Tres relatos del mismo horror

Crescenzo fue señalado como el interrogador de la Federal.
(Foto: UNO/Juan Ignacio Pereira)

Los primeros testimonios en el juicio al represor Albano Harguindeguy.

Alfredo Hoffman 
De la Redacción de UNO 


Tres exmilitantes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) de Concepción del Uruguay, que fueron víctimas de secuestros y salvajes torturas durante las vacaciones de julio de 1976, aportaron ayer el relato de las atrocidades de las que fueron víctimas a manos de la patota de la Policía Federal local. Sus testimonios abundaron en coincidencias sobre la metodología aplicada por los represores para que escarmentaran por haber osado manifestarse en contra de la dictadura: allanaron sus casas llevándose libros y pósters y rompiendo pertenencias, los mantuvieron cautivos en condiciones inhumanas en la dependencia policial, los sometieron a tormentos que les dejaron secuelas físicas y psicológicas y los liberaron luego de varios días, tras aleccionarlos a ellos y sus padres sobre la prohibición de desempeñar actividades políticas.

El grupo de tareas que integraban los acusados Francisco Crescenzo y Julio César Moscardón Verde Rodríguez, el prófugo José Darío Mazzaferri y otros no imputados en la causa, interrogaban en todo momento por el mimeógrafo con el que los estudiantes imprimían volantes denunciando a la dictadura, que repartían en los boliches bailables de la ciudad. Esto hizo que aquellos sucesos sean ahora recordados como la Noche del Mimeógrafo.

César Manuel Román Yáñez, Roque Edmundo Minatta y Juan Carlos Romero fueron, en ese orden, los que abrieron la etapa de testimoniales en el juicio por delitos de lesa humanidad que tiene como principal acusado al exministro del Interior de la dictadura, Albano Harguindeguy. Los tres fueron aplaudidos por el público, que esta vez colmó la sala de 25 de Mayo 256 de Paraná. Los tres observaron y reconocieron personalmente a Crescenzo (también en una foto de la época) y a Rodríguez. Los tres, además, aportaron datos importantes para que se investigue a otro represor responsable de esos crímenes, que actualmente vive y trabaja en Concepción del Uruguay.

El horror
César Román, hoy con 53 años, profesor de Historia, fue quien radicó la denuncia en febrero de 2006, luego de la caída de las leyes de impunidad, que posibilitó la investigación. Ubicó el inicio de su relato en los primeros meses de 1974, cuando siendo un adolescente experimentó su “despertar político” y comenzó a vincularse con los centros de estudiantes. En 1975, con 16 años, lo expulsaron del Colegio Justo José de Urquiza luego de un permanente hostigamiento por actividades. En 1976 ingresó al turno tarde de la escuela Normal y allí se encontró con Minatta, presidente del Centro de Estudiantes. Cuando se perpetró el golpe de Estado, se eliminaron todas las conquistas: el medio boleto estudiantil, talleres literarios, el cineclub. Ante esto, decidieron expresarse a través de los volantes que imprimían con el famoso mimeógrafo. Pero la protesta duró hasta las vacaciones de invierno, cuando comenzó lo que él llamó “el horror”.

A Román lo secuestraron la noche del lunes 19 de julio a una cuadra de su casa materna, ubicada en 8 de Junio 216. Dos hombres de civil que se identificaron como de la Policía Federal lo tomaron de los brazos y del pelo, lo introdujeron en un Dodge 1.500 negro y lo encañonaron con un arma al grito de: “Quedate quieto, pendejo de mierda”. Los secuestradores se sentaron uno a cada lado; eran un morocho de bigotes al que llamaban El Cordobés y otro que se caracterizaba por una mancha en el rostro. Mientras tanto, la casa era allanada ilegalmente por un grupo que comandaban Crescenzo y Rodríguez, alias El Moscardón Verde, que se llevaron libros y los pósters del Che Guevara y Jimi Hendrix. A Rodríguez lo conocía porque vivía cerca de su casa y había concurrido a la escuela con sus hijos. El pseudónimo era vox pópuli en el pueblo.

Rodríguez y Crescenzo subieron a un Falcon verde. Detrás iba un Fiat 125 celeste. Los tres vehículos marcharon hacia la Policía Federal y en el trayecto abundaron los golpes, insultos y amenazas. Al llegar a destino lo ubicaron en el Casino de Oficiales y poco después, en una habitación contigua, fue víctima de una cruel golpiza. El Moscardón le propinó una patada en los testículos, que años después derivó en una intervención en la cual le extirparon uno. En el Casino de Oficiales, junto a otros estudiantes que iban llegando, permanecían sentados mirando a la pared; comían muy poco de lo que llevaban los familiares, no podían bañarse ni dormir. Si se dormían le pegaban con las manos abiertas en los oídos, forma de tortura que se conoce como “el teléfono”. Todas las tardes, luego de que terminaba la actividad habitual de la delegación policial, llegaba la patota y comenzaban las sesiones de tortura. Nunca fueron asistidos por médico alguno.

En una oportunidad estaba siendo interrogado por quien se hacía llamar “el inspector Crescenzo”, quien siempre vestía de traje, era bien hablado y parecía culto. “¿Así que vos sos el existencialista?”, ironizó. Entre los libros que le habían secuestrado estaba La náusea, de Jean Paul Sartre. Como no decía nada sobre el renombrado mimeógrafo, Mazzaferri se puso de pie, le colocó el arma en la cabeza y la hizo martillar en repetidas ocasiones. Todos los represores presentes en la habitación se rieron a carcajadas. Después le rompieron los pósters de Guevara y Hendrix, pensando que este era un referente de izquierda e ignorando que se trataba de un músico. “Todo se orientaba a destruir mi identidad más que a sacarme información”, recordó ayer la víctima.

Lo más terrible fue cuando lo llevaron hasta una dependencia en el piso superior a presenciar la tortura con picana eléctrica de que era víctima un compañero. Cuando lo vio atado al elástico de una cama, pálido y mojado, pensó que estaba muerto. Pero cuando le pasaron la picana se arqueó y dio un alarido que hizo que Román se descompusiera y comenzara a vomitar. “Soñé muchas veces con eso”, dijo ante el tribunal.

Días después Crescenzo le hizo firmar una declaración que no pudo leer. Sólo alcanzó a observar la frase “delincuente subversivo”. Finalmente, los llevaron a los estudiantes a una reunión en la oficina del jefe de la Delegación, Jorge Vera, que encabezó el entonces, jefe del Batallón de Ingenieros de Combate 121 con asiento en Concepción del Uruguay, teniente coronel Raúl Federico Schirmer. Allí estaban también el intendente de facto Gerardo Genuario, autoridades de otras fuerzas de seguridad y los padres de cada uno de los estudiantes secuestrados. Luego de que Schirmer (hoy fallecido) les hiciera un sermón sobre la subversión, todos fueron quedando en una suerte de libertad vigilada.

Una vez afuera, por consejo del subjefe de la Policía Federal Alfonso Cevallos (fallecido) dejó la ciudad. Durante unos años fue casi “un fantasma”, todo el tiempo preocupado por que no lo encontraran. De todos modos, cada vez que regresaba por algún acontecimiento familiar solía encontrarse con sus torturadores. Una vez vio a Rodríguez, quien desde su Falcon le apuntó con el dedo haciendo como que disparaba un arma. Cuando Argentina ganó el Mundial 78, en la Plaza Ramírez, vio al Dodge 1500 con Mazzaferri y otros de los represores en su interior, festejando. En ese momento interrumpió la celebración por la victoria deportiva y se volvió a su casa.

El mismo sufrimiento
Minatta y Romero, que también se desempeñaban en los centros de estudiantes, relataron los sufrimientos de que fueron víctimas en aquellas vacaciones de invierno, con los mismos detalles contados por Román y también reconociendo a los imputados. Minatta, quien fue hasta diciembre subsecretario de Derechos Humanos de Entre Ríos, estaba de vacaciones en Trelew cuando el grupo de tareas irrumpió violentamente en su casa en busca del mimeógrafo. Como no lo encontraron, amenazaron a su padre: le dijeron que sería “boleta” si él no aparecía. Fue entonces cuando regresó del sur en avión, con 18 años, vestido de traje y peinado a la gomina, para despistar. Cuando llegó a Concepción su papá lo esperaba junto al subcomisario Ceballos, que era vecino del barrio, que lo llevó a la Policía Federal. Allí comenzaron los tormentos físicos, a cargo de Mazzaferri, el Moscardón Verde Rodríguez y El Cordobés. Las torturas psicológicas estaban a cargo de Crescenzo, quien le hacía saber que conocía los movimientos de sus familiares, incluso que tenía una sobrina de 1 año. Lo más terrible fue un simulacro de fusilamiento que presenció en el patio de la delegación, del que fueron víctimas tres compañeros que no podían mantenerse en pie por la tortura.

Los familiares de Minatta presentaron un hábeas corpus ante el juez federal Héctor Neyra, quien se negó a recibirlo. Neyra fue luego juez de la democracia. Finalmente fue liberado por orden del teniente coronel Schirmer. Meses después, en noviembre de 1976, volvió a ver a Crescenzo: el interrogador se presentó en el acto de colación de 5° año de la Escuela Normal y fotografió a todos los egresados. También siguió viendo al Moscardón y a otros miembros de la patota. A Mazzaferri lo veía en los boliches, dijo que hacía sacar chicas para violarlas.

Romero, quien hacía el Secundario en el nocturno del Colegio Urquiza, tenía 19 años y fue sacado de su casa de madrugada, con los mismos métodos violentos ejecutados por Rodríguez y Mazzaferri. Antes de ingresar a la delegación la patota secuestró también a otro dirigente, Carlos El Negro Zenit. También debió atravesar la experiencia de torturas y maltratos físicos y psicológicos a manos de los mismos represores, y siempre interrogado por el artefacto para imprimir volantes. Dos semanas después de liberado fue nuevamente secuestrado por Mazzaferri y golpeado, para luego ser arrojado a la ruta 39. Entonces se vio obligado a dejar la ciudad.

“Desde que salí hasta la fecha, tengo miedo”, mencionó Romero. “No puedo dormir, porque tengo miedo. Mazzaferri, el más importante, está prófugo. Sentí miedo para venir a declarar, pero lo hago sobre todo por mis compañeros que ya fallecieron: El Negro Zenit, Darío Morend, Carlos Valente y Hugo Maffei”, finalizó.

El caso de El Manchado
Los tres testigos que declararon ayer mencionaron a un integrante de la patota de Concepción que no está entre los imputados, que tenía una importante mancha en la cara y al que llamaban El Manchado. No conocen su nombre, pero todavía se lo suele ver en la ciudad, trabaja en la concesionaria de autos León Banchik SA, situada en 9 de Julio 1616, y entrega cédulas de la Policía Federal. Román lo vio en la delegación de la institución cuando, años atrás, se realizó una inspección judicial. Los abogados querellantes solicitaron que se envíen copias de las declaraciones a la Fiscalía federal para que proceda en consecuencia. El Tribunal federal hizo lugar.

Guerra, negación y silencios, presentes en las declaraciones indagatorias

En silencio. Dasso toma notas en un cuaderno. Hasta ahora
no prestó declaración. (Foto: UNO-Juan Ignacio Pereira)

Los imputados por crímenes de lesa humanidad volvieron a preferir no declarar; pero se leyeron sus manifestaciones en la instrucción, donde Harguindeguy justificó la represión.

Alfredo Hoffman
De la Redacción de UNO

El juicio por la causa Harguideguy tuvo ayer la última jornada correspondiente a las indagatorias. Como lo hicieron el miércoles y luego de hablar con sus defensores, todos los represores decidieron no declarar, al menos en esta instancia, pero a través de la lectura de sus manifestaciones en la etapa de instrucción ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, se pudo conocer sus versiones de los hechos. Allí aperecen la referencia a una guerra contra la subversión y la negación de los delitos de lesa humanidad que se investigan, que van desde secuestros y torturas a desapariciones forzadas de persona en la costa este de la provincia.

La lectura de las indagatorias permitió escuchar los argumentos de Albano Harguindeguy, quien enfrenta por primera vez a un tribunal en juicio. El ex jerarca de la dictadura, en una primera oportunidad, buscó desligarse de los hechos asegurando que su cargo de ministro del Interior no tenía injerencia en las zonas, subzonas y áreas de defensa en las que las Fuerzas Armadas habían dividido y subdividido el país para llevar adelante la represión ilegal con el pretexto de combatir la subversión. “No tenía que impartir órdenes porque no eran de competencia de mi ministerio”, afirmó.

Luego se leyó un escrito que presentó quien es el principal acusado de las tres causas acumuladas que están en juicio, y que pidió que se agregara como parte integrante de su indagatoria. Allí se explaya ampliamente en las referencias a las normas emitidas por el llamado Proceso de Reorganización Nacional con el propósito de “erradicar la subversión” y se preocupó por aclarar que todo lo relacionado con ese fin “dependía de la Junta Militar”.

También aludió a la idea de la existencia de una “guerra” en el país, que se daba “en el marco de la guerra fría” y relató acciones guerrilleras que, según indicó, habrían sido motivo para el accionar represivo. Justificó el terrorismo de Estado mencionando el indulto de presos políticos el 25 de mayo de 1973, por parte del gobierno de Héctor Cámpora, y por la llegada al país de guerrilleros chilenos y uruguayos, los primeros como consecuencia del golpe de Estado contra Salvador Allende, y los segundos por la “efectiva” lucha contra la subversión en el país oriental.

Ese discurso finaliza con la pretendida justificación del plan sistemático de represión ilegal instrumentado desde el 24 de marzo de 1976, por los decretos de “aniquilamiento” emitidos por el gobierno peronista de 1975. Según dijo, las sucesivas juntas militares “no se apartaron en nada” de esos decretos.

Negaciones
Francisco Crescenzo, exjefe de la Delegación Concepción del Uruguay de la Policía Federal, en su declaración en instrucción negó “la multiplicidad de mendacidades” que lo señalan como autor de allanamientos ilegales, secuestros y torturas. Dijo que sólo era un “subalterno” en la época de los hechos y que su tarea se limitaba a “queheceres administrativos” y atención al público”.

Julio César Rodríguez, exsargento de la Policía Federal de Concepción, utilizó similares recursos. Dijo que trabajaba en una “oficina técnica” y que “no tenía contacto con los detenidos”. Aseguró que no torturó ni cometió “ninguna clase de delito” y que no recuerda ni vio nada sobre las violaciones a los derechos humanos denunciadas. Ni siquiera reconoció que le decían Moscardón Verde; dijo que a otro policía llamaban Moscardón y que a él le decían Polilla, Boquita y Tijereta.

Juan Carlos Mondragón (ex jefe de Seguridad y Operaciones de la Departamental Gualeguaychú de la Policía de Entre Ríos) y cantautor folclórico, declaró que le llamaban “poderosamente” la atención las imputaciones, a las que calificó de “horrendas y vejatorias”. Señaló que tiene “relación de amistad” con los hermanos Emilio y Jaime Martínez Garbino, a quienes está acusado de secuestrar. Y se quejó porque la acusación en su contra hizo que su nombre como artista fuera “arrastrado por todas las comarcas del país”, que su familia lo abandonara y que ya no tuviera amigos.

Juan Miguel Valentino, ex jefe del Escuadrón de Caballería Blindada II de Gualeguaychú, negó haber cometido delitos y haber recibido órdenes ilegales. No se dio lectura a indagatorias de Naldo Miguel Dasso (exjefe del Regimiento de Caballería de Tanques VI Blandengues, de Concordia) y de Marcelo Alfredo Pérez (ex jefe de la Departamental Gualeguaychú de la Policía de Entre Ríos).


Civiles detenidos en el Ejército

 Pulcritud. Kelly del Moral es el único excarcelado.
(Foto: UNO-Juan Ignacio Pereira)

La declaración indagatoria durante la instrucción de Santiago Carlos Héctor Kelly del Moral (exjefe de Sección de Exploración del Regimiento de Gualeguaychú) incluyó un reconocimiento a la existencia de civiles detenidos “en tránsito” en dependencias del Ejército durante 1976, aunque dijo que no estaban en calabozos sino “habitaciones”. Señaló que vio a familiares de los detenidos que se acercaban a dejarles ropa y material de lectura y aseguró que aquellas personas estaban a cargo del jefe de la unidad militar, el también imputado Valentino. De todos modos, negó haber cometido ni haber visto cometer delitos: “Jamás entré en esas habitaciones, nunca vi torturar ni recibí ninguna orden ilegal”, dijo. Sobre sus camaradas aseguró que ninguno era capaz de practicar “actos de sadismo”.

Kelly es el único procesado que está libre y se presenta a las audiencias siempre vestido de impecable traje, camisa y corbata. El miércoles dijo que su actividad actual es la de agente inmobiliario y que hace poco renunció a su puesto de gerente de una empresa con sede en Bogotá (Colombia) para “presentarse a derecho” en esta causa. No tiene esposa, hijos, padres ni hermanos.

Ayer se leyó su relato ante el Juzgado de Instrucción, donde manifestó que llegó a Gualeguaychú con 20 años en 1974 y permaneció en ese destino tres años. “Era el oficial de menor jerarquía del Regimiento, no participaba en la toma de decisiones”, se defendió. Su misión era la de capacitar al personal en las técnicas de “combate clásico”. Según su versión, las víctimas pudieron haberlo involucrado en los crímenes porque escuchaban su apellido cuando daba el saludo a la tropa.

Dijo que cuando arribó a la ciudad no conocía a nadie, pero de a poco logró insertarse en distintos ámbitos. Por ejemplo, contó que jugó durante un año en el quipo de fútbol de primera división de Racing de Gualeguaychú, y que se destacaba en la actividad hípica, sobre todo en la disciplina de salto y no tanto en el polo.

Estarán ausentes

Por pedido de los defensores, el Tribunal Oral Federal permitió a Kelly del Moral, Mondragón, Pérez y Dasso no estar presentes en las audiencias desde el miércoles y mientras duren las testimoniales correspondientes a los hechos que no los involucran. En cambio, sí obligó a sus representantes a concurrir a la sala, rechazando el pedido para no hacerlo.

El miércoles a las 10.30 se abrirá la etapa testimonial y hasta el 10 de mayo comparecerán testigos relacionados al expediente por los delitos cometidos en Concepción del Uruguay. Luego lo harán los de Concordia y finalmente los de Gualeguaychú.

Los represores prefieren por ahora mantenerse en silencio

Juan Mondragón, conocido como "Juan del Gualeyán"
(Foto: UNO/Juan Ignacio Pereira)

Se inició la etapa de debate en el juicio por la causa Harguindeguy. Los acusados no declararon. La audiencia empezó más tarde porque se olvidaron de trasladar a uno de los imputados

En la sexta jornada del juicio oral y público por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en Paraná, que tiene como principal imputado al exministro de la dictadura Albano Harguindeguy, ninguno de los ocho imputados accedió a prestar declaración indagatoria. Algunos, sin embargo, dijeron que lo harían luego de conversar con el defensor oficial.

El juicio por crímenes cometidos en la costa del Uruguay entró ayer en la instancia de debate, una vez resuelta la situación de Ramón Genaro Díaz Bessone, quien fue separado del juicio por una alegada incapacidad psíquica, aunque para las próximas horas se espera que interpongan recursos de casación los querellantes y el Ministerio Público Fiscal. Se desconoce por el momento si se pedirá que el recurso tenga o no efecto suspensivo sobre la continuidad del juicio.

La audiencia comenzó con más de una hora y media de retraso, debido a que el Servicio Penitenciario Provincial había omitido buscar a uno de los imputados, Julio César Rodríguez, en su vivienda de Posadas 325 de Concepción del Uruguay, donde cumple prisión domiciliaria. Este olvido motivó un llamado de atención al personal penitenciario de parte la presidenta del Tribunal Oral Federal, Lilia Carnero.

Ayer era el momento de la introducción de los planteos preliminares, pero ninguna de las partes lo utilizó. En este caso, los defensores no realizaron los acostumbrados pedidos de prescripción de la acción penal o de incompetencia del tribunal. Luego se leyó el resumen de las imputaciones a cada uno de los represores.

Al momento de las declaraciones indagatorias, los expolicías provinciales Juan Carlos Mondragón y Marcelo Alfredo Pérez se abstuvieron de hacerlo, el exmilitar Santiago Carlos Héctor Kelly Del Moral dijo que lo hará más adelante, los exmilitares Naldo Miguel Dasso, Juan Miguel Valentino y Harguindeguy manifestaron que decidirán luego de hablar con sus defensores, mientras que los expolicías federales Francisco Crescenzo y Rodríguez se limitaron a expresar que van a “seguir las recomendaciones” de sus abogados.

Datos personales
La interrogación a los procesados sobre sus datos personales permitió conocer algunas referencias de cada uno de los represores. Por ejemplo, Harguindeguy dijo que solo es propietario de una tumba en Jardín de Paz y una cochera. Además describió que tiene otras cinco causas abiertas por delitos de lesa humanidad, una de ellas por el Plan Cóndor –elevada a juicio oral pero sin fecha de inicio, dijo– y otra por el asesinato del obispo riojano Enrique Angelelli. El de Paraná es su primer juicio.

Dasso, quien fuera jefe del Regimiento de Concordia, dijo que mientras se sustancia el debate reside en Ambrosetti 1307 de Paraná, a metros de Rondeau. Valentino, quien comandaba el Escuadrón de Gualeguaychú y usa el apodo de Tito, lo hace en Urquiza 679 planta baja B de esta capital.

Por su parte, el exjefe de Seguridad y Operaciones de la Departamental Gualeguaychú de la Policía de Entre Ríos, Juan Carlos Mondragón, hizo alarde de su trayectoria como cantautor y compositor con el pseudónimo de Juan del Gualeyán, y creyó necesario contarle a los jueces que trabajó con muchos poetas “de distintos países y distintas ideologías”. También detalló que tiene cuatro hijos, todos activos o retirados de las fuerzas de seguridad de la Provincia, y que actualmente vive en la localidad de Médanos.

Otro que se explayó al dar sus datos personales fue Crescenzo, exjefe de la Delegación Concepción del Uruguay de la Policía Federal, quien dijo que dedicó gran parte de su vida al arte de la escultura y, desafiante, comentó que fue compañero de estudios del escritor desaparecido Haroldo Conti, en el Seminario Metropolitano Pontificio de Villa Devoto, en la Ciudad de Buenos Aires. Cuando le preguntaron si tenía bienes, contestó que es propietario de un Ford Falcon modelo 1972.

Por su parte, Rodríguez, exsargento de la misma delegación de la Federal, negó que sea apodado El Moscardón Verde, como lo llaman sus víctimas de secuestros y torturas. Dijo que tiene dos sobrenombres: Boquita y Tijereta.

Kelly del Moral, exjefe de la sección Exploración del Regimiento de Gualeguaychú, declaró como domicilio un barrio cerrado de la zona norte del conurbano bonaerense.

En este proceso se juzgan numerosos secuestros, torturas, allanamientos ilegales y cuatro desapariciones forzadas: las de los concordienses Sixto Zalasar y Julio Alberto Solaga y los gualeguaychuenses Norma Beatriz González y Oscar Alfredo Dezorzi. Se trata de tres expedientes acumulados, uno por cada una de las ciudades donde se cometieron los delitos: Concepción del Uruguay, Concordia y Gualeguaychú.

Díaz Bessone no será juzgado pero recurrirán en casación

Foto: UNO/Juan Ignacio Pereira

El Tribunal Federal consideró que el represor tiene incapacidad mental, haciendo una “interpretación amplia” del Código Procesal Penal. Querellantes buscarán la revisión de la medida 

Alfredo Hoffman 
De la Redacción de UNO 

El represor Ramón Genaro Díaz Bessone, acusado de ser autor mediato de cuatro desapariciones forzadas, Asociación ilícita, Privaciones ilegítimas de la libertad, Allanamientos ilegales de domicilio y Tormentos, no será Juzgado en Paraná. El Tribunal Oral Federal resolvió ayer hacer lugar al planteo de la defensa y separarlo del juicio que tiene como principal imputado al exminsitro del Interior de la dictadura, Albano Harguindeguy. Disconformes con la medida, desde la querella anunciaron que recurrirán en Casación y no se descarta que lo mismo haga el Ministerio Público Fiscal.

El Tribunal, que preside Lilia Carnero e integran Noemí Berros y Roberto López Arango, consideró por unanimidad que “puede afirmarse que ha sobrevenido la incapacidad mental” del procesado para estar en juicio, a pesar de que los peritos de la querella, el médico del exmilitar y los forenses de la Corte Suprema de Justicia habían informado que mantiene la capacidad de comprender. Además, los miembros del Cuerpo Médico Forense (CMF) de la Corte habían señalado que solo se deben tomar recaudos para respetar sus tiempos y que estaba en condiciones de participar del juicio mediante videconferencia desde su domicilio; al tiempo que habían recomendado una serie de estudios para constatar exactamente cuál es el estado psico-físico actual del represor.

Para llegar a la resolución de ayer, los magistrados hicieron una “interpretación amplia” del artículo 77 del Código Procesal Penal, y tuvieron en cuenta no solo la “dimensión cognitiva” de la incapacidad mental sobreviniente, sino también la “volitiva” (el orden de la voluntad), es decir que el imputado debe tener capacidad de “entender y querer” para poder ser juzgado. Díaz Bessone, como atraviesa un estado de depresión, carecería de la capacidad de querer. Esta interpretación del artículo 77 podría ser uno de los fundamentos de los recursos de casación.

Los jueces fundaron su determinación, en buena parte, en el examen “de visu” que hicieron en el departamento de Díaz Bessone en Rosario, donde constataron su estado de “hipobulia” y vieron a “una persona sentada, hipotónica, casi inmóvil y solo con algunos movimientos de su cabeza, en actitud totalmente pasiva, sin pronunciar palabra alguna, que no contestó siquiera el requerimiento de su médico personal para que dijera su nombre”, dice la resolución.

La decisión resultó sorpresiva para casi todos los presentes en la sala porque se especulaba como salida más probable la realización de los estudios propuestos por los miembros del Cuerpo Médico Forense de la Nación. Sin embargo el Tribunal concluyó que el excomandante del Cuerpo de Ejército II “no está en condiciones psíquicas de estar en juicio en la audiencia de debate en la presente causa, pues no posee aptitud para afrontar en plenario una intervención activa y efectiva en ejercicio del derecho de defensa, de intervenir en aquellos actos que imprescindiblemente requieren de su personal participación; tampoco puede tomar decisiones acerca de cuál ha de ser su comportamiento durante el debate oral”.

El abogado querellante Rubén Pagiotto afirmó que interpondrá el recurso ante la Cámara Nacional de Casación Penal, y adelantó que solicitará que mientras se sustancie el reclamo se le dé efecto suspensivo. Sin embargo, otros representantes de las partes acusadoras serían de la idea de que el juicio avance paralelamente y, en todo caso, luego juzgar a Díaz Bessone solo.

María Cacciopoli, también abogada querellante, aseguró: “No es que no comprende, no quiere comunicarse. Me pregunto: ¿no es una maniobra defensiva más? De hecho, la esposa y su médico relatan que sí se comunica con ellos”. También remarcó la “incongruencia” entre la resolución del Tribunal de Paraná y la del TOF 2 de Rosario, la cual definió seguir adelante con el proceso en base a los mismos peritajes y esto posibilitó que se le dictara la condena de prisión perpetua el 26 de marzo, que cumple en su domicilio.

Causa Hospital Militar: el martes 10 declarará el médico del Instituto Privado de Pediatría

Se trata de Jorge Rossi, quien debe comparecer para aportar datos sobre el destino del hijo varón de Raquel Negro. El hecho que se investiga forma parte de la causa "NN Facundo". La audiencia será el 10 de abril a partir de las 11.

Uno de los socios del Instituto Privado de Pediatría (IPP), el médico Jorge Eduardo Rossi, no se presentó el martes 27 de marzo a declarar en el marco de la causa denominada “Averiguación paradero del menor NN Facundo”.
Si bien el profesional estaba citado para que aporte datos sobre el paradero del hijo varón de Raquel Negro, por pedido del juez federal Gustavo Zonis, a propuesta de los fiscales Mario Silva y José Ignacio Candioti, no se hizo presente sin que se conocieran los motivos de su ausencia.
Según pudo averiguar UNO, la audiencia donde tendrá que comparecwer Rossi se fijó para el 10 de abril a partir de las 11.
Junto a Miguel Torrealday, David Vainstub y Ángel Luis Schroeder, Rossi integraba el directorio del IPP en 1978, cuando estuvieron internados allí como NN los hijos de Raquel Negro provenientes del Hospital Militar. Durante el juicio del año pasado, sus socios no aportaron datos sobre cuál podría ser el paradero de quien fue inscripto en la institución como NN López (en el Hospital Militar lo habían llamado Facundo), alegando no recordar los hechos.

El Tribunal Federal duda sobre Díaz Bessone y dilata la decisión

Abogados querellantes (Foto: UNO/Juan Ignacio Pereira).

El TOF de Paraná no resolvió si el represor será juzgado en la causa Harguindeguy y hubo malestar en la sala. Los peritos de la Corte Suprema de Justicia recomendaron nuevos estudios

Alfredo Hoffman / De la redacción de UNO

El Tribunal Oral Federal de Paraná, presidido por Lilia Carnero, no resolvió ayer si el represor Ramón Genaro Díaz Bessone –dos veces condenado a perpetua por delitos de lesa humanidad– será juzgado en Paraná en el juicio por la causa Harguindeguy, en el que se investigan cuatro desapariciones forzadas y otras graves violaciones a los derechos humanos cometidas en la costa del Uruguay durante la última dictadura cívico-militar. Los jueces postergaron la decisión para el miércoles 4, oportunidad en la que podrían ordenar nuevos estudios médicos que retrasarían todavía más la definición sobre este imputado y el inicio mismo del debate.

Ayer fue evidente el malestar que causó entre el público presente en la sala la decisión del TOF de no emitir la resolución que había anunciado el jueves, sobre el pedido de la defensa de Díaz Bessone de que se lo excluya del juicio por aplicación del artículo 77 del Código Procesal Penal, que habla de la “incapacidad mental sobreviniente” como requisito para la suspensión del proceso. En lugar de dar su veredicto, los magistrados prepararon una videoconferencia con Buenos Aires, durante la cual los médicos del Cuerpo Médico Forense (CMF) de la Corte Suprema hicieron comentarios sobre el informe que emitieron el 1º de marzo acerca de la salud del represor.

La presidenta del tribunal aseguró que esa videoconferencia sería la “última medida probatoria para dilucidar la cuestión”. Sin embargo, los médicos de la Corte recomendaron realizar nuevos estudios y los magistrados pidieron precisiones sobre los tiempos que ello demandaría, lo que hace prever que podrían ordenar esas prácticas y el asunto se dilataría entonces aún más.

Los abogados querellantes se opusieron a la realización de ese contacto con el CMF, porque no se había previsto la participación de peritos de parte, e hicieron reserva de recurrir en casación. Carnero no le concedió el uso de la palabra al letrado Álvaro Piérola, en una situación que generó tensión en la sala. Luego Carnero reprendió en otras oportunidades a otros abogados querellantes. El jueves había procedido de manera similar con el fiscal José Ignacio Candioti, a quien acusó de, supuestamente, no haber prestado atención al defensor oficial.

El abogado querellante Rubén Pagliotto, luego de la audiencia, dijo a UNO que lo sucedido fue “un retroceso”, y opinó: “Personalmente noto que el tribunal está dubitativo, está confundido. No le asigno ninguna intencionalidad porque conozco de la integridad de sus miembros. Pero veo que frente a una causa tan enorme, que tiene la importancia de sentar por primera vez a Albano Harguindeguy en el banquillo de los acusados, se extravía en demasiado formalismo”.

También dijo haber quedado “desorientado” cuando se volvió a postergar la decisión sobre Díaz Bessone, sobre todo cuando hasta el miércoles, cuando se realizó el contacto “de visu” con el represor, estaba claro que no tenía alteradas sus capacidades cognitivas y sólo se buscaba dilucidar si podía trasladarse para participar de las audiencias por videoconferencia. Además lamentó que con estas demoras, el juicio no terminará este año.

La opinión del CMF 
Por videoconferencia, tres miembros del Cuerpo Médico Forense de la Nación, Esteban Toro Martínez (psiquiatra), Celminia Guzmán (neuróloga) y Mónica Herrán (psicóloga), explicaron los alcances del informe del 1º de marzo, que fue el que tomó el TOF de Rosario para seguir adelante con el enjuiciamiento a Díaz Bessone y dictarle condena a prisión perpetua el lunes.

Los profesionales reiteraron que el procesado no está en condiciones físicas de estar presente en audiencias de debate, pero sí puede seguir el juicio desde su domicilio. Ante las preguntas de los jueces, señalaron que puede entender si una sentencia es absolutoria o condenatoria, puede recibir una imputación de 31 hechos como en esta causa, ofrecer pruebas de descargo y participar de un careo. Estos tres últimos actos, aclararon, deberían producirse respetando sus tiempos, hablándole más pausadamente, a raíz de su deterioro cognitivo leve a moderado.

Sobre la mudez que experimenta por estos días el imputado –en oportunidades se niega a hablar– los profesionales dijeron que no son de la idea de que se deba a que carezca de facultad de comprender, sino más bien a que no quiere responder.

Sin embargo, para dar más precisión a las inquietudes del tribunal, recomendaron realizar nuevos estudios físicos y psíquicos, como una resonancia magnética de cerebro, un test de psicodiagnóstico, un ecodoppler y otros tantos, los cuales se harían en la sede del CMF en Buenos Aires.

Al finalizar la audiencia, Carnero abrió un cuarto intermedio hasta el 4 de abril a las 10 “para resolver esta cuestión”. Se entendió que definirá sobre el pedido de suspensión del proceso hecho por la defensa, aunque también podría ordenar los nuevos estudios.

El Tribunal Oral Federal dirá hoy si juzga a Díaz Bessone

Foto: UNO/Juan Ignacio Pereira

El juicio por la causa Harguindeguy no avanza porque resta definir la situación de uno de los nueve imputados. Se proyectó el video de la pericia donde el represor se niega a hablar

Alfredo Hoffman / De la redacción de UNO


Ramón Genaro Díaz Bessone, hasta hace pocos meses uno de los más fervientes defensores de la última dictadura cívico militar y otrora ideólogo del terrorismo de Estado, ha decidido ahora mantenerse mudo. Así se lo vio en el video de la pericia médica realizada el miércoles en su domicilio de Rosario, que se exhibió ayer en Paraná en el marco del juicio por la causa Harguindeguy. Este imputado de 86 años aparece en las imágenes sentado en el living de un pequeño departamento, todo el tiempo con el ceño arrugado e inmerso en un profundo silencio, que para la querella no es más que una estrategia de defensa.

A pesar de que los peritos de parte Oscar Pellegrini y Adriana Beades, el médico de la Cámara Federal de Rosario, José Roberto Settecasi, y hasta el psiquiatra personal del imputado, Héctor Panicali, coincidieron en que su estado físico está deteriorado pero no perdió la facultad de comprensión, el defensor oficial Mario Franchi pidió ayer nuevamente la suspensión del proceso penal. El mismo pedido le fue rechazado hace sólo una semana al anterior defensor, Eligio González. El beneficio reclamado está contemplado en el artículo 77 del Código Penal, que habla de la incapacidad mental sobreviniente, algo que para los profesionales no está acreditado. El tribunal dará a conocer su veredicto hoy a las 11.

Así las cosas, el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en la costa del Uruguay no termina de iniciarse. Se cumplieron todos los pasos formales introductorios, pero no puede avanzarse en las cuestiones preliminares hasta que no se resuelva la situación procesal de Díaz Bessone.

El video 


Ayer, al inicio de la audiencia, se dio lectura al acta del examen realizado el día anterior. Luego se abrió un cuarto intermedio de dos horas, porque el video que debía exhibirse no estaba registrado en un soporte apto. Solucionado el problema técnico, se pudo observar a Díaz Bessone vestido de camisa clara y pulóver bordó y con un audífono en la oreja izquierda. Su médico personal le hablaba de frente y él lo miraba a los ojos, pero no respondía.

La presidenta del tribunal, Lilia Carnero, dijo durante el video que el examen “de visu” era para determinar si el procesado puede ser trasladado para participar de las audiencias por videconferencia desde su domicilio de Buenos Aires hacia la sede del Consejo de la Magistratura. La cuestión del artículo 77, planteada por el anterior defensor, ya había sido resuelta horas antes del inicio del juicio.

El perito Pellegrini consideró que no tenía “interés en colaborar” y precisó que el accidente cerebrovascular que sufrió en octubre “no le afectó la comprensión”. Calificó a su estado como de “hipobulia”, algo que explicó como “no tener ganas” de colaborar y de estar en el juicio.

Leticia de Díaz Bessone, esposa del exmilitar recientemente condenado a cadena perpetua, intervino en varias oportunidades para decir: “Espiritualmente él ya no está en este mundo, ya no quiere vivir”, y pidió a los jueces “que hagan lo que quieran” con su marido. También dijo que “ya no le interesa escribir, leer y ni siquiera escuchar música, que era su vida”.

La grabación finaliza con la jueza Carnero despidiéndose de un siempre mudo Díaz Bessone, a quien le estrechó la mano.

Luego de la proyección del video, se dio la oportunidad a las partes acusadoras de contestar el planteo de suspensión realizado por la defensa. El fiscal José Ignacio Candioti y los abogados querellantes pidieron que se lo rechace y que, de ser necesario, se realice una nueva pericia.

El pedido de Franchi había estado fundado en un supuesto “estado de vulnerabilidad física”, en que es una persona “abstraída de la realidad” y en el “deterioro de sus facultades cognitivas”, que se acentuó en los últimos meses y “se seguirá acentuando”. Esto, para el defensor, le impediría presenciar un juicio tan largo como este.

Para el fiscal, en cambio, no surgen elementos para sostener la incapacidad mental. Candioti recordó que durante el examen “nadie dijo que no tenía capacidad de comprensión”, y citó el antecedente del médico Juan Antonio Zaccaría, a quien este tribunal rechazó el mismo planteo con antecedentes similares, y luego asistió a todas las audiencias de la causa Hospital Militar. Además recordó que en esa oportunidad hubo divergencia entre los peritos, lo que no ocurre en este caso.

La estrategia del silencio como defensa 

Foto: Gentileza Silvina Ríos

La abogada Cacciopoli, representante de la mayoría de las víctimas, pidió que Díaz Bessone sea juzgado y consideró que su silencio es, en realidad, una estrategia de defensa. Comparó esta actitud del represor con la que adoptó durante toda la instrucción, cuando hizo uso de todos los recursos disponibles para intentar impedir el avance de la Justicia e incluso lo hizo presentando sus argumentos en su declaración indagatoria.

“Todos los peritos determinaron que tiene capacidad de comprender. La decisión de Díaz Bessone de no querer hablar es un nuevo acto de defensa”, indicó.

Los abogados Guillermo Mulet y Rubén Pagliotto advirtieron que si se lo excluye del juicio solo por mantenerse mudo, se estará habilitando que en adelante “bastará callarse para consagrar la impunidad”.

Álvaro Piérola, además de pedir el rechazo del planteo, expresó que el represor Díaz Bessone “debió haber sido juzgado hace 25 años”, pero no fue así porque lo benefició la vigencia de las leyes de impunidad. Pidió también que, si no puede trasladarse, se arbitren los medios tecnológicos para seguir el debate desde su casa.