita, según recordaría durante el juicio el médico que lo atendió, Alfredo Berduc. Ya no estaban bajo la esfera de cuidado de la madre ni de otros familiares y tampoco tenían nombres. En Terapia, por orden de Zaccaría, los inscribieron como NN. Las enfermeras los llamaron Soledad y Facundo.
Berduc, y posiblemente también el médico Juan Ferrarotti, gestionaron la derivación de los niños al Instituto Privado de Pediatría (IPP), ubicado en España 312, donde existía un servicio de Neonatología. Nadie avisó a la madre y mucho menos pidió su consentimiento. En el IPP ingresó primero la niña, el 4 de marzo. La registraron como "López, Soledad", proveniente del Hospital Militar. El 10 de marzo ingresó el varón, como "NN López" y con la misma procedencia. Se supone que durante ese lapso de seis días el bebé pudo haber estado en el hospital San Roque. En el libro de ingresos y egresos figura que ambos fueron dados de alta el 27 de marzo. Ese mismo día, a la noche, Sabrina (o Soledad), fue dejada abandonada en la puerta del Hogar del Huérfano de Rosario. El testigo Eduardo Costanzo dijo que los encargados de ese procedimiento fueron Juan Amelong y Walter Pagano. Lo mismo dijo el hijo de Navone, Pablo, reproduciendo lo que le contó su padre antes de suicidarse en 2008. En el orfanato registraron a la beba como "NN María Andrea". La Justicia de Menores la entregó en adopción a los Gullino.
A Raquel la asesinaron, la llevaron a La Intermedia en el baúl de un auto y la tiraron al mar en un vuelo de la muerte. Valenzuela fue degradado por la cúpula de Montoneros y enviado a la Argentina en la Primera Contraofensiva. Fuerzas de seguridad lo sorprendieron en la frontera con Paraguay y su cuerpo nunca apareció. Al bebé varón sus hermanos todavía lo buscan.

El derecho y los caníbales


El juez López Arango analizó la trascendencia social del juicio, defendió el respeto del debido proceso y confesó que este caso representó "un desafío" en su carrera judicial

A. H.
"En lo personal fue un desafío, en todo sentido: físico, psíquico. Y después un compromiso, porque uno vive acá, la gente por la calle te para, gente que te conoce, que no te conoce. Algunos te elogian, otros te critican, uno está expuesto en ese sentido. Sin ninguna duda fue un desafío personal, profesionalmente incluso". Roberto López Arango, paranaense, presidente del Tribunal Oral Federal, cree que la premisa de que los jueces hablan sólo a través de sus sentencias pertenece a otra época. En ese marco le contó a UNO sus impresiones sobre el primer juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolló en Entre Ríos; destacó la atención social que hubo en estos últimos dos meses y defendió el respeto a rajatabla por el debido proceso, aunque eso implique permitir decir lo que piensan a quienes hacen su particular "lectura de la historia", como se refirió a los discursos que muchas veces fueron justificaciones del terrorismo de Estado.
Al finalizar el debate, los propios represores reconocieron la "imparcialidad" de López Arango, su estilo de dejarlos hablar. Ese estilo, según dijo, además de ser un mandato constitucional, tiene que ver con su oficio: "Ustedes, los periodistas, a medida que ejercen la profesión empiezan a manejarse teniendo oficio respecto de su trabajo. Y lo nuestro no es distinto: yo tengo una carrera judicial muy prolongada en el tiempo; me recibí muy joven, a los 23 años, y a los 24 ya era funcionario de la Justicia".
"El juez no tiene que actuar con prejuicios. Obviamente, algún prejuicio siempre uno tiene, pero el oficio del juez hace que uno aprenda a manejarlos. Cuando uno aprende a manejarlos empieza a ser un poco mejor juez. Porque prejuicios tenemos todos, incluso todos tenemos una formación política, tenemos un origen social y cultural que en algún momento aparece en nuestra actividad. Justamente, manejar eso, hace al rol del juez. Entonces, en estos juicios, la idea es que todas las partes se puedan expresar. Los acusados hacen sus defensas, sus planteos, hacen una lectura de la historia, y tienen derecho a hacerlo si queremos que el juicio sea un verdadero juicio. Traté de darles la libertad en la medida que lo hicieran con respeto, no manejándose groseramente ni con expresiones fuera de lugar, pero que pudieran decir lo que sentían, ejercer su verdadero derecho de defensa. Los americanos, que son un poco los ideólogos conceptuales del debido proceso legal, tienen una expresión que para mí es muy gráfica que es ‘Your day in court’: tu día en la corte. Es decir, el día que un juez o varios jueces te van a prestar atención para que vos te defiendas, es tu día, y eso hay que respetarlo".
—En algún punto resultaba paradójico que reclamaran debido proceso quienes en su momento no lo tuvieron en cuenta. ¿A usted le surgió esa paradoja?
—Puede ser, pero siempre tengo una idea central: alguien dijo que en la lucha contra el caníbal lo que no se puede hacer es comerse al caníbal, porque si no no sirve. Si nosotros vamos a hacer un juicio donde de antemano ya vamos a saber el resultado y no les vamos a dar la oportunidad, entonces para qué hacemos el juicio; es una parodia.
Afrontar el paso del tiempo
—El hecho de que hayan pasado más de 30 años desde que se cometieron los hechos, ¿perjudicó de alguna manera la posibilidad de reconstruir lo que pasó, de llegar a la verdad, o se pudo afrontar ese desafío con éxito?
—Creo que se ha afrontado con bastante éxito el desafío. Digamos que también, de alguna manera, eso condicionó a que los jueces nos pusiéramos en la situación de entender que estas causas prácticamente se desarrollan a través de los testimonios. Y ustedes saben, hay quienes han desaparecido por testimoniar, así que no es fácil que una persona testimonie, que dé nombres, que reconozca a sus represores, si bien la militancia, sobre todo las agrupaciones de Derechos Humanos, se ha preocupado por investigar, por hurgar, por conseguir nombres, incluso por proteger a los testigos. Esto de alguna manera facilitó la posibilidad de que se hiciera el juicio. Se buscan los testigos, se los lleva, se los trae, se los protege. Después tenemos el problema del paso del tiempo, no obstante lo cual, quien de alguna manera ha sufrido y ha sido víctima de esto, no se olvida, lo tiene muy patente en su memoria.
—¿Puede hacer una valoración de los aportes de las enfermeras?
—El aporte de esos testimonios ha sido interesante. Son trabajadoras de la salud que han tratado de recordar lo que habían vivido, la experiencia.
—Se ha cuestionado a los médicos.
—Se los ha cuestionado. Las partes pudieron interrogarlos profundamente, hubo careos incluso. Evidentemente las enfermeras recordaban cuestiones que los médicos no recordaban. Habría que valorar también cómo es el rol de cada uno, el tiempo que una enfermera pasa con los pacientes, los médicos los ven de una manera más fugaz. Además las enfermeras eran mujeres y se trataba de bebés, puede haber ahí un sentimiento maternal que hace que recuerden con más frescura los hechos.
Lesa humanidad
López Arango dijo que la sociedad paranaense siguió el juicio con interés y se escucharon diferentes opiniones: "Hay algunos que hasta no están de acuerdo con que se realicen este tipo de juicios. No podemos negar que el proceso militar tuvo un componente civil de apoyo que seguramente no va a estar de acuerdo. Uno lo escucha, todavía hay voceros, hay gente que lo dice, más abiertos o no. Pero me parece que la sociedad ha comprendido la necesidad de estos juicios.
—Hay un sector que dice que también se deberían hacer juicios por las víctimas de lo que se denominó la subversión. ¿Usted qué opina al respecto?
—Hay fallos de la Corte en ese sentido. Los delitos de lesa humanidad para ser considerados tales requieren de determinados requisitos, como que la agresión provenga del aparato estatal, o por lo menos paraestatal, al margen de la ley, con una estructura organiza de poder. La Corte ha dicho que los otros hechos, por más aberrantes que sean, están sujetos a las normas comunes de prescripción. Esos son los parámetros que se han establecido en la causa Priebke, en la causa Arancibia Clavel.

Juicio en el Comando
Para el juicio de lesa humanidad que se hará el año que viene, que tendrá como principal acusado a Albano Harguindeguy, la idea del tribunal es utilizar el edificio donde funcionaba hasta hace poco el Comando de Brigada, en 25 de Mayo 233, que fue adquirido por el Estado nacional. Allí hay un espacio donde se puede instalar una sala de audiencias más amplia que la que se utilizó en la causa Hospital Militar, de la Cámara Federal de Apelaciones. "Si no llegamos para ese juicio, tendremos que buscar un lugar más cómodo, porque habrá más imputados y más víctimas", dijo López Arango.
Si se utiliza el Comando de Brigada tendrá un simbolismo especial, ya que allí se realizaban los Consejos de Guerra, parodias de juicios a los detenidos ilegales, aunque para el magistrado simplemente se busca "tener un lugar adecuado".

Economía procesal
López Arango es de la idea de que los juicios de lesa humanidad se instrumenten de un modo diferente, por "economía procesal" y otras razones: "Yo creo que acá, y esta es una opinión personal, debió instrumentarse una mayor concentración de los juicios. Se debió buscar una forma de concentrarlos por regiones o por número de causas, y acumularlas. Acá se están multiplicando las causas contra los mismos imputados". Eso es lo que se persigue al acumular las tres causas de la costa del río Uruguay que se someterán juntas a juicio el año que viene.
"Fíjese que en estos imputados hay algunos que tienen hasta dos condenas, en juicios separados. Y estos juicios van a seguir. Además surgen nuevos juicios porque entran a aparecer otros hechos. Desde el punto de vista de la eficacia de la Justicia debió intentarse no guiarse por los parámetros de cómo se instrumentan las causas penales habitualmente. Se debió someter a juicio a las personas en una sola oportunidad, no a multiplicidad de juicios que se van reproduciendo. Para el imputado es un tema porque está tironeado por distintos tribunales, sale de una causa para ser juzgado en otra, hasta con una repercusión en su físico, porque no es fácil estar en el banquillo de los acusados", sostuvo.

“Trabajamos para que estos delitos no queden impunes”


Los fiscales Marina Herbel y José Ignacio Candioti aseguraron que es primordial juzgar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad, para que no se vuelvan a cometer

A. H.
Los fiscales José Ignacio Candioti y Marina Herbel analizaron lo sucedido a lo largo del juicio durante una extensa entrevista con UNO. Destacaron la importancia de juzgar los delitos de lesa humanidad para que no se vuelvan a cometer, subrayaron los aportes que hicieron las enfermeras y mencionaron la conducta "negligente" y de "demasiado olvido" de algunos médicos.
El viernes 14, en sus últimas palabras, el imputado Juan Daniel Amelong lanzó una crítica al Ministerio Público Fiscal (MPF) por haber respetado "a pie juntillas" la política de Estado sobre derechos humanos. Ante esas expresiones, que llevaban implícita una acusación de supuesta dependencia del poder político, Candioti respondió: "Lo que se respetó desde el MPF fue la política criminal que establece el procurador general de la Nación de considerar que estos temas, las violaciones a los derechos humanos, son primordiales para el juzgamiento en la Argentina de hoy, desde la óptica de la parte que nosotros representamos. Teniendo en consideración todos los aspectos jurídicos de esta cuestión, deben ser juzgados con el pleno respeto de todas las garantías que da el estado de derecho y deben ser castigados. Eso es lo que quiere la Procuración y así se ha realizado el juicio. Estos delitos no pueden quedar impunes, porque correríamos el riesgo de que se vuelvan a cometer". La necesidad de acabar con la impunidad surgió en varios pasajes de la conversación.
—¿Coinciden con la consideración pública de que fue un juicio histórico?
—Herbel: En un principio uno no toma dimensión por la vorágine de trabajo, pero a medida que se fue desarrollando el juicio tomé conciencia de que fue un juicio trascendente, de una etapa histórica, en donde se reconstruyeron distintas situaciones que está bien que salgan a la luz, que se tome conciencia para que no se vuelvan a cometer. Desde el mismo Estado se cometieron hechos ilícitos, valiéndose de materiales del Estado; hay personas desaparecidas, se ha desestructurado toda una familia. Realmente fue una etapa muy negativa de nuestra historia y está bueno que la sociedad de Paraná tome conciencia de ello para que nunca más se vuelva a repetir.
—Candioti: Yo creo que es muy importante, primero, que se haya arribado a la etapa de juicio oral y público luego de muchos años de investigación, y finalmente que luego de estos dos largos meses de audiencia pueda un tribunal de la Nación dictar una sentencia resolviendo acerca de las peticiones de las partes. Desde este Ministerio Público Fiscal creemos que han quedado claros los delitos cometidos. Estamos hablando de robo de bebés, de delitos contra el estado civil de las personas, que le impidieron a los padres estar en contacto con sus hijos, criar a sus hijos, y a su vez del derecho vulnerado de esos niños de tener relación con su familia de origen. Entonces creo que lo valioso es, por un lado, dejar el mensaje de que estos delitos no se pueden volver a cometer, y por el otro que sea la Justicia la que resuelva mediante una sentencia este tema. También debemos reconocer que para llegar a esta instancia del juicio oral hubo muchos pasos dados anteriormente por el MPF, por los querellantes, por los organismos de Derechos Humanos, por el Poder Judicial. También creo que se ha cumplido cabalmente con todos los pasos del debido proceso. Y es crucial no perder de vista que estamos hablando de delitos de lesa humanidad. Siempre el Estado necesita de su juzgamiento. Son delitos que vulneran derechos elementales como la vida, como la libertad, como la dignidad. Como dice el doctor (Ricardo) Lorenzetti: no se puede tolerar lo intolerable.
—¿Ahora que el juicio terminó, creen se está más cerca de encontrar al mellizo que falta?
—C: Quiero ser prudente en la respuesta, porque me parece que no hay que generar falsas expectativas, pero creo que dentro de la prudencia, hay elementos como para avizorar que tal vez se pueda llegar a la determinación del paradero de este chico. Una de las cosas que han quedado claras a través de este juicio, y es muy importante, es que a las enfermeras y los médicos del IPP (Instituto Privado de Pediatría) que se le preguntó insistentemente por ese registro (el libro de ingresos y egresos), decían que si estaba la fecha de alta es porque el bebé varón salió vivo. Eso quedó absolutamente en claro. Eso quiere decir, primero, que no nació muerto; segundo, que no falleció inmediatamente luego de nacer, que era otra de las posibilidades. A partir de ahí se abren las hipótesis sobre cuál sería su paradero actual.
—H: Hacemos un llamado a la gente de Paraná que sepa de alguna adopción ilícita o clandestina o sin seguir los caminos legales correspondientes en aquella fecha, marzo de 1978, que aporten datos. Que se comuniquen o con el Juzgado o con la Fiscalía de primera instancia o con la Fiscalía de Derechos Humanos. Puede ser a través de un llamado anónimo.
—¿La pista de que Navone se quedó con el niño es verosímil?
—C: Es una de las pistas sobre las cuales hay algunos elementos que indican que hay una cierta probabilidad de que por ahí vaya la cuestión, pero tampoco hay que descartar otras posibilidades. Desde el MPF está toda la voluntad puesta en considerar prioritario este tema.
—¿Qué evaluación hacen de los testigos?
—C: Los testimonios han sido claros y contundentes, en el sentido de acreditar que los hechos ocurrieron y que ocurrieron de la manera que lo habían planteado las acusaciones y los alegatos. También se acreditó la responsabilidad de cada uno de los seis imputados. Hay que reconocer el valor de los testimonios: en este tipo de juicios, y así dijo la Causa 13, los testigos son un medio de prueba necesario. Lo dice también la doctrina. También hay que reconocer la valentía de esas enfermeras que declararon. Si bien es verdad que el Estado hoy brinda una protección a los testigos, que es digno de destacar, hay que valorar que dijeron la verdad con total coraje.
—H: También quedó reflejado en el debate que las enfermeras estuvieron muy comprometidas en aportar elementos a la causa. Puede ser cierto que una enfermera no tiene tanta actividad como un médico y es más lógico que recuerde, porque eso fue lo que pretendieron justificar los médicos, pero notamos que, sobre todo los médicos del IPP, formaron un concierto, un mismo discurso de no recordar nada y un actuar muy negligente de su parte, porque si en el año 2000 aportaron ese libro que fue muy valioso para esta causa, ninguno de ellos investigó qué había pasado pudiendo hacerlo, ya que eran los dueños. De todas maneras, esa situación negligente que observamos no dio para hacer una imputación de otro tipo.
—Durante el juicio usted se refirió a ese acontecimiento que mencionaron los médicos del IPP de que se había inundado el depósito donde estaban las historias clínicas, en el Sanatorio del Niño de calle Libertad. Usted dijo que vivió ahí. ¿Por qué dijo eso?
—H: Porque yo efectivamente viví ahí y me daba la impresión de que el lugar donde ellos decían que estaban esos registros no era un lugar inundable, era un lugar seco. Supuestamente hicieron modificaciones, era una casa antigua, salvo que haya sido por eso.
—Hubo varios llamados de atención del tribunal a los médicos porque estarían ocultando información, ¿ustedes qué piensan?
—H: No sé si ocultar información, por ahí demasiado olvido. Salvo que surja la hipótesis de una adopción dada desde el IPP; pero no surge de manera clara del debate.
—C: En la investigación que sigue en curso sobre el paradero del varón en el Juzgado federal hay que producir una serie de pruebas que quizá tengan algo que ver con el motivo de su pregunta.

Sensaciones
Consultada por cómo vivió el juicio en lo personal, Herbel manifestó: "Con mucha motivación, porque hay mucho dolor detrás y doy gracias a Dios de que se ha desarrollado con normalidad. Agradezco a las víctimas y quienes acompañan a los imputados, porque no ha habido agresiones". Por su parte, Candioti respondió: "Creo haber puesto un granito de arena para que estos delitos tan aberrantes puedan ser juzgados y atribuidas las responsabilidades correspondientes. Como dije cuando terminó el juicio de Santa Fe (por la causa Brusa) en que también intervine: si bien los fiscales somos las caras, hubo una tarea de mucha otra gente que posibilitó que lleguemos a esta etapa; la Fiscalía de primera instancia y de Cámara, los querellantes y muchos otros".

Luego de 33 años, el silencio y la impunidad fueron superados


La capital entrerriana tuvo su primer juicio por la verdad. Una multitud se hizo presente frente
a la Cámara Federal de Apelaciones. Una jornada que marcará un punto de inflexión en la historia

Marcelo Medina
De la Redacción de UNO

Calle 25 de Mayo se convirtió ayer en una gran tribuna. Una multitud de jóvenes, viejos y niños se paró frente a la Cámara Federal de Apelaciones a observar las imágenes del interior del recinto que emitían dos plasmas colocados en el frente del edificio. Algunos cantaban, otros charlaban, pero todos hacían algo para canalizar la ansiedad.
A las 17.20 el silencio se hizo sentir. Alguien avisó que ya empezaba la lectura de la sentencia. Nadie más habló. Todos los que pudieron fijaron sus miradas en los monitores, otros sólo escucharon el fallo a la distancia imposibilitados por la gran cantidad de gente que se acercó a escuchar el cierre de un juicio histórico.
Un grito, mil voces, aplausos y silbidos se mezclaron cuando culminó todo. Se cerró una causa, pero se abrió otra que viene llena de esperanza. De inmediato, comenzó a retumbar el apodo del director de está película de la vida: Mencho (por Guillermo Germano). No se necesitaba aclarar su apellido, toda la gente sabía de quién se hablaba. "Haber conocido al Mencho me pone muy feliz. Yo era bastante negativo al principio, pero el Mencho no te dejaba ser pesimista y te motivaba", dijo a UNO Sebastián Álvarez, hermano de Sabrina Gullino.
"Él fue el primero que denunció y nos hizo siempre sentir que íbamos a llegar a condenar a los culpables, lástima que se fue", resaltó Álvarez, quien aseguró que el juicio dejó una puerta abierta para investigar dónde está su hermano.
El joven, visiblemente emocionado, destacó la valentía de las enfermeras que declararon en el debate y criticó la falta de colaboración de los médicos, en especial del Instituto Privado de Pediatría de Paraná.
"Estamos felices"
María Luz Piérola, integrante de la Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos de Entre Ríos (Afader), se consideró feliz por lograr una sentencia. "Hacía 30 años que veníamos peleando por esto y vamos a ir por más; si hay que hacer alguna estrategia legal se hará en su momento, pero se logró sentar en el banquillo a estos represores y eso es muy bueno", precisó.
Piérola reiteró: "Estamos felices logrando en Entre Ríos la condena a los genocidas y eso no es poco. La sociedad entrerriana los está condenando hace rato y por eso festejamos, ya que se logró lo que queríamos".

"Haber conocido al Mencho me pone muy feliz", dijo a UNO Sebastián Álvarez.

La justicia llegó con cinco condenas y una absolución

La primera sentencia por delitos de lesa humanidad en Entre Ríos contempló penas de cinco a 14 años de prisión. Se absolvió a Marino González, presunto integrante de los vuelos de la muerte

Alfredo Hoffman
De la Redacción de UNO

El Tribunal en lo Criminal Oral Federal de Paraná condenó ayer a cinco de los seis acusados por los delitos de robo de bebés y sustitución de identidad durante la última dictadura cívico-militar. Fue la primera vez que la Justicia dictó una sentencia por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Entre Ríos y ese acto representa el comienzo del fin de una impunidad que lleva más de tres décadas de vigencia. En ese sentido, el fallo fue tomado por quienes impulsaron este juicio histórico como el cumplimiento de una etapa crucial, pero también dejó una sensación agridulce por la absolución de uno de los represores y el escaso tiempo de prisión que deberá cumplir otro en forma domiciliaria. Una vez que sean analizados los fundamentos, las querellas analizarán la posibilidad cierta de recurrir en casación (Ver página 3).Mencho Germano, el autor de la denuncia en mayo de 2005 que posibilitó la apertura de la causa y su principal impulsor hasta su fallecimiento en diciembre de 2009. Esa denuncia fue la que permitió que Sabrina Gullino recuperara su identidad y supiera que es hija de los desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela, que nació en marzo de 1978 en el Hospital Militar de Paraná, que fue sustraída por los verdugos de su madre y que tiene un hermano mellizo a quien busca incansablemente junto con su hermano mayor Sebastián Álvarez.Mencho, en todas las personas que nos fueron acompañando. También estoy muy emocionada por toda la gente que se movilizó hasta Paraná y muy contenta por haber podido recuperar mi identidad y participar de este acto de justicia", afirmó.
El veredicto
Los montos de las penas están en consonancia casi por completo con lo pedido por los fiscales Marina Herbel y José Ignacio Candioti en su alegato, con las excepciones de las situaciones de González y Zaccaría, para quienes habían pedido 13 y 11 años respectivamente. Esta similitud se debió a que el tribunal también consideró aplicable –como Herbel y Candioti– la ley vigente al momento de los hechos (Nº 11.179). Asimismo hubo coincidencia en la consideración del médico como partícipe necesario. Por el contrario, los jueces aceptaron el planteo de las querellas de que los otros cuatro condenados fueron coautores y no autores mediatos como propuso el Ministerio Público Fiscal. No se tuvo en cuenta el planteo introducido por los querellantes en su alegato unificado de que la situación del mellizo varón sea considerada desaparición forzada de persona, por la cual habían solicitado para todos la pena de prisión perpetua en cárcel común.
La abogada querellante Ana Oberlin, representante de Abuelas de Plaza de Mayo, dijo a
Sobre la absolución de González dijo que esperará conocer los fundamentos para opinar. En cuanto a los cinco años para Zaccaría aseguró que se esperaba una pena mayor por su condición de médico, que jugó un rol no menor en las primeras horas de vida de los niños y confesó que los escasos cinco años de condena para él fue "la mayor sorpresa".

El absuelto
Marino González, el único absuelto, había sido señalado por el testigo Eduardo Costanzo –ex agente civil de Inteligencia– como quien había coordinado la custodia de Raquel Negro en el Hospital Militar. Además, durante su declaración en el juicio, Costanzo lo había mencionado como responsable de los vuelos de la muerte: "Les digo a Sabrina y a Sebastián que le miren bien la cara a González, porque él fue el último que tocó a su madre cuando la tiraron del avión", había dicho. González quedó en libertad con relación a esta causa, aunque permanece con prisión preventiva en Rosario por otro proceso por crímenes de lesa humanidad.
UNO que se esperaban penas más severas porque se trata de dos apropiaciones y por la entidad que tienen estos delitos. "Es importante que los jueces, pero también la sociedad, entiendan que estos delitos son gravísimos, pero también las consecuencias que tienen siguen impactando aún hoy, a 35 años de la dictadura y de estos hechos. Pero más allá de eso hemos logrado condenas y eso sigue siendo positivo", indicó.
Roberto López Arango, presidente del tribunal que también integraron Lilia Carnero y Juan Carlos Vallejos, comenzó a leer a las 17.20 la parte resolutiva del veredicto. Afuera de la sala de calle 25 de Mayo se habían congregado cientos de militantes de Derechos Humanos de Paraná y otras ciudades del país, que en ese momento hicieron un tenso silencio. La sentencia condenó a cuatro de los cinco ex integrantes del Destacamento de Inteligencia 121: a Pascual Oscar Guerrieri a 14 años de prisión, a Jorge Alberto Fariña y Juan Daniel Amelong a 13 años y a Walter Salvador Dionisio Pagano a 11. Y absolvió al quinto, Marino Héctor González. En tanto, también condenó al ex médico del Hospital Militar de Paraná Juan Antonio Zaccaría a cinco años de prisión. Hubo silbidos no sólo cuando se escuchó el beneficio para González, sino también cuando López Arango confirmó las prisiones domiciliarias de Guerrieri y Zaccaría.
De todos modos hubo celebraciones por las condenas, con un festival musical en la calle, y un recuerdo especial para Guillermo
Sabrina, con toda la emoción a cuestas, sintetizó sus sensaciones: "Esperábamos perpetua aplicando la figura de desaparición forzada por el melli, pero estamos contentos porque se cierra una etapa y se abre otra, y porque comprobamos que los juicios tienen todo un valor social. Además, para nosotros este juicio sirvió para probar que él está vivo, así que apostamos a encontrarlo. Cada vez estamos más cerca".
Sobre la absolución de González dijo que "es la parte más dolorosa", pero "es la sentencia que hay". En ese sentido, rescató el valor de este acto de justicia: "Nosotros apostamos a esta instancia de justicia, a los imputados se les brindaron todas las garantías; y también pensamos mucho en lo que nos dejaron las Madres y las Abuelas que es apostar no a la venganza, sino al contrario, a la reconstrucción de la historia a través de la Justicia con las instituciones democráticas y esto es lo que tenemos que defender siempre".
"Pensamos mucho en todas las personas que son parte de esta historia, en mis papás, en el

sábado, 15 de octubre de 2011

Tras 33 años de impunidad, el viernes habrá sentencia



En una semana se dará a conocer el veredicto en el juicio por robo de bebés durante la dictadura. Será un hecho histórico para la provincia. Ayer los represores dijeron sus últimas palabras.

Dentro de siete días la ciudadanía entrerriana conocerá, por primera vez, una sentencia por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en su territorio. El viernes a las 17 el Tribunal Oral Federal hará público su veredicto y una síntesis de los fundamentos en el juicio que se desarrolló hasta ayer por robo de bebés nacidos en el Hospital Militar de Paraná. En la calle 25 de Mayo, frente a la sede de la Cámara Federal de Apelaciones, habrá espectáculos y una manifestación convocada por los organismos de derechos humanos para acompañar el hecho sin precedentes que significa que haya justicia para crímenes cometidos en el marco del terrorismo de Estado y que se han mantenido impunes por más de tres décadas.

Este viernes, cinco de los seis represores acusados aprovecharon la oportunidad de expresar sus últimas palabras antes de la sentencia. Al hacerlo, los militares Jorge Alberto Fariña, Juan Daniel Amelong, Pascual Oscar Guerrieri y Marino González y el ex agente civil de Inteligencia Walter Pagano se declararon inocentes y dijeron desconocer los crímenes por los cuales fueron responsabilizados. El médico y también militar Juan Antonio Zaccaría, ex jefe de Terapia Intensiva del hospital de avenida Ejército, prefirió mantenerse en silencio.

Los hechos que dicen desconocer son la sustracción y la sustitución de identidad de los hijos mellizos de la pareja de militantes montoneros desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela, que nacieron en marzo de 1978 en el nosocomio castrense paranaense. Uno de esos mellizos, Sabrina Gullino, recuperó su identidad a fines de 2008, mientras que el restante, un varón, continúa siendo buscado. Los cinco reos que hablaron ayer ocupaban puestos claves en el Destacamento de Inteligencia 121; mantuvieron cautiva a Raquel Negro embarazada en los centros clandestinos de detención de Rosario y organizaron y ejecutaron el plan que comprendió su traslado hasta el hospital paranaense para que aquí se produjera el parto en forma ilegal y el robo y supresión de identidad de los niños, previa derivación al Instituto Privado de Pediatría. Estos delitos, considerados de lesa humanidad desde el momento de los procesamientos, se fueron comprobando durante el curso de la instrucción de la causa y del debate oral y público y por ellos las querellas solicitaron penas de prisión perpetua y los fiscales entre 11 y 14 años de cárcel.

En la primera parte de la jornada las partes acusadoras rechazaron los planteos de prescripción y de nulidad de los alegatos que habían efectuado las defensas el jueves. Por su parte, los representantes de los represores insistieron con sus requerimientos en ese sentido.

Al finalizar la audiencia el presidente del Tribunal, Roberto López Arango, declaró la clausura del debate y anunció que los jueces se retiraban a deliberar hasta el viernes. Ese día, aproximadamente a las 17, se dará a conocer el veredicto y una síntesis de los fundamentos. Así se dará fin al proceso iniciado en mayo de 2005 con la denuncia del coordinador del Registro Único de la Verdad, Guillermo Antonio Germano, antes que en la provincia se concretara la reapertura de las causas de lesa humanidad archivadas por efecto de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Paralelamente, en el Juzgado federal de Gustavo Zonis, seguirá tramitando el sumario abierto para determinar el paradero del mellizo varón, hermano de los querellantes Sabrina Gullino y Sebastián Álvarez, y para determinar otras posibles responsabilidades penales.

Últimas palabras
Sólo Zaccaría prefirió mantenerse callado y no usar la instancia de las últimas palabras. Los demás se sentaron ante el estrado para decir que son ajenos a los hechos. Incluso lo hizo Pagano, el ex agente civil de Inteligencia que estuvo ausente durante la mayor parte del juicio. En su escueta declaración, la única en dos meses, se acordó de Eduardo Costanzo, su ex compañero de patota que denunció a los procesados como intervinientes en el plan de robo de los bebés. “Soy inocente y con respecto a la denuncia de Costanzo, es totalmente falsa. Nada más”, balbuceó.

El primero en declarar fue Fariña. “Yo también quisiera saber qué ha pasado con los mellizos de Raquel Negro”, manifestó. “Nunca impartí ordenes ilegales ni recibí de ninguna orden ilegal. Costanzo es un delincuente y yo un hombre de bien”. Para defenderse eligió una frase de Juan Domingo Perón: “La única verdad es la realidad y la realidad y la verdad es que en el momento de los hechos estaba de vacaciones en Mar del Plata y después fui afectado a tareas del mundial del fútbol en la subsede Rosario”.

“Es en este momento cuando uno más se siente el reo”, dijo Amelong, pretendiendo dar un marco de emotividad a sus últimas palabras. Luego cuestionó los juicios contra los represores de la dictadura citando al abogado y académico y ex funcionario de Mauricio Macri, Daniel Pastor, un conocido crítico de los organismos de derechos humanos y defensor de la prescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad: “Pareciera que los derechos humanos son la octava maravilla del mundo, cualquier cosa que se pueda contraponer es condenable y no tiene que ser atendida con las normas del derecho penal”.

Guerrieri, en tanto, buscó desligarse de los hechos responsabilizando a su jefe en el Segundo Cuerpo de Ejército, Leopoldo Fortunato Galtieri, y nuevamente al militar que se suicidó en 2008, Paul Navone: “Galtieri tenía la potestad de ordenar lo que quisiera. Es muy claro que él puede haber ordenado directamente a un elemento dependiente como Navone que cumpliera esa misión”.

González también dijo ser inocente. “No delinquí, no ordené delinquir, nadie que estuviera a mis órdenes delinquió”, se defendió.

Réplicas y contrarréplicas
Ayer la fiscalía y las querellas contestaron los planteos que efectuaron anteayer las defensas. La fiscal Marina Herel rechazó la solicitud de prescripción de los delitos argumentando que “el tema ya fue planteado en la instrucción de la causa y resuelto el 17 de noviembre de 2011”. Además mencionó que estos crímenes “ofenden a la dignidad humana, a la vida y a la moral pública” y no prescriben por ser de lesa humanidad, tal como fueron enunciados desde la causa 13/84 –el Juicio a las Juntas– y como fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los tribunales internacionales. El fiscal José Ignacio Candioti rechazó los planteos de nulidad de las acusaciones, que la defensa había realizado por la alegada violación al “principio de congruencia”. “El principio de congruencia exige que los hechos que les han sido endilgados a los encartados y se les ha hecho conocer como imputación sean los mismos por los cuales se los somete a juzgamiento (…) Los hechos no han variado desde que empezó esta causa. Siempre la plataforma fáctica fue la misma”, dijo Candioti.

Desde la querella unificada, Álvaro Piérola adhirió a lo dicho por la fiscalía sobre la prescripción: “Declarar prescriptibles estos delitos a esta altura del partido es una tesitura aventurada”, sostuvo.

Florencia Amore también compartió lo manifestado por la Fiscalía sobre el planteo por la supuesta vulneración del principio de congruencia procesal.

viernes, 14 de octubre de 2011

Las defensas solicitaron la absolución de los represores



Argumentaron que faltan pruebas que incriminen a los acusados en el robo de bebés. Responsabilizaron al testigo Costanzo y a Navone, Galtieri y Trimarco. Plantearon la prescripción.

Los defensores pidieron ayer la absolución de los seis acusados en el juicio por robo de bebés que se desarrolla en Paraná. Los representantes de cinco de los represores argumentaron falta de pruebas, el beneficio de la duda y la nulidad de las acusaciones. Además expusieron una hipótesis alternativa a la investigación de los hechos realizada hasta el momento, según la cual los responsables no serían los acusados sino el testigo Eduardo Costanzo y un grupo de militares que se encuentran fallecidos o inimputables. Además buscaron involucrar a los médicos que intervinieron en la atención de los bebés.

El tribunal federal de Paraná, que integran Roberto López Arango, Lilia Carnero y Juan Carlos Vallejo, dispuso que el primer juicio oral y público por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en Entre Ríos continúe hoy a las 8.30, con las réplicas y contrarréplicas acerca de los planteos de prescripción y nulidad. En la causa conocida como Hospital Militar se investiga el robo y la sustitución de identidad de los hijos mellizos de la pareja de militantes montoneros desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela, nacidos en marzo de 1978 en el nosocomio castrense paranaense. Uno de esos mellizos, Sabrina Gullino, recuperó su identidad a fines de 2008, mientras que el restante, un varón, continúa siendo buscado.
El defensor oficial Mario Franchi responsabilizó en su alegato, además de a Costanzo, al comandante y el subcomandante del Segundo Cuerpo de Ejército al momento de los hechos, Leopoldo Fortunato Galtieri y Luciano Jáuregui respectivamente; el comandante de la Segunda Brigada de Caballería Blindada con asiento en Paraná, Juan Carlos Ricardo Trimarco, y el ex integrante del Destacamento de Inteligencia 122 de Santa Fe con servicios en la capital entrerriana, Paul Alberto Navone. De ese modo pretendió desvincular a sus representados Pascual Oscar Guerrieri, Rubén Alberto Fariña, Juan Daniel Amelong, Walter Salvador Dionisio Pagano y Héctor Marino González, quienes revistaban en el DI 121 con asiento en Rosario y, según Franchi, no tenían “ni autoridad ni jurisdicción” sobre Paraná. “Nuestra hipótesis es que este hecho fue decidido por Galtieri y Trimarco, y Navone fue autor mediato o directo”, aseveró.

Por su parte Humberto Franchi, abogado del médico militar Juan Antonio Zaccaría, solicitó la absolución de su defendido en base a la supuesta ausencia de testigos que hayan reconocido su intervención delictiva y sosteniendo que su participación fue meramente “sanitaria”. Subsidiariamente pidió que se lo contemple como partícipe secundario, porque habría actuado con “negligencia” pero no con dolo, y se le aplique la absolución por el principio de “pena natural”, argumentando para eso que el estado de salud del procesado es “deplorable” como “consecuencia” del encierro que atraviesa en forma domiciliaria. Asimismo se sumó al reclamo de la defensa oficial de la prescripción de la acción penal y al rechazo de la imputación por desaparición forzada de persona y pedido de pena en base a la aplicación de la ley penal más gravosa que hiciera la querella en su alegato.

La versión de la defensa
De los cinco supuestos culpables señalados por Mario Franchi, tres ya fallecieron: Galtieri, Jáuregui y Navone. El tercero de ellos se suicidó cuando fue llamado a declarar en esta causa y hay testimonios que lo señalan como el presunto apropiador del varón. Un cuarto, Trimarco, fue declarado inimputable por incapacidad mental. Sólo uno de los indicados está vivo: el testigo Costanzo, también integrante del DI de Rosario. Sobre él basó el defensor oficial gran parte de su alegato, intentando desvirtuar las declaraciones que incriminaron a sus representados. Dijo, sintéticamente, que es un “mentiroso patológico”, un “fabulador”, que ha incurrido en “delirios” y tiene “enemistad” y “animosidad” hacia los acusados. En ese marco dijo tener “una lista de 24 razones” que demostrarían que miente.

“Costanzo no miente sobre los hechos, pero sí respecto de la autoría cuando debe protegerse y por eso responsabiliza a otros”, señaló, para luego asegurar que el ex agente civil de Inteligencia conocido como El Tucu conoce los detalles de los hechos porque tuvo “una intervención directa”, por lo cual opinó que debió ser imputado y no testigo.

La defensora Noelia Quiroga planteó que el delito prescribió en 1998. Además los defensores se opusieron al planteo de la querella de que los acusados sean condenados también por el delito de desaparición forzada de personas, para lo cual pidieron la pena de prisión perpetua, y al pedido de aplicación de la ley penal más gravosa para los imputados y más nueva (Nº 24.410) en lugar de la más benigna y vigente al momento de los hechos (Nº 11.179) para los delitos de sustracción de menores y sustitución de identidad.

La responsabilidad de los médicos, según la defensa
Para la defensa oficial los delitos se consumaron en el momento que los bebés egresaron del Instituto Privado de Pediatría, adonde habían sido derivados desde el Hospital Militar, puesto que fue entonces cuando salieron de la esfera de cuidado de los médicos, quienes eran “garantes de la integridad física” de los niños. Antes de esa instancia “no se puede hablar de sustracción, por lo tanto todos los actos anteriores resultan impunes”, aseguró Franchi.

Además el abogado cuestionó la responsabilidad profesional de los médicos y recordó las “evidentes contradicciones” de algunos de los que declararon como testigos y sus “posibles renuencias a declarar” que fueron señaladas por el tribunal. Ese fue el caso de Miguel Torrealday, uno de los socios del IPP, aunque Franchi no mencionó ningún nombre. “Las pruebas son contra la responsabilidad profesional de los médicos y no contra mis defendidos, a quienes nadie vio en Paraná e incluso los testigos dijeron no conocer”, afirmó.

“Otra no le quedaba”
Humberto Franchi, abogado del anestesista Zaccaría, pretendió desvincularlo igualando su intervención en los hechos con las que tuvieron otros médicos que no fueron imputados, como los del Hospital Militar Alfredo Berduc y Juan Ferrarotti y los del IPP con Torrealday a la cabeza. Según dijo, la participación de su cliente fue “casual” y solamente “sanitaria”.

Además remarcó que quien era jefe de Terapia Intensiva del hospital, a diferencia de los otros médicos, reconoció que el nacimiento de los bebés y la internación en esa sala como NN fue una situación irregular; pero no tuvo margen de acción. “A lo sumo le podemos criticar que no tuvo la suficiente fuerza para oponerse a la situación irregular. Las consecuencias que implicaba esto no era sólo la pérdida de trabajo para Zaccaría, era algo más. Podía haber sido uno más de la lista”, manifestó, en alusión implícita a los desaparecidos. Y agregó: “No le quedaba otra”.

Alfredo Hoffman 
De la Redacción de UNO 

jueves, 6 de octubre de 2011

En un emotivo acto, la tesis de Raquel Negro fue entregada a sus hijos

SABRINA Y SEBASTIÁN RECIBIERON LA TESIS DE
RAQUEL NEGRO (FOTO: UNO/PABLO MERLO)

Sabrina Gullino y Sebastián Álvarez recibieron este miércoles el trabajo final de la Licenciatura en Trabajo Social, carrera cursada por su madre desaparecida, Raquel Negro. El acto se realizó en la sede de la Facultad de Trabajo Social de UNER.

Este miércoles Sabrina y Sebastián recibieron la tesis de su madre, desaparecida durante la última dictadura militar. La entrega se realizó en el salón Ofelia Zaragozzi, con la presencia de autoridades de la casa de estudios, amigos y ex compañeros de Raquel Negro.

En este marco, Sabrina Gullino comentó a UNO que “fue un día muy arduo, de mucha alegría, donde nos contactamos con mucha gente y fue como un traspaso de emociones de una generación a otra”.

En este sentido expresó que “en una tesina de Trabajo Social un alumno deja plasmada su subjetividad, su ideología, y esto nos sirve para conocer el pensamiento de nuestra madre a los 20 años y sobre todo, ver su coherencia entre la teoría y la práctica”.

La joven dijo además que  “fue una sorpresa muy linda, y poder leerla a ella a través de este trabajo es muy emotivo”.

“Hoy vivimos un día de mucha intensidad, ya que además estuvimos escuchando los alegatos”, señaló en torno al juicio de lesa humanidad que se tramita ante el Tribunal Oral Federal de Paraná, por la causa conocida como Hospital Militar, donde se juzga a seis represores acusados de la sustracción de los mellizos de Raquel Negro nacidos en cautiverio y de la supresión de sus identidades.

Sobre este tema indicó que “estoy totalmente satisfecha con la actuación de nuestros abogados. Los alegatos de la querella fueron impecables, con una precisión absoluta de la reconstrucción a partir de los testimonios y pruebas de lo que fueron todos estos años de investigación, así que con mis abogados no tengo más que un agradecimiento enorme”.

Sabrina pudo recuperar su verdadera identidad hace casi tres años, mientras que la búsqueda de su hermano mellizo varón todavía continúa.

Pidieron perpetua para los represores por robo de bebés



En el juicio por la causa Hospital Militar, los querellantes consideraron que el hijo varón de Raquel Negro es víctima de desaparición forzada. La Fiscalía pidió entre 14 y 11 años. 

Los querellantes solicitaron ayer fuertes condenas para los seis represores acusados de robo de bebés en el Hospital Militar de Paraná durante la última dictadura: pidieron prisión perpetua de cumplimiento efectivo en cárcel común para todos ellos por haber sido los responsables de sustraer a los hijos de la detenida desaparecida Raquel Negro, alterar las identidades de ambos y hacer desaparecer al mellizo varón. Mientras tanto, la Fiscalía propuso 14 años para Pascual Oscar Guerrieri, 13 para Jorge Fariña, Juan Daniel Amelong y Marino González y 11 para Walter Pagano y Juan Antonio Zaccaría. Los alegatos de los defensores se realizarán el jueves 13.

La diferencia entre la cuantía de la pena solicitada por cada una de las partes acusadoras estuvo motivada en que los abogados de las partes querellantes consideraron que lo sucedido con el hijo varón de Raquel Negro –cuyo paradero todavía se desconoce– configura el delito de desaparición forzada de persona, agravado por haber nacido durante la desaparición forzada de su madre, lo cual fue incorporado en mayo de este año al Código Penal en el artículo 142 ter. A esto agregaron los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de los niños y la supresión de sus identidades.

Los querellantes atribuyeron a Guerrieri, Fariña, Amelong, González y Pagano haber actuado en calidad de coautores y al médico militar Juan Antonio Zaccaría como partícipe necesario. También solicitaron para todos la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y tareas de seguridad privada; y que se revoque la prisión domiciliaria de la cual goza actualmente Guerrieri.

Subsidiariamente, para el caso que el Tribunal Oral Federal de Paraná no acepte la calificación del delito de desaparición forzada, pidieron una pena de prisión de 25 años e inhabilitación de cumplimiento efectivo.

En tanto, los fiscales José Ignacio Candioti y Marina Herbel decidieron mantener la postura asumida en el requerimiento de elevación a juicio del Ministerio Público Fiscal en el sentido de que son autores mediatos Guerrieri, Fariña, Amelong y González, pero se rectificaron en cuanto a Pagano y Zaccaría porque en el curso del debate quedó acreditado que las responsabilidades de ambos deben ser encuadradas dentro de la “participación necesaria”. Además se mantuvieron en que las figuras aplicables son las establecidas en los artículos 139 inciso 2 del Código Penal en concurso real con la establecida en el 146 del CP, es decir la “supresión de estado civil” y la “sustracción de menores”.

Alegato unificado
Los cinco abogados de los querellantes unificaron su alegato y se extendieron durante cuatro horas. Álvaro Baella, representante de Abuelas de Plaza de Mayo, fue el encargado de concluir la exposición. Calificó a los crímenes como de lesa humanidad, que “repugnan a la humanidad en su conjunto”.

El alegato tuvo varias referencias a las palabras de Sabrina y de su hermano mayor, Sebastián Álvarez, quienes al declarar en el juicio describieron de qué modo esos delitos los han perjudicado a ellos y a su familia a lo largo de más de 30 años. Al finalizar su exposición, Baella recordó cuando Sabrina interpeló a los acusados diciéndoles que debían estar arrepentidos de no haberla tirado al río, porque ahora, tanto tiempo después, un tribunal los estaba juzgando.

Además el abogado Álvaro Piérola, representante de la organización Hijos, hizo mención especial a la lucha de cuatro madres de desaparecidos de Paraná: Amanda Mayor, Pepita Goyeneche, Carmen Germano y Clara Fink, a quienes brindó un reconocimiento que fue seguido, como en muchas otras intervenciones de los querellantes, por un cerrado aplauso de la sala.

Al comienzo de los alegatos, Ana Oberlin, abogada de Abuelas de Plaza de Mayo, hizo una precisa descripción del contexto del terrorismo de Estado en el cual se cometieron los delitos. Detalló que durante la dictadura se organizaban los partos de las mujeres secuestradas embarazadas “de dos formas generales: una era organizar en los centros clandestinos de detención verdaderas maternidades clandestinas, donde se llevaba a parir a las mujeres que estaban en ese y otros CCD. La otra era usar infraestructura que ya existía y tenían a mano, que son los hospitales militares, como en el caso abordado en este juicio”. Agregó que durante el debate quedó claro que Raquel Negro “no fue la única mujer que fue traída a parir ilegalmente aquí”.

Luego la abogada de Hijos, Florencia Amore, Álvaro Baella y el representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Lucas Ciarnello, detallaron cada una de las pruebas que incriminan a los acusados.

Ciarnello explicó que Guerrieri, Amelong, Pagano, Fariña y González deben ser condenados en calidad de couatores, por haber tenido el dominio funcional del hecho. “Los acusados en conjunto realizaron la apropiación de los hijos de Raquel Negro, con un plan en el cual armaron un dispositivo clandestino de detención en el interior mismo del Hospital Militar. Existió necesariamente entre los acusados una comunión de voluntades para ejecutar en forma conjunta y coordinada los delitos”, remarcó.

“Lamentablemente no estamos juzgando a Juan Carlos Ricardo Trimarco (el jefe militar de la jurisdicción Paraná), de quien podemos acordar que sería autor mediato. Lamentablemente va a morir impune. Aquí estamos juzgando a una de las tantas bandas de delincuentes del terrorismo de Estado”, indicó. En cuanto a Zaccaría, dijo que debía ser condenado en calidad de participe necesario o cómplice primario, ya que realizó “aportes esenciales” para la ejecución del plan y “tenía el dominio del hecho, si hubiera retirado su aporte el delito no se habría llevado a cabo como se ejecutó.

Idearon el plan y dieron las órdenes
El fiscal Candioti aseguró que Guerrieri, Amelong, Fariña y González “fueron autores mediatos, porque actuaron en el marco de un aparato organizado de poder” y porque “tenían la capacidad de dar las órdenes”. Además aseguró: “En su carácter de integrantes y conductores del Destacamento de Inteligencia 121 y principales responsables del centro clandestino de detención donde estaba Raquel Negro privada de su libertad, idearon, planificaron y dieron las órdenes para que sea traída a Paraná a efecto de su parto clandestino y para que luego de ese parto sus bebés les sean sustraídos y les sean suprimidas sus identidades”.

“Lo que los convierte en los responsables es que en el carácter de agentes estatales se valieron de todo los recursos humanos y de los bienes que ese Destacamento de Inteligencia para perpetrar los delitos aquí investigados: vehículos, gente para custodia, centros clandestinos de detención y hospitales militares”, remarcó.

Además contaron con la participación de Pagano y Zaccaría y por eso deben responder en carácter de partícipes necesarios: Pagano llevó a la beba al Hogar del Huérfano de Rosario, mientras que Zaccaría posibilitó que los niños salieran del hospital sin que lo supieran sus familiares y sin la correcta identificación, continuó el fiscal.

Para el representante del Ministerio Público los represores “actuaron a gusto”, porque “había un componente ideológico en su accionar, como lo reconoció el propio Guerrieri”.

Alfredo Hoffman
De la Redacción de UNO

miércoles, 5 de octubre de 2011

Amelong divagó y acusó a los médicos antes de los alegatos


En el juicio por la causa Hospital Militar, el acusado se excusó diciendo que sólo hacía tareas de logística durante la dictadura. Hoy se escucharán los alegatos de las querellas y la Fiscalía.

Los abogados querellantes expondrán hoy, desde las 9, sus alegatos en el debate por la causa Hospital Militar. Después será el turno de la Fiscalía. Luego de las divagaciones de ayer del acusado Juan Daniel Amelong, se aproxima, ahora sí, la finalización del primer juicio oral y público en Entre Ríos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Se espera que ya la semana que viene se conozca la sentencia por los delitos de sustracción de menores y sustitución de identidad por los que son juzgados los militares de Inteligencia Amelong, Pascual Oscar Guerrieri, Marino Héctor González y Jorge Alberto Fariña; el agente civil de Inteligencia Walter Salvador Dionisio Pagano y el médico militar Juan Antonio Zaccaría.

Ayer, como se esperaba, Amelong se explayó cómodamente en una nueva ampliación de su declaración indagatoria, durante la cual basó su estrategia defensiva en describir su desempeño en el Ejército durante los años del terrorismo de Estado como el de un inofensivo mecánico, que recién ejerció funciones propias de la Inteligencia en la década del 80; en desacreditar al testigo y represor Eduardo Costanzo y en involucrar a los médicos del Instituto Privado de Pediatría (IPP) en el robo y la sustitución de identidad de los hijos mellizos de la pareja de militantes desaparecidos que componían Raquel Negro y Tulio Valenzuela. Además, dijo que en el momento que se cometieron los crímenes, entre febrero y marzo de 1978, justo se encontraba de licencia y fuera del país.

Durante la jornada se produjo también una serie de idas y venidas con respecto a la citación a Pablo Martín Navone, uno de los hijos de Paul Alberto Navone, el militar imputado en la causa que se quitó la vida en febrero de 2008 el mismo día que debía prestar declaración indagatoria en Paraná. Ante el pedido de la querella, y siendo que Pablo Navone estaba citado a testimoniar el jueves a las 10 por el juez federal de primera instancia Gustavo Zonis, el tribunal decidió que declarara ese mismo día en el juicio. Sin embargo, luego se corroboró que el hombre se encuentra en España y su testimonio no será posible en el juicio oral y público, y tampoco, al menos por ahora, en la instrucción por la averiguación del paradero del hijo varón de Valenzuela y Negro.

La audiencia se cerró con la cuarta ampliación indagatoria del acusado Pascual Guerrieri, quien insistió con su versión de la historia: negó el terrorismo de Estado y atribuyó “todo esto que pasó” al “contexto de una guerra revolucionaria”. También buscó desacreditar a los testigos propuestos por la querella Jaime Dri, Miguel Bonasso y Eduardo Costanzo.

El mecánico
Rozando el absurdo en algunos tramos de su indagatoria, Amelong se basó en sus dotes de mecánico de autos para fundamentar su pretendida inocencia ante el robo de bebés. En ese sentido, aportó como supuesta “prueba” la foto de un Torino que él mismo habría restaurado. Lo que pretendía demostrar así es que durante los años en que se perpetró el genocidio desempeñaba tareas meramente logísticas en el Ejército y recién en 1980 comenzó a especializarse en tareas de inteligencia.

Según dijo, en 1973 y 1974, recién salido del Colegio Militar, estuvo destinado a la localidad entrerriana de General Galarza, donde diseñó y construyó un circuito de automovilismo que fue inaugurado con la actuación del piloto Alberto Scarazzini. Durante su intervención mencionó este y otros detalles relacionados con su fanatismo por los “fierros”. Esto le valió una advertencia del presidente del tribunal, Roberto López Arango: “Está abundando en detalles sobre actividades que ha desempeñado como hobbies, que no hacen a su derecho de defensa. Hay cierto divague en su relato defensivo. La presidencia le pide que acote”.

“Los que saben son los médicos”
En su intención de desligarse de los delitos, se ocupó de involucrar a los socios del Instituto Privado de Pediatría de Paraná (IPP). “Si hay alguien que sabe qué paso con el bebé varón son los médicos del Instituto Privado de Pediatría. Los tres que declararon acá fueron objeto de severas advertencias por su reticencia. No vi que se les haya formado una causa por falso testimonio”, sostuvo el militar.

“Quienes saben a quién les entregaron las criaturas, no cabe ninguna duda que son los tres doctores que declararon acá. Especialmente el doctor (Miguel) Torrealday”, afirmó. Además agregó: “Pudimos ver en el IPP que en un espacio del 50% de esta sala no vieron los bebés, no saben quién los retiró. ¿Vieron las cunas, vieron las incubadoras y no vieron lo que había adentro? ¡Por favor!”. También buscó desacreditar los dichos del represor Eduardo Tucu Costanzo, quien dijo que Amelong y Pagano dejaron a la beba mujer en la puerta de un orfanato rosarino: “Cuando le preguntaron sobre las circunstancias en que Pagano le habría dicho que él y yo llevamos la criatura a un convento, dijo que si le preguntaran a otros de los integrantes que estaban en la Quinta de Funes dirían que no es cierto. El mismo testigo está diciendo que no tiene cómo probar sus dichos”, remarcó.También criticó a Costanzo porque primero dijo que el bebé varón había muerto y luego que se lo habría quedado Navone o un hermano de Navone, lo que a su juicio es una contradicción, y porque “tiene una gran animosidad” contra él.

La pista Navone, en stand by 
La investigación por la pista que involucra al suicidado Navone en la apropiación del hijo varón de Raquel Negro no podrá avanzar en lo inmediato ya que uno de los hijos del militar, que mostró públicamente cierto interés en colaborar con la investigación, se encuentra en España y no regresará al país hasta fin de mes.

Durante el juicio, primero el imputado Guerrieri y después el testigo Costanzo ventilaron la versión de que Navone asesinó a Negro y él o un hermano suyo se habría quedado con uno hijo de desaparecidos que sería el hermano mellizo de Sabrina Gullino. Esta versión la lanzó públicamente un militante peronista de los 70 que hoy reside en España, Oscar Kopaitich. A partir de esto los fiscales José Ignacio Candioti y Mario Silva solicitaron al juez Gustavo Zonis que investigara la pista y el magistrado citó a uno de los hijos de Navone, Pablo Martín, a prestar declaración el jueves a las 10 en el marco del sumario que tiene por objeto encontrar al hermano de Sabrina. Aparentemente, la notificación llegó ayer, cuando el joven que reside en Córdoba ya estaba en España. Además, la querella solicitó que el hijo de Navone declarara también en el juicio, a raíz de que en recientes manifestaciones periodísticas dijo que su padre le había contado que los imputados Amelong y Pagano se llevaron a la beba mujer y la dejaron en la puerta de un orfanato. En esa entrevista, publicada el lunes en El Diario, dijo también que no tiene problemas en someterse a un estudio de ADN.

Ayer sí declaró uno de los periodistas que hicieron la nota, Juan Cruz Varela (el otro fue Jorge Riani). Varela ratificó lo publicado, en el sentido de que el hijo de Navone dijo que su padre le contó que el hijo varón de Raquel Negro falleció en el parto y que a la niña se la llevaron los acusados. Además indicó que su padre se desempeñaba en Paraná como integrante del Destacamento de Inteligencia 122 de Santa Fe y una de sus funciones fue recibir a Negro y coordinar su estadía en el Hospital Militar de Paraná.

Alfredo Hoffman 
De la Redacción de UNO

domingo, 2 de octubre de 2011

"Los juicios tienen un valor social"

A PARTIR DE DATOS SURGIDOS EN EL JUICIO, SABRINA TIENE LA CERTEZA
DE QUE SU HERMANO ESTÁ VIVO. (FOTO: N. JUNCOS/LA CAPITAL)

Sabrina Gullino, nieta recuperada, destacó que los juicios permiten reconstruir la verdad histórica y "hablar de las cosas que no se hablaban”. El proceso por la causa Hospital Militar, en Paraná, es un ejemplo de ello.

Los juicios no sólo tienen una función de reivindicación desde el punto de vista de víctimas y familiares, sino que poseen todo un valor social, el de tener la posibilidad de reconstruir la verdad histórica, de hablar de las cosas que no se hablaban”, plantea Sabrina Gullino, nieta recuperada, hija de los militantes montoneros Raquel Negro y Tulio Valenzuela, ambos desaparecidos.

Nacida en el Hospital Militar de Paraná, a donde fue llevada su madre a dar a luz, prisionera de la dictadura en la Quinta de Funes, Sabrina hoy tiene la certeza de que su hermano mellizo se encuentra con vida, a partir de datos surgidos en el juicio oral que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal de la capital entrerriana contra cuatro militares, un agente civil y un médico del Ejército.

—¿Cómo estás viviendo la experiencia de estar cara a cara con los acusados en el juicio?
—Desde que empezó tengo a los imputados ahí, y no hay separación. Hubo varios momentos para mí de mucha tensión, y el recorrido al Hospital Militar y el Instituto Privado de Pediatría (IPP) fue el más fuerte: lo tenía a Amelong al lado mío, a Guerrieri más atrás, Fariña. A veces los lugares eran muy pequeños y todos tenían que entrar: jueces, fiscales, las enfermeras que tenían que declarar. Yo quería escuchar porque era donde habíamos estado con mi mamá. Hay muchos sentimientos encontrados. Me dio mucha ternura el proceso que hicieron las enfermeras, porque al principio estaban indicando a sus jefes como responsables de algo que no hablaba nadie. En 2005 ellas hacían con mucho miedo las declaraciones. El día del recorrido vinieron sabiendo que habían sido protagonistas y cómo fueron cambiando para pasar a ser la voz de ese pasado.

—¿Qué sentiste cuando te enteraste que podías ser hija de desaparecidos?
—A mí me contaron desde muy chiquita que era adoptada. Mi familia es de Villa Ramallo y cuando vine a estudiar a Rosario empecé a tener contacto con los chicos de Hijos. Sabés que sos adoptado y empezás a pensar. Pero cuando veía quiénes eran los nietos recuperados y cómo estaban relacionados sus apropiadores con el poder militar o económico, a mí no me cerraba. Con mi familia Gullino tengo tan buena onda, que así como a otras personas los padres les cuentan el parto, a nosotras nos contaban cómo nos fueron a buscar.

—¿Y después del ADN?
—Cuando me enteré que tenía un hermano me dio una pena terrible no haber hecho el ADN antes. Yo decidí hacerme el ADN. Un viernes hablé con un amigo de Hijos que me contactó con Abuelas. El domingo estaba en mi casa de Ramallo con mi familia y a la tarde llegó una citación para mis papás en la causa Trimarco del Tribunal Federal de Paraná. No sabía quién era Trimarco. Buscamos en Internet y encontramos todo: que (el represor) Costanzo había declarado que a Raquel Negro la habían internado en el Hospital Militar como sobrina de Galtieri, que había dado a luz a mellizos y que a la bebé la habían dejado abandonada en un convento de Rosario. Yo no sabía que a la vez había una línea de investigación que me estaba alcanzando a mí.

—¿Qué dirías a quienes tienen dudas sobre su identidad?
—No es fácil. Cada uno tiene su proceso y sus tiempos, pero les diría que puede ser que tengan hermanos que los estén buscando. También siento que se me agrandó la familia en muchos aspectos. La nueva identidad no es algo terminado, que vos eras esto y ahora que estás biológicamente relacionada con estas personas no sos más lo que eras antes y sos otra cosa. No estoy de acuerdo con ese concepto de identidad estático y que cristaliza. Para mí la identidad la vamos construyendo todo el tiempo y se va nutriendo de los vínculos que vamos tejiendo.

—En tu caso todo se dio bastante rápido.
—Yo tuve la restitución de mi identidad (a fines de 2008) y en abril (de 2009) empezó el juicio a Guerrieri hasta 2010, y en 2011 la causa Hospital Militar. Agradezco poder participar de estos procesos de justicia pero a veces uno viene desarmado.

—¿Cómo te relacionabas antes con el tema de los DDHH?
—Eso sí fue un cambio porque en la facultad fui a uno que otro escrache, pero a acompañar, y no milité en ningún organismo de DDHH.

—¿Y en cuanto a la política de derechos humanos de los gobiernos kirchneristas?
—Es superpositiva la política de Estado de DDHH. Creo que los juicios no tienen una función sólo de reivindicación desde el punto de vista de las víctimas y los familiares, sino que tienen todo un valor social. De tener la posibilidad de reconstruir la verdad histórica, de hablar de las cosas que no se hablaban. Lo veo a nivel individual y a nivel colectivo. En Paraná mismo, con las enfermeras, esto de que hay una sociedad civil cómplice pero hay toda una solidaridad de otros actores sociales que en ese momento fueron ninguneados. De alguna manera se vuelve a hablar de otros valores que un poco en esta posmodernidad se estaban olvidando, de militancia, solidaridad, compromiso, de si hay una posibilidad de transformar el mundo.

—Críticos al gobierno hablan del “uso político” que hace el kirchnerismo de los derechos humanos. ¿Qué opinás?
—Digo que no estoy de acuerdo con esa opinión reaccionaria. Creo que ellos (los opositores) también están haciendo un uso político. Son discursos que construyen de alguna manera realidad. Me parece el kirchnerismo cuando apuesta a la política de DDHH, de alguna manera está apostando a la mayoría. Porque nos posiciona como un país superprogresista donde se puede juzgar a los genocidas, y después desde lo micro hasta lo macro está la oportunidad de reivindicación. Debe quedar al margen lo que siente en su fuero íntimo un político, lo que importa es que su accionar redunda en algo bueno. Creo que esa tesis de los opositores es un comentario superficial para desprestigiar a la presidente.

—¿Surgieron expectativas sobre tu hermano mellizo?
—Cuando empezó la causa en 2005, se planteó la hipótesis de que en el Hospital Militar hubo una maternidad clandestina. En 2006 el Tucu (Costanzo) da un reportaje y dan conmigo en 2008, pero en el medio van buscando el testimonio de las enfermeras, de otros testigos. Cuando eso empezó buscaban a la bebé porque el melli decían que había fallecido. Ahora, en la instancia del juicio oral cambió, a mí no me quedan dudas de que está vivo. Porque se fueron escuchando las voces que empiezan a aparecer: que en el Hospital Militar nació vivo, que la enfermera lo cambió de ropa, que teníamos un peso más o menos normal, que estaba bien. Después nos derivan al IPP donde nos ingresan como Soledad López y NN López, provenientes del Hospital Militar, y egresamos los dos el 27 de marzo de 1978. Y tenés que de los médicos ninguno se acuerda, y que para poder sostenerlo terminan hasta poniendo en riesgo la coherencia de su práctica profesional. Ante las preguntas se tienen que ir cubriendo, esa mentira, eso que no dicen. Pero lo más maravilloso es que podemos encontrar a nuestro hermano y no solamente juzgar a los militares. Y eso es sumamente valioso y de alguna manera es poner de nuevo los valores y principios en orden. Veo a las enfermeras contra el silencio y la cobardía de los médicos.

Jorge Kaplan / La Capital

viernes, 30 de septiembre de 2011

La tesis de Trabajo Social de Raquel Negro llega a manos de sus hijos

RAQUEL NEGRO Y SU HIJO SEBASTIÁN.

Sabrina y Sebastián recibirán el miércoles el trabajo final de Trabajo Social su madre detenida-desaparecida. El acto se realizará en la sede de la FTS, en Paraná, en el marco del juicio por la causa Hospital Militar.

Durante un acto que se realizará el miércoles en Paraná, se hará entrega de la tesis elaborada por la trabajadora social detenida-desaparecida Raquel Negro, a sus hijos Sebastián Álvarez y Sabrina Gullino Valenzuela Negro. Las carreras de Licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de Trabajo Social de la UNER y de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL convocaron a participar de esta actividad.

La ceremonia se realizará en el marco del juicio de lesa humanidad en trámite ante el Tribunal Oral Federal de Paraná, por la causa conocida como Hospital Militar, donde se juzga a seis represores acusados de la sustracción de los mellizos de Raquel Negro nacidos en cautiverio y de la supresión de sus identidades.

Sabrina Gullino Valenzuela Negro pudo recuperar su verdadera identidad hace casi tres años, mientras que la búsqueda de su hermano mellizo varón todavía continúa. Sebastián Álvarez es hijo de Raquel Negro y Marcelino Álvarez; estuvo secuestrado con su mamá cuando apenas tenía un año y medio, en el centro clandestino de detención Quinta de Funes.

El acto se llevará a cabo en el salón Ofelia Zaragozzi de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos, ubicada en La Rioja 6 de Paraná, el miércoles a las 18.

viernes, 23 de septiembre de 2011

Regreso al punto de partida


El regreso. Sabrina Gullino (abajo a la derecha) durante la 
inspección en el hospital. Detrás, Guerrieri.
En el juicio por robo de bebés se hicieron inspecciones en el Hospital Militar y en el IPP. Después de 33 años, Sabrina conoció el lugar donde nacieron ella y su hermano desaparecido 

Sabrina Gullino volvió ayer al Hospital Militar y al Instituto Privado de Pediatría. Le llamó la atención las distancias y las dimensiones: las dependencias de la institución del Ejército le parecieron estar mucho más cerca entre sí de lo que se imaginaba y la sala de Neonatología del IPP le pareció muy pequeña. Pensó que los médicos pediatras no pudieron no haberse enterado de que ella y su hermano mellizo desaparecido estuvieron allí durante alrededor de 20 días. Justamente, casualidad o no, ayer había ahí dos hermanitos en una incubadora. Estaban con sus nombres, perfectamente identificados. No era así hace tres décadas.

“Fue bastante fuerte, porque tuve una vivencia más figurativa, más completa. No es lo mismo reconstruir la historia sin ver el lugar, que cuando uno lo ve”, expresó a UNO la hija de Raquel Negro. Ella fue sustraída por los represores y pudo recuperar su verdadera identidad. Ahora es querellante en el juicio por robo de bebés que se realiza en Paraná.

En el Hospital Militar y en el IPP se hicieron inspecciones oculares como cierre de la etapa de producción de pruebas. Sabrina y su hermano mayor, Sebastián Álvarez, jueces, fiscales, abogados querellantes, los imputados Jorge Fariña, Pascual Guerrieri y Juan Daniel Amelong y tres enfermeras recorrieron las dependencias donde Raquel pasó sus últimos días, embarazada y en cautiverio. En la Guardia médica, guiados por la trabajadora de Maternidad que la asistió antes y durante el parto, visitaron la habitación donde estuvo detenida, custodiada las 24 horas. Luego rodearon el edificio y observaron la ventana que hace 33 años estaba enrejada con tablas de cajón de manzanas.

De allí fueron a Maternidad, un pabellón de techos altos y habitaciones que hoy están desocupadas. Una de esas piezas era la sala de partos. La enfermera explicó que allí dentro nacieron Sabrina y su hermano. Que un hombre que estaba en esa puerta, vestido de civil, entró y retiró al varón, que había nacido primero, argumentando que estaba cianótico. “Pero yo no lo vi cianótico, para nada”, recordó la mujer. Sabrina nació después y se quedó ahí con su mamá cuando la empleada se fue. Ayer al mediodía esa sala se dejaba ver vacía, con las paredes descascaradas y apenas iluminada con un cuadrado de luz que ingresaba por la única ventana.

Antes la comitiva había pasado por la sala 1, donde están las habitaciones, y Terapia Intensiva, donde los bebés estuvieron internados ya con sus identidades suprimidas. En aquellos años allí mandaba el médico militar Juan Antonio Zaccaría, hoy procesado, quien prefirió no participar de la inspección. En la otra punta del pasillo pero a pocos metros estaba la habitación 5, donde estuvo Raquel después del parto, vigilada por varios militares armados.

La segunda inspección fue en el IPP, en España 312. El despliegue de vehículos y de gente en esa calle céntrica motivó que se cortara el tránsito. Todos ingresaron por un pasillo angosto. Al final estaba la entrada de Neonatología. El médico Miguel Torrealday ofició de guía. Cerca estaban dos de sus tres socios: David Vainstub y Ángel Schroeder. Torrealday dijo que estaba muy conmovido y que su intención era colaborar con la Justicia. Pero Sabrina, después de estar allí, manifestó sus dudas y su enojo porque “ninguno de los cuatro médicos pueda asumir la responsabilidad que tuvieron en su momento”.

“No queremos más que encontrar al melli. Cómo cambiaría la historia si tiraran una pista certera. Esto nos deja un sabor amargo. No hallo una explicación a que esta gente con mucha trayectoria en Paraná, los cuatro o alguno de los cuatro, no sepan lo que pasó. Con las dimensiones de la sala, las características, el vidriado, hoy me parece imposible que Torrealday no haya sabido qué pasaba en esa clínica. Ellos saben lo que pasó, ahora lo tienen que decir, y espero que cuando termine el juicio pueda ir a darles un saludo sincero”, reflexionó.

En el IPP también estuvieron presentes enfermeras que colaboraron con la investigación: “Cada una fue aportando datos muy importantes y ya hay una relación de afecto con ellas, porque son un sostén muy importante en toda esta historia. Quiero destacar su valentía y su inmensa humanidad. Estuvo muy bueno encontrarme con ellas”, añadió.

Con los testimonios de ayer de Estela de Carlotto y de Miguel Bonasso –el del médico Jorge Eduardo Rossi no se realizará por sus problemas de salud– finalizó esta etapa del juicio por la causa Hospital Militar. Se abrió un cuarto intermedio hasta el 4 de octubre, cuando el acusado Amelong ampliará su indagatoria, se introducirán declaraciones testimoniales por lectura y se dará inicio a los alegatos.

“Para mí el proceso del juicio fue muy dinámico, muy preciso. Me parecen muy interesantes todos los avances que se han tenido, cada testimonio fue brindando mucha más fuerza a la hipótesis del bebé vivo, que ahora ya no lo dudamos más. Creemos que el mellizo vive y que alguien se lo llevó”, finalizó Sabrina.

Guerrieri y los CCD 
Ayer Guerrieri solicitó hablar por tercera vez en lo que va del juicio para contestar las acusaciones del testigo clave Eduardo Costanzo y para asegurar que no tiene “ningún pacto de silencio con nadie, excepto con Dios”, en contestación a la interpelación que le hicieran Sabrina y Jaime Dri.

Sobre el final de su intervención, terminó admitiendo la existencia de centros clandestinos de detención. Ante una pregunta de uno de los integrantes del tribunal, dijo: “A un ladrón común se lo pone en una cárcel común. En todas las guerras que hubo en el planeta siempre existieron los campos de concentración”. Aunque luego intentó desvincularse: “Aquí puede haber habido, yo no los conocí, no estaba en esa tarea. Estuve afectado al Mundial 78”.

Carlotto recordó que Torrealday sabía
La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, recordó ayer la reunión que mantuvo hace 11 años con Miguel Torrealday, uno de los socios del IPP. Según relató, el médico le contó algunos detalles sobre la internación de bebés mellizos sin nombres provenientes del Hospital Militar –los hijos de Raquel Negro– en marzo de 1978. Esto entra en contradicción con lo dicho por el propio Torrealday en sus declaraciones: que no sabe nada o que no se acuerda.

Carlotto dijo que Torrealday le explicó porqué la niña ingresó el 4 de marzo y el niño el 10: “Él suponía que como la niña que había ingresado primero lloraba mucho, trajeron a su mellizo para que la acompañara, siendo que pareciera que el chiquito no estaba muy bien de salud”. Al declarar por videoconferencia, la titular de Abuelas dijo no recordar si Torrealday percibió esa circunstancia o si se la comentaron; pero sí es claro –de acuerdo con este testimonio– que estaba al tanto de los hechos. El encuentro entre Carlotto y Torrealday fue en 2000 y el médico se mostraba preocupado por haber supuestamente descubierto la anotación de bebés NN en el libro de ingresos del IPP. Sin embargo Torrealday declaró que detectó esas inscripciones mucho antes, en 1989.

Luego declaró el diputado nacional y periodista Miguel Bonasso, quien ratificó lo publicado en su libro Recuerdo de la muerte y responsabilizó a los imputados por el cautiverio de Raquel Negro y su traslado al Hospital Militar de Paraná para dar a luz.

Alfredo Hoffman 
De la Redacción de UNO