Los detalles del robo de bebés, en boca de uno de los imputados

Habló. Zaccaría reconoció la inscripción “irregular” de los bebés y la posterior
“desaparición” de los mismos. (Foto: UNO/Juan Ignacio Pereira)

El médico militar Zaccaría, que según su defensa no podía ser juzgado, sorprendió con su declaración en el juicio por la causa Hospital Militar. Dijo que vio a la desaparecida Raquel Negro.


Juan Antonio Zaccaría, el imputado que según su defensor sufría una incapacidad mental que le imposibilitaba ser juzgado, terminó aportando datos clave sobre el robo de bebés durante la última dictadura: no sólo reconoció los hechos que se investigan, sino que al relatarlos utilizó la misma terminología que las partes acusatorias al hablar de situaciones “irregulares” en el alojamiento de parturientas y recién nacidos en el Hospital Militar de Paraná y hasta afirmar que a los bebés “los hicieron desaparecer”. Esto sucedió ayer durante la parte final de la segunda audiencia del juicio oral y público por delitos de lesa humanidad que se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal de la capital entrerriana.

Zaccaría era el jefe militar del servicio de Terapia Intensiva del nosocomio de avenida Ejército. Está acusado de haber coorganizado el parto clandestino de la detenida-desaparecida Raquel Negro y la atención de los mellizos –uno de cada sexo– que dio a luz en marzo de 1978, que fueron internados en el área a su cargo. Además lo mencionan como quien ordenó al personal que los niños fueran registrados como NN y no como hijos de Negro, punto de inicio del delito de supresión de identidad que se investiga en esta causa junto con el de sustracción, retención y ocultamiento de menores.

Ayer su defensor, Humberto Franchi, pidió que se le suspendiera el proceso penal porque presentaba supuestos problemas físicos, psicológicos y un deterioro cognitivo “en niveles de demencia”. El tribunal deliberó y rechazó el planteo; consideró que el hombre estaba en condiciones de continuar en el juicio, y el propio Zaccaría ratificó esa consideración cuando aceptó hablar y terminó por confirmar detalles del entramado del robo de bebés en sintonía con la acusación de las querellas y el Ministerio Público Fiscal.

El anestesista, comprendiendo plenamente lo que sucedía a su alrededor, contestó las preguntas que en su mayoría provinieron del fiscal José Ignacio Candioti y admitió la internación de Negro custodiada por militares, el nacimiento de un niño con complicaciones de salud y una niña en buenas condiciones, la inscripción “irregular” de los bebés y la posterior “desaparición” de los mismos. Fue lo suficientemente cuidadoso como para desligarse de las responsabilidades y decir que sólo “recibía órdenes” de sus superiores, los jefes de la guarnición y del hospital, de quienes dijo no recordar sus apellidos, y mencionar a colegas suyos ya fallecidos como quienes tenían poder de decisión en el caso, como los encargados de Ginecología Jorge Mario Cantaberta y Miguel Bottero Brollo. También nombró a los médicos civiles terapistas Juan Alfredo Berduc y Juan Ferrarotti.

En cierto momento, cuando lo interrogaban por la secuestrada embarazada, utilizó el plural. Quedó flotando en el aire la posibilidad de que se estuviera refiriendo a más de una mujer en esas condiciones, lo que avalaría la teoría de que el establecimiento sanitario funcionaba como una maternidad clandestina durante la dictadura.
Zaccaría recordó claramente que en 1978 era jefe de Terapia Intensiva del hospital y el nombre de una de sus enfermeras. Sobre los bebés dijo que llegaron a su área luego del alumbramiento, según dijo creer, al día siguiente, y manifestó desconocer si habían nacido en el mismo nosocomio. Sobre el hecho de que estuvieran en terapia dijo que era algo “excepcional”, pero sostuvo que no pudo hacer nada al respecto porque “no era obstetra ni pediatra ni nada por el estilo” y que nadie le contestaba a sus preguntas por esa situación.

“Los niños estaban en una incubadora o una cuna chica, no recuerdo bien”, dijo. Y agregó: “Los hicieron desaparecer. Se los llevaron a otra parte, no recuerdo quién (…) Fui a dar la novedad a la jefatura y cuando volví no estaban más. Después me enteré que se los habían llevado a un sanatorio (…) Se los llevaron porque estaban en forma irregular depositados en el servicio. No procedieron correctamente”.

Cuando le preguntaron qué pasó con la madre, indicó que la vio en terapia, que estaba acostada y que su aspecto era bueno. Incluso dijo que conversó con ella “en forma muy parcial, superficial”, que había militares custodiándola y que no sabe qué pasó con ella.

Le consultaron si tenía contacto con militares de Rosario y respondió: “Muy poco, venían a veces a controlar, a mirar y nada más; quién estaba y si se cumplían las órdenes impartidas”. Y sobre cómo fueron registrados los bebés acotó: “No sé si estaban inscriptos en el libro de registro, supongo que había cosas que no registraban correctamente. Supongo que estaban internados en forma ilegal, no correcta, en una palabra”.

Pascual Oscar Guerrieri, Jorge Alberto Fariña, Juan Daniel Amelong, Walter Salvador Pagano, Marino González (integrantes del Destacamento de Inteligencia 121, dependiente del Segundo Cuerpo de Ejército) y Juan Antonio Zaccaría están acusados de los delitos de sustracción y sustitución de identidad de los hijos mellizos de los detenidos-desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela, nacidos en marzo de 1978 en la maternidad clandestina del Hospital Militar.

Rechazos a los planteos de los represores 
En el segundo día del juicio por la causa Hospital Militar, el Tribunal Oral Federal de Paraná –que integran Roberto López Arango, Lilia Carnero y Juan Carlos Vallejos– rechazó los planteos de las defensas, que pretendían suspender el debate por recursos pendientes de resolución y por supuesta incompetencia del organismo judicial. Además, resolvió que el imputado Juan Antonio Zaccaría continúe siendo juzgado, a pesar de que su abogado pidió la suspensión del proceso penal en su contra por problemas de salud físicos y psíquicos.

Al inicio de la audiencia, un detalle hacía prever la estrategia de Humberto Franchi, el defensor de Zaccaría: el acusado ingresó a la sala en silla de ruedas, acompañado de su esposa, a pesar de que el miércoles lo había hecho por sus propios medios y había permanecido sin problemas aparentes en su silla durante las casi ocho horas que duró esa primera jornada. Franchi insistió con su planteo de los últimos meses de que el anestesista posee una incapacidad que lo convierte en inimputable. Sin embargo, después de analizar los argumentos de las partes, el tribunal decidió que Zaccaría está en condiciones de ser juzgado y de estar presente en el debate.

“El tribunal entiende que, por el cocimiento ‘de visu’ durante el desarrollo de la audiencia ayer (por el miércoles) y hoy (por el jueves), se encuentra apto, en condiciones para estar presente y ejercer su defensa material en las presentes audiencias”, sostuvo López Arango, sin perjuicio de las medidas que se puedan adoptar oportunamente.

De la misma manera se rechazaron los planteos de incompetencia territorial, de nulidad de la audiencia de debate por pruebas y recursos pendientes y de nulidad de la resolución de Cámara Federal de Apelaciones que declaró desiertos los recursos de apelación de González y Fariña a los autos de procesamiento.
También se rechazó el planteo de Amelong –ejerciendo su autodefensa– por “incompetencia material”. El represor pretendía que lo juzgara un tribunal militar. Sin embargo, no se tuvo en cuenta el pedido de la querella para que se oficie al Colegio de Abogados de Rosario a fin de que confirme si se le anuló la matrícula. Se argumentó que no necesita ser profesional del Derecho para ejercer su autodefensa.