El Tribunal Oral Federal de Paraná desestimó el pedido de Pascual Oscar Guerrieri de hospedarse en el Hospital Militar de Paraná mientras se sustancie el juicio en su contra y en contra de otros cinco represores, por los delitos de sustracción de bebés y sustitución de identidades durante la última dictadura.
El Tribunal, además, fue claro en afirmar que Guerrieri debe alojarse en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná, junto al resto de los enjuiciados, o en su defecto costarse de su propio bolsillo el alquiler de una vivienda en esta ciudad, se informó a UNO.
Quien fuera segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121 durante la época de los hechos, goza desde hace años del beneficio de la prisión domiciliaria, que no le fue revocado al ser condenado por un Tribunal Federal de Rosario por delitos de lesa humanidad cometidos en esa jurisdicción. Por ese motivo, el represor solicitó mantener ese privilegio y eludir la posibilidad de ir a la cárcel mientras se desarrolle el juicio por la causa conocida como Hospital Militar, desde el 24 de agosto próximo.
Como argumentos, la defensa mencionó ciertos problemas de salud que no resultaron convincentes y, además, una supuesta incapacidad económica para alquilarse al menos un monoambiente en la capital entrerriana. Sin embargo, en contradicción con esa afirmación, el ex militar reside actualmente en la localidad de Martínez, partido de San Isidro, una de las zonas más caras y exclusivas de la zona norte del Gran Buenos Aires.
El Tribunal –compuesto por Roberto López Arango y Lilia Carnero– no tuvo contemplaciones y le dio dos opciones: hacerse de los pesos necesarios para rentar un sitio donde pernoctar, o ir a un calabozo de la UP 1. Para esto tuvo en cuenta los argumentos que sostuvo la Fiscalía al oponerse al beneficio buscado y a los que luego planteó la querella al afirmar la misma posición.
Además de la imposibilidad de que un procesado o condenado por delitos de lesa humanidad sea alojado en dependencias militares –por resolución del Ministerio de Defensa– que mencionaron los fiscales, entre otros argumentos, los querellantes subrayaron “la paradoja de que Guerrieri hubiera estado hospedado en el mismo sitio donde se cometieron los delitos por los cuales se realizará el juicio”, señaló el abogado Álvaro Piérola.
El 24 de agosto se inicia el juicio oral y público por el robo de los hijos mellizos de los desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela, que nacieron en el nosocomio castrense paranaense entre febrero y marzo de 1978. Además de Guerrieri serán juzgados Juan Daniel Amelong, Walter Pagano, Marino González, Jorge Fariña y el médico militar Juan Antonio Zaccaría.
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