Primeros relatos de las graves acusaciones a los represores

Dasso y Valentino, ingresando ayer a la sala de audiencias. (Foto: UNO-Juan Ignacio Pereira)

Las imputaciones de la Fiscalía y la querella, leídas ayer en el juicio a Harguindeguy, revelan detalles de las violaciones a los derechos humanos. Es incierta la participación de Díaz Bessone 

Alfredo Hoffman 
De la Redacción de UNO

Ayer concluyó la lectura de las requisitorias de elevación a juicio de los expedientes que confluyeron en la Causa Harguindeguy por delitos de lesa humanidad, cuyo debate oral y público se desarrolla desde el miércoles en Paraná. En esos extensos documentos, de los cuales sólo se leyeron resúmenes, están reflejadas las graves acusaciones que pesan sobre los nueve represores que son enjuiciados. Quienes asistieron a la audiencia pudieron escuchar detalles de cómo detenían a las víctimas sin ningún tipo de legalidad, cómo las torturaban y cómo en ocasiones las convertían en desaparecidos. Sin embargo, en rigor, se trató sólo de un anticipo del clima que se producirá cuando declaren los propios protagonistas de esas historias que tuvieron lugar durante la última dictadura cívico-militar.

El juicio aborda violaciones a los derechos humanos cometidas en Concepción del Uruguay, Concordia y Gualeguaychú, agrupadas en tres expedientes, uno por cada una de esas ciudades. Son enjuiciados los militares Albano Harguindeguy, exministro del Interior; Ramón Genaro Díaz Bessone, exjefe del Segundo Cuerpo de Ejército; Naldo Miguel Dasso, exjefe del Regimiento de Concordia; Juan Miguel Valentino, exjefe del Escuadrón de Gualeguaychú, y Santiago Carlos Héctor Kelly Del Moral, exjefe de sección de Exploración en la ciudad del sur entrerriano; los policías federales Francisco Crescenzo (exjefe de la Delegación Concepción del Uruguay) y Julio César Rodríguez, alias El moscardón verde (sargento de la misma delegación); y los policías provinciales Marcelo Alfredo Pérez, exjefe de la Departamental Gualeguaychú, y Juan Carlos Mondragón, autor de la chamarrita Juan del Gualeyán y exjefe de Seguridad y Operaciones de la misma Departamental.

De los nueve procesados, Harguindeguy sigue el proceso por videconferencia desde una silla de ruedas en el Consejo de la Magistratura, en Buenos Aires, donde cumple prisión domiciliaria. La situación de Díaz Bessone, en tanto, recién se resolverá el miércoles, cuando sea evaluado y se resuelva si por su estado de salud puede o no ser sometido a juicio.

El miércoles se había alcanzado a dar lectura a la requisitoria de la Fiscalía por los crímenes cometidos en Concepción del Uruguay y ayer se hizo lo mismo con el escrito de la querella. Luego se continuó con los requerimientos elevados por ambas partes acusadoras para los delitos de Concordia y con el de Fiscalía por los de Gualeguaychú, hechos por los cuales no hay abogados querellantes. Al finalizar se abrió un cuarto intermedio hasta el miércoles a las 11.

Cómo operaban 
Los documentos leídos ayer evidenciaron públicamente cómo operaban las fuerzas de la represión en la costa del Uruguay, en coordinación con el resto de la provincia y siempre bajo el mando del comandante Juan Carlos Ricardo Trimarco, hoy declarado incapaz por la Justicia. El público pudo escuchar, por ejemplo, que en Concepción algunos encargados de torturar a los detenidos eran el prófugo Darío Massaferri, el fallecido Alfonso Cevallos y los imputados Rodríguez y Crescenzo. Ellos, según la querella y la Fiscalía, no tenían reparos en picanear a adolescentes, practicarles el submarino –en sus variantes seco (asfixia con una bolsa en la cabeza) y mojado (sumergir la cabeza en una palangana con agua durante varios minutos)–, molerlos a golpes, introducirles un palo o la punta de una Itaca por el ano o hacerles simulacros de fusilamiento. Todo esto sucedía en la sede de la Policía Federal de la ciudad.

También se pudo escuchar en qué circunstancias fueron secuestrados Julio Solaga y Sixto Zalasar, en Concordia. A Julio lo detuvieron frente a su casa, en Damián P. Garat 864, cuando estaba conversando con su vecino Jorge Wilson la noche del 22 de noviembre de 1976. Lo subieron a un Renault 12 blanco sin patente y nunca volvió a saberse de él. A Sixto lo secuestraron el 26 de mayo de 1976 a las 6.45, cuando salía rumbo al trabajo. Su esposa con un embarazo a término, sus dos pequeñas hijas, sus padres y algunos vecinos no pudieron evitar que lo subieran a un Renault 4L azul. Las familias de ambas víctimas recorrieron regimientos, comisarías, cárceles, juzgados y parroquias, pero nunca pudieron confirmar su paradero. Naldo Miguel Dasso –jefe del regimiento de Concordia y del Área de Defensa 225– se hizo el desinformado y negó saber sobre el destino de los desaparecidos, aunque se permitió opinar que eran zurdos o montoneros como supuesto motivo de las detenciones.

El mismo padecimiento de no saber nada de sus seres queridos vienen enfrentando los familiares de Norma Beatriz Noni González y Oscar Alfredo Dezorzi, desaparecidos en Gualeguaychú en agosto de 1976. En el juicio también se ventilan las salvajes torturas y los secuestros de otros militantes políticos de esa ciudad, como los hermanos Jaime y Emilio Martínez Garbino.

Por esos crímenes en Gualeguaychú son juzgados Valentino, quien era la autoridad militar en el Área 223; el exmilitar Kelly del Moral como uno de los torturadores y secuestradores, los expolicías Pérez y Mondragón como secuestradores; Dasso, Díaz Bessone y Harguindeguy.

En resumen, Fiscalía y querella imputaron a Harguindeguy, Díaz Bessone y Valentino por Asociación ilícita, Desaparición forzada de persona, Privación ilegítima de la libertad, Allanamiento ilegal de domicilio y Tormentos; Dasso por Asociación ilícita, Desaparición forzada de persona y Privación ilegítima de la libertad; Mondragón por Privación ilegal de la Libertad y Allanamiento ilegal de domicilio, Kelly del Moral por Privación ilegal de la Libertad y Tormentos; Pérez por Allanamiento ilegal de domicilio, Privación ilegal de la libertad y Asociación ilícita; Rodríguez y Cresenzo por Asociación ilícita, Allanamiento ilegal de domicilio, Privación ilegítima de la libertad y Tormentos.

Sigue la incertidumbre por Díaz Bessone
En un momento de la audiencia de ayer, la presidenta del tribunal, Lilia Carnero, interrumpió la lectura de las imputaciones para mantener una comunicación telefónica con las autoridades del Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario, que tiene a Díaz Bessone como imputado en el juicio por la causa Feced cuya sentencia se conocerá el lunes. El diálogo –se presume– versó sobre las condiciones de salud del represor. Al final de la jornada, la jueza anunció que la videconferencia por la cual se evaluará la salud del exmilitar no se realizará hoy, como estaba previsto, sino el miércoles. No dijo a qué se debía tal postergación.

Horas antes del inicio del juicio en Paraná, Díaz Bessone había pedido la suspensión del proceso en su contra por sus presuntos problemas de salud. A último momento el tribunal decidió rechazar el planteo –aunque la querella dijo que no fue notificada de esa resolución– puesto que en Rosario hacía dos semanas que se había corroborado que sus condiciones eran aceptables. Sin embargo, ahora la jueza Carnero informa que hay un “hecho nuevo”, basado en un informe de la Secretaría del Tribunal rosarino según el cual el represor presenta un estado de salud “precario”. Esto motivó que se ordene la nueva pericia que por videoconferencia se hará el miércoles, a pesar de que en Rosario se lo considera apto como para dictarle sentencia el lunes. En definitiva, todavía es incierta la participación de Díaz Bessone en el juicio.