En una semana se dará a conocer el veredicto en el juicio por robo de bebés durante la dictadura. Será un hecho histórico para la provincia. Ayer los represores dijeron sus últimas palabras.
Dentro de siete días la ciudadanía entrerriana conocerá, por primera vez, una sentencia por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en su territorio. El viernes a las 17 el Tribunal Oral Federal hará público su veredicto y una síntesis de los fundamentos en el juicio que se desarrolló hasta ayer por robo de bebés nacidos en el Hospital Militar de Paraná. En la calle 25 de Mayo, frente a la sede de la Cámara Federal de Apelaciones, habrá espectáculos y una manifestación convocada por los organismos de derechos humanos para acompañar el hecho sin precedentes que significa que haya justicia para crímenes cometidos en el marco del terrorismo de Estado y que se han mantenido impunes por más de tres décadas.
Este viernes, cinco de los seis represores acusados aprovecharon la oportunidad de expresar sus últimas palabras antes de la sentencia. Al hacerlo, los militares Jorge Alberto Fariña, Juan Daniel Amelong, Pascual Oscar Guerrieri y Marino González y el ex agente civil de Inteligencia Walter Pagano se declararon inocentes y dijeron desconocer los crímenes por los cuales fueron responsabilizados. El médico y también militar Juan Antonio Zaccaría, ex jefe de Terapia Intensiva del hospital de avenida Ejército, prefirió mantenerse en silencio.
Los hechos que dicen desconocer son la sustracción y la sustitución de identidad de los hijos mellizos de la pareja de militantes montoneros desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela, que nacieron en marzo de 1978 en el nosocomio castrense paranaense. Uno de esos mellizos, Sabrina Gullino, recuperó su identidad a fines de 2008, mientras que el restante, un varón, continúa siendo buscado. Los cinco reos que hablaron ayer ocupaban puestos claves en el Destacamento de Inteligencia 121; mantuvieron cautiva a Raquel Negro embarazada en los centros clandestinos de detención de Rosario y organizaron y ejecutaron el plan que comprendió su traslado hasta el hospital paranaense para que aquí se produjera el parto en forma ilegal y el robo y supresión de identidad de los niños, previa derivación al Instituto Privado de Pediatría. Estos delitos, considerados de lesa humanidad desde el momento de los procesamientos, se fueron comprobando durante el curso de la instrucción de la causa y del debate oral y público y por ellos las querellas solicitaron penas de prisión perpetua y los fiscales entre 11 y 14 años de cárcel.
En la primera parte de la jornada las partes acusadoras rechazaron los planteos de prescripción y de nulidad de los alegatos que habían efectuado las defensas el jueves. Por su parte, los representantes de los represores insistieron con sus requerimientos en ese sentido.
Al finalizar la audiencia el presidente del Tribunal, Roberto López Arango, declaró la clausura del debate y anunció que los jueces se retiraban a deliberar hasta el viernes. Ese día, aproximadamente a las 17, se dará a conocer el veredicto y una síntesis de los fundamentos. Así se dará fin al proceso iniciado en mayo de 2005 con la denuncia del coordinador del Registro Único de la Verdad, Guillermo Antonio Germano, antes que en la provincia se concretara la reapertura de las causas de lesa humanidad archivadas por efecto de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Paralelamente, en el Juzgado federal de Gustavo Zonis, seguirá tramitando el sumario abierto para determinar el paradero del mellizo varón, hermano de los querellantes Sabrina Gullino y Sebastián Álvarez, y para determinar otras posibles responsabilidades penales.
Últimas palabras
Sólo Zaccaría prefirió mantenerse callado y no usar la instancia de las últimas palabras. Los demás se sentaron ante el estrado para decir que son ajenos a los hechos. Incluso lo hizo Pagano, el ex agente civil de Inteligencia que estuvo ausente durante la mayor parte del juicio. En su escueta declaración, la única en dos meses, se acordó de Eduardo Costanzo, su ex compañero de patota que denunció a los procesados como intervinientes en el plan de robo de los bebés. “Soy inocente y con respecto a la denuncia de Costanzo, es totalmente falsa. Nada más”, balbuceó.
El primero en declarar fue Fariña. “Yo también quisiera saber qué ha pasado con los mellizos de Raquel Negro”, manifestó. “Nunca impartí ordenes ilegales ni recibí de ninguna orden ilegal. Costanzo es un delincuente y yo un hombre de bien”. Para defenderse eligió una frase de Juan Domingo Perón: “La única verdad es la realidad y la realidad y la verdad es que en el momento de los hechos estaba de vacaciones en Mar del Plata y después fui afectado a tareas del mundial del fútbol en la subsede Rosario”.
“Es en este momento cuando uno más se siente el reo”, dijo Amelong, pretendiendo dar un marco de emotividad a sus últimas palabras. Luego cuestionó los juicios contra los represores de la dictadura citando al abogado y académico y ex funcionario de Mauricio Macri, Daniel Pastor, un conocido crítico de los organismos de derechos humanos y defensor de la prescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad: “Pareciera que los derechos humanos son la octava maravilla del mundo, cualquier cosa que se pueda contraponer es condenable y no tiene que ser atendida con las normas del derecho penal”.
Guerrieri, en tanto, buscó desligarse de los hechos responsabilizando a su jefe en el Segundo Cuerpo de Ejército, Leopoldo Fortunato Galtieri, y nuevamente al militar que se suicidó en 2008, Paul Navone: “Galtieri tenía la potestad de ordenar lo que quisiera. Es muy claro que él puede haber ordenado directamente a un elemento dependiente como Navone que cumpliera esa misión”.
González también dijo ser inocente. “No delinquí, no ordené delinquir, nadie que estuviera a mis órdenes delinquió”, se defendió.
Réplicas y contrarréplicas
Ayer la fiscalía y las querellas contestaron los planteos que efectuaron anteayer las defensas. La fiscal Marina Herel rechazó la solicitud de prescripción de los delitos argumentando que “el tema ya fue planteado en la instrucción de la causa y resuelto el 17 de noviembre de 2011”. Además mencionó que estos crímenes “ofenden a la dignidad humana, a la vida y a la moral pública” y no prescriben por ser de lesa humanidad, tal como fueron enunciados desde la causa 13/84 –el Juicio a las Juntas– y como fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los tribunales internacionales. El fiscal José Ignacio Candioti rechazó los planteos de nulidad de las acusaciones, que la defensa había realizado por la alegada violación al “principio de congruencia”. “El principio de congruencia exige que los hechos que les han sido endilgados a los encartados y se les ha hecho conocer como imputación sean los mismos por los cuales se los somete a juzgamiento (…) Los hechos no han variado desde que empezó esta causa. Siempre la plataforma fáctica fue la misma”, dijo Candioti.
Desde la querella unificada, Álvaro Piérola adhirió a lo dicho por la fiscalía sobre la prescripción: “Declarar prescriptibles estos delitos a esta altura del partido es una tesitura aventurada”, sostuvo.
Florencia Amore también compartió lo manifestado por la Fiscalía sobre el planteo por la supuesta vulneración del principio de congruencia procesal.
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