En la causa Harguindeguy, el testigo Castaño no admitió haber manejado el auto que secuestró al desaparecido Zalasar en mayo de 1976 en Concordia. Lo investigan por falso testimonio.
Alfredo Hoffman
De la Redacción de UNO
En el juicio por la megacausa Harguindeguy, el testigo Miguel Arcángel Castaño estuvo ayer a un paso de salir esposado de la sala de audiencias, ya que durante su testimonio abundó en contradicciones y en un constante supuesto desconocimiento de los hechos investigados. Este expolicía está sospechado de manejar el auto que secuestró al desaparecido concordiense Sixto Zalasar la mañana del 26 de mayo de 1976; algo que él, visiblemente nervioso, negó en todo momento. El fiscal José Ignacio Candioti consideró que estaba “mintiendo” y solicitó que se remita copia de lo declarado a la Fiscalía federal para que investigue si incurrió en el delito de falso testimonio.
Castaño no solo negó su participación en ese operativo, sino que también intentó alegar un supuesto desconocimiento de toda la represión ilegal que ejercía la fuerza que él integraba, algo que hizo que la abogada querellante María Isabel Caccioppoli le preguntara si había sido amenazado antes de la audiencia, cosa que también negó. Sucede que al declarar en la instrucción de la causa, en la Fiscalía federal de Concepción del Uruguay, este hombre había admitido haber participado de procedimientos de la Policía en conjunto con el Ejército, Gendarmería y Prefectura, en la que se utilizaban autos particulares y algunos de los ellos sin patente. Sin embargo, ayer ante el Tribunal Oral Federal de Paraná negó conocer esos detalles y al exhibírsele su anterior declaración hasta dijo que no era su firma la que aparecía al pie. Recién cuando la presidenta del tribunal, Lilia Carnero, le advirtió que podía ser detenido por falso testimonio en flagrancia, admitió aquellas manifestaciones suyas pero aclarando que los procedimientos mencionados eran por accidentes, personas baleadas o delitos comunes, algo para lo cual resulta ridículo imaginar la movilización de fuerzas conjuntas y vehículos sin identificar.
Julia Clelia Ledesma, una vecina de la familia Zalasar que tenía una verdulería en la esquina de Diamante y Las Heras, fue quien declaró en primer término ayer y adjudicó a Castaño haber sido quien manejaba el 4L en el operativo de secuestro de Sixto. Aquella mañana del 26 de mayo del 76, Julia escuchó los gritos y los llantos a los que anteayer hicieron referencia los familiares del desaparecido. Su marido, ya fallecido, fue quien salió a la calle y desde la esquina vio todo lo que sucedía a media cuadra. Al ingresar a la casa le dijo: “La Policía se llevó a Coco”, como se lo conocía a Sixto en el barrio. Sabía que había sido la Policía porque el que manejaba el auto era Miguel Castaño, el hermano de Antonia, la empleada de la verdulería.
Los hermanos Castaño vivían con sus padres a la vuelta, sobre calle Las Heras. Al día siguiente la propia empleada –ahora fallecida– le contó a Julia que su hermano había estado en el procedimiento y que había manejado el vehículo hasta el puente Alvear, donde habían pasado al detenido a otro coche.
Cuando se hizo público a través de los medios de comunicación el dato de su participación en aquel secuestro, Miguel Castaño se presentó espontáneamente en la Fiscalía federal de Concepción del Uruguay –según dijo, sin el asesoramiento ni consejo de nadie–y lo negó. Fue el 3 de agosto de 2007. Pero en aquella oportunidad había admitido haber manejado autos particulares en operativos de la Policía.
Ayer el testigo dijo que era chofer del cuerpo de bomberos de la Policía al momento de los hechos, manifestó no recordar si había un Renault 4L celeste claro en la fuerza –a pesar de que reconoció haber trabajado un tiempo en la comisaría segunda, donde ese vehículo fue visto estacionado– y aseguró que no manejó otra cosa que patrulleros o la autobomba. Sobre lo dicho por Julia Ledesma manifestó que “falta a la verdad”. Agregó: “No sé cómo me metieron en esta causa, no tengo nada que ver”. Y sin que se lo pregunten aseguró: “Yo no participé en ninguno de los operativos de los tres desaparecidos de Concordia: Zalasar, (Julio) Solaga y (Jorge Emilio) Papetti”.
Por otra parte, negó haberlo visto a Zalasar detenido en la Jefatura Departamental de Policía, a pesar de que hay varios testimonios que señalan que fue visto en una celda de esa dependencia. Finalmente, para desacreditar a su propia hija, quien hace poco le contó a Graciela Zalasar que él participó de aquel secuestro, dijo: “Ella anda mal conmigo y es deficiente mental”.
Los años de plomo en Concordia
El testimonio de Rubén Bonelli, actual delegado en Concordia de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia, permitió trazar un panorama general de cómo operaba el terrorismo de Estado en esa ciudad. Bonelli dijo que conoce alrededor de 40 privaciones ilegales de la libertad entre 1975 y 1980. Muchas de esas detenciones estuvieron vinculadas a las tareas sociales que realizaba el grupo de la parroquia Gruta de Lourdes, coordinados por el cura Andrés Servín, encuadrado en la doctrina social de la iglesia y en la “opción por los pobres”.
Muchos de quienes participaban pertenecían a la Juventud Peronista Regional 2. Entre esas tareas habían comenzado a construir viviendas en calle 23 de abril y ruta 4 (barrio Pancho Ramírez). En 1975 fue detenido el encargado del obrador, Luis Rolón, lo que motivó que todo el barrio se movilizara hacia la comisaría cuarta a reclamar su liberación.
Luego del golpe de Estado, el 25 de mayo de 1976 fueron detenidos Julio Correa, con 16 años, y José Godoy, ambos de la JP y Gruta de Lourdes. Fueron llevados también a la comisaría cuarta, donde Godoy fue torturado con picana eléctrica. A la madrugada del día siguiente fueron detenidos Juan Cortiana, su madre, su padre, dos hermanos y dos hermanas. A uno de los hermanos lo tuvieron colgado de los pies en la misma comisaría y allí había un médico Carrazone que regulaba la aplicación de la picana. La misma madrugada, a las 5.30, fue detenido nuevamente Luis Rolón y llevado igualmente a la cuarta y a la Jefatura. Una hora después fue secuestrado Sixto Zalasar, que también participaba de la obra de Servín.
Otros detenidos fueron –en noviembre de 1977– Jorge Villarreal, Juan Denis, un hombre de apellido Messina, también del grupo de la parroquia de Lourdes. Otras privaciones ilegales de la libertad se produjeron el 11 de mayo de 1980 y Bonelli, con 16 años, fue una de las víctimas: 11 jóvenes en total fueron apresados en calle Damián P. Garat entre Corrientes y Salta y sometidos a golpizas. “Me interrogaba un oficial de apellido Moreno. También estaban el Sordo Monzón y el Ronco Palacios. Ellos, junto con otro de apellido Bressan y el Conejo Martínez, eran la patota de Concordia”, relató el testigo.
Perseguidos y quema de documentos
Bonelli, en su calidad de funcionario, intentó recabar documentos de utilidad para la búsqueda de verdad y justicia en el archivo de la Policía concordiense. Encontró los prontuarios de los desaparecidos Zalasar, Solaga y Papetti, pero allí no figuraba ninguna detención. Sin embargo, más tarde le dejaron en la puerta de su casa una bolsa de consorcio repleta de papeles: eran informes de inteligencia y listas de más de 350 personas a quienes la Policía hacía seguimiento por sus actividades políticas, con fechas entre 1975 y 1978, e informes del Ejército firmados por el jefe del Regimiento de Gualeguaychú, Juan Miguel Valentino. Todo está en el expediente de la causa Harguindeguy.
Bonelli también fue advertido por un funcionario policial de que en la Departamental se había realizado un “expurgo”, consistente en la quema de libros de guardia, radiogramas y otra documentación de los años de la dictadura. En su investigación consiguió el acta de aquella incineración, con fecha 10 de marzo de 2004 y las firmas de la entonces directora del Archivo General de la Provincia, Graciela Bascurleguy, y autoridades policiales entre las que estaba el jefe departamental Alfonso Gregorutti. Según dijo el testigo, Bascurleguy le negó en diálogo telefónico que se haya realizado tal expurgo. Bonelli denunció esto ante la Justicia provincial, pero el fiscal de Concordia Gustavo Castillo no encontró elementos para avanzar en la investigación.
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