sábado, 10 de septiembre de 2011

No controlaban a los médicos en el Instituto de Pediatría


En la causa por robo de bebés, los socios del IPP manifestaron desconocer quién atendió y dio de alta a los hijos de la desaparecida Raquel Negro. “Cualquiera podía retirar a un paciente”, dijeron

En la novena jornada del juicio por robo de bebés, los socios del Instituto Privado de Peditaría (IPP) hicieron hincapié en la falta de control sobre lo que hacía cada médico que internaba niños en la sala de Neonatología e incluso sobre la entrega de los bebés dados de alta. “Desgraciadamente no se pedía documento, nada. Cualquiera podía ir y decir que era el padre y llevarse el chico”, reconoció uno de ellos. Así se desvincularon de la atención que tuvieron allí los mellizos sustraídos a la militante desaparecida Raquel Negro durante la última dictadura.

Los pediatras David Vainstub y Ángel Schroeder declararon ayer en el juicio por la sustracción y sustitución de identidad de los hijos de Negro y Tulio Valenzuela, que tiene como acusados a los represores Pascual Guerrieri, Juan Amelong, Walter Pagano, Marino González, Jorge Fariña y Juan Antonio Zaccaría. No aportaron datos sobre la todavía misteriosa internación en el IPP de los niños, registrados como NN López y Soledad López en marzo de 1978. De esos bebés, uno recuperó su identidad y otro continúa desaparecido. Se mantuvieron firmes en su postura de que no vieron ni escucharon lo que sí conocieron enfermeras del lugar: la internación de hijos de una “guerrillera” a los que nadie iba a visitar y que estaban en cunas rotuladas con carteles donde se leía “NN”.

La audiencia tuvo como particularidad el careo al que sometieron a Vainstub y Schroeder, a pedido de las querellas y con la adhesión de los fiscales. El objetivo era dilucidar si Miguel Torrealday era o no el jefe del servicio de Neonatología, como había mencionado el primero y rechazado el segundo. Finalmente, luego de un intercambio, se pusieron de acuerdo en que cumplía ese rol en la práctica durante la época de los hechos. Entonces, el tribunal dispuso que fueran a buscar a ese profesional a su domicilio para que ampliara su testimonial. Media hora después, Torrealday dijo que si bien “no había una figura de encargado”, sus colegas lo consultaban porque era quien “tenía más experiencia y más conocimiento”.

El interés radicaba en conocer quién tomaba las decisiones en la unidad del IPP donde estuvieron internados los niños y desde donde fueron entregados a una pareja que supuestamente se los llevaba en adopción, según el relato de una enfermera de la clínica.

Se supone que el encargado pudo haber tenido contacto con los niños y haber tenido conocimiento de las circunstancias que rodearon al alta de los bebés, pero Torrealday insistió ayer con que no sabe nada. Sin control.

“Cuando se inició, el IPP era una institución abierta, los médicos de todo Paraná venían con el chico, lo internaban, lo seguían, los medicaban y hasta le daban el alta. Cualquier médico de la ciudad podía internar sin que nosotros intervengamos”, aseguró Vainstub.

“Era el médico de cabecera, al que se le daba mucha importancia. El IPP no hacía ningún seguimiento”, sostuvo el profesional, argumentando su ignorancia sobre lo que pasó en la clínica con los niños, de lo cual “se desayunó” cuando vio los libros con los registros de NN, muchos años después.

Además de no controlar a los profesionales, tampoco lo hacían con los registros de ingreso y egreso a Neonatología: “Los hacían en la Enfermería y la chica administradora que había en ese momento (ya fallecida). Yo nunca intervine en el asentamiento de ningún dato en ningún libro. No me consta si alguno de los socios efectuaba un control sobre los libros”, dijo el mismo testigo.

El caos puesto de manifiesto era tal que “el alta lo ordenaba el médico de cabecera” y “no había control de quién retiraba el bebé, cualquier persona podía ir y decir que iba a retirar el bebé”.

Schroeder, por su parte, señaló que a los niños internados “los controlaba el médico de cabecera, que podía ser cualquier médico de Paraná” y los dueños no ejercían control sobre eso “salvo urgencias”. Además en la parte administrativa ni él ni sus socios “veían los registros que ahí se llevaban” y “el alta se hacía (en la oficina) donde estaban las enfermeras” de modo informal: “No se le pedía ninguna documentación a quien retiraba los niños, nada, desgraciadamente no. Podía ir cualquiera”.

Torrealday, en la ampliación de su testimonial, insistió con ese concepto: “Modificar la conducta de los colegas era dificilísimo y se enojaban cuando uno les revisaba las historias clínicas”.

Discordancias de la memoria
Vainstub manifestó que en 1978 el IPP no tenía ambulancia, sino que recién adquirieron una –marca Rambler– después de ese año. La jueza Lilia Carnero le llamó la atención: “Usted dice taxativamente que en esa época no tenían ambulancia pero no se acuerda de otra situación más importante como la internación de dos chicos durante 20 días”. Y le remarcó “las discordancias de su memoria, sobre hechos nimios y hechos importantes”.

“Lo que estoy diciendo es la verdad que tengo y mi verdad es bastante limitada porque en Neonatología yo prácticamente no participaba. Pueden haber hecho el traslado en un vehículo particular, eran muy precarios los traslados, con una incubadora y un tubito de oxígeno”, respondió.

Alfredo Hoffman
De la Redacción de UNO

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