Expolicía sospechado admitió la detención de estudiantes

Jorge Rodríguez, a quien las víctimas identifican por una mancha en la cara, declaró como testigo en la causa Harguindeguy. Involucró a sus excamaradas en crímenes de lesa humanidad.

Alfredo Hoffman
De la Redacción de UNO

Un exagente de la Policía Federal, señalado como integrante de la patota que actuaba en Concepción del Uruguay durante los años de la dictadura, declaró ayer como testigo en la causa Harguindeguy y admitió en parte los crímenes por los cuales están siendo juzgados dos de sus excamaradas: Julio César Rodríguez y Francisco Crescenzo. El hombre, que tiene una mancha en la cara que lo caracteriza, cuenta con un pedido de investigación hecho por la querella que ahora está en manos de la Fiscalía de Concepción.

Jorge Alberto Rodríguez se presentó como testigo propuesto por la defensa, pero su testimonio era esperado ansiosamente por las otras partes desde que fue mencionado por las tres primeras víctimas de privaciones ilegales de la libertad y tormentos, que sufrieron siendo estudiantes secundarios en la Delegación Concepción de la Policía Federal Argentina en julio de 1976. Se trata de César Manuel Román Yáñez, Roque Edmundo Minatta y Juan Carlos Romero, y puntualmente Román lo señaló como uno de los que lo secuestró a pocos metros de su casa.

Rodríguez, conocido con el apodo de Parche y quien las víctimas identifican como El Manchado, aseguró que nunca vio presos encapuchados, pero contó que un día cuando llegó a la delegación para tomar su turno de guardia a las 6.30 de la mañana, notó movimientos que no eran normales y el jefe de Guardia, José María Haidar, le notificó que había presos y que debía cambiarse rápido y tomar posesión de su puesto. Escuchó también que había chicos encerrados en el casino de oficiales, que eran seis o siete y que no debía tener contacto con ellos, y otras dos personas en los calabozos.

El expolicía admitió que era algo anormal que los jóvenes estuvieran alojados en lo que llamaban Casino de Oficiales y señaló que no había causas conocidas de esas detenciones. Sin embargo, luego su versión varió y recordó que años después se comentó que los estudiantes “se reunían después de jugar al fútbol a charlar de política” y “tenían alguna ideología ajena al régimen de facto”. Dijo que los vio solo porque estaba la puerta entreabierta y que estaban sentados. Relató que hizo dos turnos de 24 horas, con sus correspondientes descansos de 48, y cuando ingresó al tercero los jóvenes ya no estaban. A los de los calabozos dijo que nunca los vio, pero escuchó sobre ellos.

Por otro lado describió la zona de las celdas y la planta alta, donde reconoció que había un dormitorio con camas de hierro. Ese lugar está señalado como sala de torturas con picana eléctrica, la que se aplicaba sobre personas desnudas acostadas sobre elásticos de camas de metal. En ese piso de arriba también funcionaba la oficina técnica, reducto donde dijo que trabajaba el imputado Julio César Rodríguez y donde el prófugo José Darío Mazzaferri entraba sin obstáculos, a pesar de que tenía en la puerta un cartel de “área restringida”.

Este testigo, como muchos otros antes, comprometió al Rodríguez que es juzgado y a Mazzaferri, al indicar que suponía que las detenciones de los jóvenes las había realizado el personal de la Oficina Técnica. De Mazzaferri dijo concretamente que realizaba tareas de investigaciones y “estaba a cargo de los procedimientos”. Luego dijo directamente que a los jóvenes los detuvo ese dúo.

Las sospechas 
El testigo Jorge Rodríguez llegó a la audiencia provisto de papeles para entregar al tribunal, que según él, prueban que un Fiat 125 que era propiedad de su padre fue adquirido en 1980, cuatro años después de los hechos investigados. “Acá dijeron que yo salía a detener personas en un 125”, dijo cuando el abogado Álvaro Piérola le preguntó cuál era su intención. El querellante César Román ubicó ese auto en la escena de su secuestro en julio de 1976 y lo mencionó a él como uno de los que lo detuvo en la esquina de su casa, junto a un morocho de bigotes al que llamaban El Cordobés; mientras el domicilio era allanado ilegalmente por un grupo que comandaban los imputados Crescenzo y Julio César Rodríguez. El testigo Jorge Rodríguez aseguró que no conoce a Román. Por otra parte, confirmó que trabaja en la concesionaria de autos León Banchik SA.

Los abogados querellantes solicitaron durante la audiencia del 18 de abril que se enviaran copias de las declaraciones de las víctimas que involucran a Rodríguez a la Fiscalía Federal de Concepción para que proceda en consecuencia. El Tribunal federal hizo lugar al planteo .

Otros testimonios
Ayer también declaró Orlando Humberto Sastre, exsuboficial de la Policía Federal de Concepción del Uruguay, quien reconoció haber visto personas detenidas en el Casino de Oficiales, pero no aportó mayores detalles, escudándose en sus problemas de memoria. No obstante, admitió que allí se realizaban tareas de intervención en conflictos gremiales para evitar medidas de fuerza y pedidos de captura de personas. En esas tareas ubicó a Julio César Rodríguez.



En primer término había declarado Fernando Brescacín, un vecino de la Policía Federal, quien aseguró no haber visto ingresar a detenidos, ni haber escuchado gritos, ni notado nada irregular en la época de los hechos. Todos los testigos de la jornada fueron propuestos por la defensa.

Hoy al mediodia se realizará una inspección ocular en la sede de la Policía Federal de La Histórica y con esto se dará por concluída la etapa del juicio correspondiente a Concepción del Uruguay. En tanto miércoles próximo, el juicio se reanudará con el inicio de los testimonios de la causa por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Concordia.