ATE pedirá la expulsión de afiliados que colaboraron con la dictadura

Se trata de cuatro afilados que figuran en el listado oficial de agentes civiles que brindaban información y participaban en los grupos de tareas durante el período comprendido entre 1976 y 1983.


La comisión directiva de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) solicitará la expulsión de cuatro afiliados que colaboraron con los represores durante la última dictadura militar.

El dato surgió a partir de la publicación por parte del Gobierno nacional de los listados de exagentes de inteligencia.

“No teníamos el procesamiento de esa información que es muchísima, y con el trabajo del compañero (Pablo Churruarín) que digitalizó todo e hizo un entrecruzamiento de bases de datos, comenzó a saltar la evidencia. Lo primero que se destacó es la existencia de agentes civiles de inteligencia dentro de la filas de ATE Entre Ríos y CTA”, explicó el secretario adjunto electo de ATE, Manuel Ramat, durante una conferencia de prensa.

A partir de eso, la comisión directiva del sindicato denunció el hecho y decidió pedir en el marco del próximo congreso extraordinario la expulsión de Julián Andrés, Raúl Sciascia, Luisa Begnis y Carlos Carlevaro, cuatro afiliados que colaboraron con el régimen durante la última dictadura.

“Los mismos militares le reconocieron un papel fundamental a la inteligencia civil organizada, que facilitaron el secuestro, la tortura, la desaparición y muerte de miles de personas. Por eso es incompatible éticamente que permanezcan en nuestras filas, mientras defendemos los derechos de los trabajadores y recordamos a nuestros compañeros caídos”, expuso el dirigente gremial, y añadió que “sólo cumplimos con el papel que nos corresponde como organización civil, y exhortamos a cada institución que investigue y cumpla con su papel, porque esta política de infiltración fue generalizada para destruir todo intento de organización social”.

El listado corresponde a personas que colaboraron entre el 76 al 83, y los cuatro sindicados como agentes civiles se afiliaron a ATE varios años después. Aún se desconoce qué papel jugaron para los represores, ya que es sabido que varios civiles participaban activamente en grupos de tareas, mientras que otros sólo brindaban información.

“Vamos a hacer una petición en el ámbito judicial para que se entrecrucen datos de cada organismo con este listado suministrado por el gobierno de la Nación. Uno de los casos más paradigmáticos que se descubrió fue el de Mónica Torres, que fue secretaria de Derechos Humanos durante el gobierno de Jorge Pedro Busti, y que resultó ser una infiltrada del servicio de inteligencia entre el 76 y el 83. Ahora queremos que con este ejemplo se investiguen otras reparticiones, pero que lo haga de oficio la Justicia. Para que cada institución sepa quién es quien dentro de sus padrones, porque gracias a la eficacia de estos tipos, hoy tenemos a 30.000 compañeros desaparecidos”, manifestó María Luz Piérola, integrante del Registro Único de la Verdad, una de las organizaciones pertenecientes a la Mesa por el Juicio y Castigo.

Por su parte, Pablo Churruarín, de Hijos Paraná, señaló que es importante erradicar a esas personas que hoy “siguen infiltradas, que vienen desde mediados de los 80 y principios de los 90. Continúan actuando, no sabemos a quién reportan, si bien en teoría el aparato represivo está desmantelado, esta gente sigue afiliándose”.

Convocan a la comunidad a participar del juicio oral por robo de bebés

SEBASTIÁN Y SABRINA SOSTIENEN UNA BANDERA CON LOS ROSTROS 
DE SUS PADRES DESAPARECIDOS. (FOTO: UNO/MATEO OVIEDO)

El primer juicio oral y público por delitos de lesa humanidad en Entre Ríos arranca el miércoles a las 10. Cualquier ciudadano mayor de edad puede asistir. Habrá actos y espectáculos en calle 25 de Mayo. Buscan datos sobre los bebés robados en el Hospital Militar de Paraná.

El miércoles a las 10 de la mañana se iniciará el juicio oral y público por la causa Hospital Militar, el primero por delitos de lesa humanidad que se realizará en Entre Ríos. Organizaciones de Derechos Humanos convocaron a la comunidad a asistir a las audiencias, durante las cuales se someterán al Tribunal Oral Federal de Paraná seis represores acusados de robo de bebés durante la última dictadura.
Para esa jornada de apertura, así como para las siguientes, la Mesa por el Juicio y Castigo de Paraná prepara una serie de actividades que incluyen la presentación de espectáculos artísticos en calle 25 de Mayo, frente a la sede de la Cámara Federal de Apelaciones, en cuya sala se desarrollará el debate.

“Hace más de 30 años esperábamos esto. La posibilidad de justicia. La posibilidad de decirles en la cara que son asesinos, y que se merecen la cárcel, para siempre”, reflexionaron este viernes los integrantes de la agrupación Hijos Regional Paraná. “Juzgarlos. Eso esperábamos. Sentarlos en el banquillo de los acusados a los asesinos, genocidas y apropiadores de bebés. Que al fin, después de tanto tiempo, la fuerza de la ley caiga sobre los que nos hicieron tanto mal. A todos. A vos, a ustedes, a nosotros. A todos”.

Como quedó demostrado en la instrucción de la causa, en el Hospital Militar de la capital entrerriana funcionó una maternidad clandestina durante la dictadura. Allí nacieron los hijos mellizos de los desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela, que fueron separados por la fuerza del seno materno.

“Desde que se inició esta causa en 2005, gracias a la iniciativa, la militancia y el compromiso con los derechos humanos del querido compañero que ya no está con nosotros, Guillermo 'Mencho' Germano, no hemos parado de cosechar excelentes frutos. El mejor de ellos, sin dudas, es haber encontrado a nuestra hermana Sabrina Gullino Valenzuela Negro, en diciembre de 2008. La alegría más grande. Y desde que está con nosotros no hemos parado de llenarla de abrazos. Todos los que no pudimos darle antes. Pero todavía nos falta su hermano mellizo”, sostuvieron desde la organización a través de un comunicado.

“En el Hospital Militar de Paraná nacieron ambos en 1978. A Sabrina la encontramos. Y aún buscamos sin descanso al mellizo varón. Este juicio también es la posibilidad de encontrarlo. Y llenarlo de los abrazos que nos debemos, cuando esté de vuelta con nosotros”, añadieron.

“Treinta y cinco años después del Terrorismo de Estado, seguimos desentramando las historias siniestras de las que fueron capaces los asesinos; 35 años después vamos a juzgarlos por esos horrores en nuestra ciudad. Es la hora de la Justicia. Los genocidas que irán al banquillo en este juicio histórico por delitos de lesa humanidad son seis: Pascual Oscar Guerrieri, Jorge Alberto Fariña, Juan Daniel Amelong, Marino Héctor González, Walter Salvador Pagano, Juan Antonio Zaccaría. Todos están acusados de la sustracción de menores y la sustitución de su identidad”, continuaron.

Además, convocaron a todos aquellos que conozcan datos que puedan indicar dónde está el mellizo de Sabrina y qué fue de él, a que los aporten a los organismos de derechos humanos. Apuntan a quienes trabajaron en el Hospital Militar entre 1977 y 1978 o conocen a alguien que lo hizo. Pueden comunicarse escribiendo a hijos.identidad@yahoo.com.ar. “Las denuncias pueden ser anónimas, sólo necesitamos de tu colaboración para seguir construyendo justicia. Porque los chicos apropiados nos faltan a todos”, agregaron.

Finalmente recalcaron que el juicio es oral y público, por lo que cualquier ciudadano o ciudadana mayor de 18 años puede participar de las audiencias. Los interesados deben enviar su nombre completo y número de DNI al correo de Hijos: hijos_parana@yahoo.com.ar. “Convocamos a todos a ser parte de este juicio histórico. Estamos convencidos de que a los genocidas los juzga un tribunal, pero los condenamos todos”, acotaron.

La Corte Suprema rechazó dejar en libertad a un represor entrerriano

LA CORTE LE IMPIDIÓ LA LIBERTAD A ZAPATA, ACUSADO 
DE SECUESTROS Y TORTURAS. (FOTO: TÉLAM)

Se trata del ex policía Carlos Zapata, acusado de secuestros y torturas durante la dictadura en la megacausa Área Paraná. El tribunal decidió por mayoría dejar firme la resolución de la Cámara que el rechazó la excarcelación.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó por improcedente el recurso de excarcelación presentado por la defensa del represor Carlos Horacio Zapata, quien es enjuiciado en la causa Área Paraná, acusado de haber cometido delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. De esta manera, quedó firme el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná.

En su sentencia del martes –a la que accedió UNO–, por mayoría, la Corte entendió que el recurso extraordinario motorizado por la defensora oficial Mónica Mariela Nardi de Brouchy era “inadmisible”, y por ello lo declaró improcedente. Así votaron Elena Highton de Nolasco, Enrique Santiago Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay.

Por su parte, Eugenio Raúl Zaffaroni votó en disidencia, en consonancia con el dictamen del procurador general de la Nación, Esteban Righi, quien se pronunció en contra del fallo de la Cámara de Paraná por razones de forma y no de fondo. Zaffaroni propuso que se hiciera lugar al recurso y se devolvieran los autos al tribunal de origen para que se dictara una nueva resolución.

La Corte procedió de la misma manera que ya lo había hecho con otros represores procesados en la misma causa que pretendían la excarcelación, como los casos recientes del médico Hugo Mario Moyano y el abogado y militar Jorge Humberto Appiani.

Zapata, oriundo de Diamante, deberá seguir detenido en la Unidad Penal Nº 1 de la capital entrerriana. Durante los años del terrorismo de Estado se desempeñaba como oficial de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos. En la acusación que efectuó la Fiscalía a mediados de julio, se lo consideró coautor de Privaciones ilegales de la libertad y Severidades, vejaciones y apremios ilegales y Tormentos en perjuicio de 13 víctimas.

La megacuasa Área Paraná –en manos del juez federal Fermín Ceroleni– se tramita por escrito por aplicación del antiguo Código de Procedimiento en Materia Penal y se encuentra en etapa de plenario. Los juzgados son 10 represores: Zapata, Moyano, Appiani, Ramón Genaro Díaz Bessone, Alberto Rivas, Oscar Ramón Obaid, Cosme Demonte, José Anselmo Appelhans, Rosa Susana Bidinost y Luis Francisco Armocida.

Nuevas causas de lesa humanidad también tramitan por escrito



Fuente: Gentileza Cristian Portela



Por resolución de la Cámara Federal, las investigaciones por la actuación del médico Capellino durante la dictadura y el CCD de la ex comisaría de El Brete no tendrán juicio oral, al igual que la causa Área Paraná.

La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná resolvió esta semana que dos causas por delitos de lesa humanidad tramiten por el viejo Código de Procedimientos en Materia Penal, que no prevé juicio oral y público, por tratarse de desprendimientos de la megacausa Área Paraná, que se desarrolla según el mismo Código.

Se trata de un expediente en el cual se investigan los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la vieja comisaría de El Brete y de otro que se abrió para determinar la posible responsabilidad del médico militar Jorge Horacio Capellino en violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.

En ambas causas, que se abrieron cuando Área Paraná ingresó en etapa de juicio, el juez federal Gustavo Zonis había dispuesto en un principio la aplicación del Código Procesal vigente en la actualidad. Dicha decisión fue apelada por los fiscales y el jueves se realizó una audiencia ante la Cámara, integrada por Daniel Alonso, Cintia Gómez y Gustavo Ibañez, que terminó revocando esa resolución, se informó a UNO.

Durante la audiencia, el fiscal general Ricardo Álvarez sostuvo que no se trata de nuevos hechos sino que son los mismos delitos investigados en la causa madre, pero que fueron separados en oportunidad de cerrarse la instrucción. Y por esta razón debía mantenerse la apliación del mismo Código.

El abogado querellante Álvaro Piérola, por su parte, mantuvo la posición original de las víctimas del terrorismo de Estado y familiares, que se viene reclamando desde 2003, es decir la aplicación del procedimiento oral vigente en el presente. Para esto se basó en la necesidad de que estos juicios tengan difusión, porque “hacen a la posibilidad cierta y concreta de construir una comunidad distinta, donde los delitos de lesa humanidad queden en la historia para ser recordados sobre lo que no hay que volver a repetir”.

A pesar de esto, la querella entendió que el debate procedimental es un camino ya recorrido, donde oportunamente se llegó hasta la Cámara Nacional de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y en esas instancias se favoreció la posición de los abogados de los represores. Por razones de “utilidad” se adhirió al planteo del fiscal Álvarez.

Pascual Guerrieri deberá ir a la cárcel o pagarse un alquiler en Paraná

El Tribunal le rechazó al represor su pedido de alojarse en el Hospital Militar por el tiempo que dure el juicio por robo de bebés durante la dictadura, que empieza el miércoles 24.

El Tribunal Oral Federal de Paraná desestimó el pedido de Pascual Oscar Guerrieri de hospedarse en el Hospital Militar de Paraná mientras se sustancie el juicio en su contra y en contra de otros cinco represores, por los delitos de sustracción de bebés y sustitución de identidades durante la última dictadura.

El Tribunal, además, fue claro en afirmar que Guerrieri debe alojarse en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná, junto al resto de los enjuiciados, o en su defecto costarse de su propio bolsillo el alquiler de una vivienda en esta ciudad, se informó a UNO.

Quien fuera segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121 durante la época de los hechos, goza desde hace años del beneficio de la prisión domiciliaria, que no le fue revocado al ser condenado por un Tribunal Federal de Rosario por delitos de lesa humanidad cometidos en esa jurisdicción. Por ese motivo, el represor solicitó mantener ese privilegio y eludir la posibilidad de ir a la cárcel mientras se desarrolle el juicio por la causa conocida como Hospital Militar, desde el 24 de agosto próximo.

Como argumentos, la defensa mencionó ciertos problemas de salud que no resultaron convincentes y, además, una supuesta incapacidad económica para alquilarse al menos un monoambiente en la capital entrerriana. Sin embargo, en contradicción con esa afirmación, el ex militar reside actualmente en la localidad de Martínez, partido de San Isidro, una de las zonas más caras y exclusivas de la zona norte del Gran Buenos Aires.

El Tribunal –compuesto por Roberto López Arango y Lilia Carnero– no tuvo contemplaciones y le dio dos opciones: hacerse de los pesos necesarios para rentar un sitio donde pernoctar, o ir a un calabozo de la UP 1. Para esto tuvo en cuenta los argumentos que sostuvo la Fiscalía al oponerse al beneficio buscado y a los que luego planteó la querella al afirmar la misma posición.

Además de la imposibilidad de que un procesado o condenado por delitos de lesa humanidad sea alojado en dependencias militares –por resolución del Ministerio de Defensa– que mencionaron los fiscales, entre otros argumentos, los querellantes subrayaron “la paradoja de que Guerrieri hubiera estado hospedado en el mismo sitio donde se cometieron los delitos por los cuales se realizará el juicio”, señaló el abogado Álvaro Piérola.

El 24 de agosto se inicia el juicio oral y público por el robo de los hijos mellizos de los desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela, que nacieron en el nosocomio castrense paranaense entre febrero y marzo de 1978. Además de Guerrieri serán juzgados Juan Daniel Amelong, Walter Pagano, Marino González, Jorge Fariña y el médico militar Juan Antonio Zaccaría.

Guerrieri quiere hospedarse en el Hospital Militar durante el juicio

El represor pretende alojarse en el mismo lugar donde se cometió el robo de los bebés por el cual será juzgado desde el 24 de agosto. Los fiscales se opusieron al pedido.

El ex segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121, Pascual Oscar Guerrieri, uno de los seis imputados en la causa por robo de bebés durante la última dictadura en Paraná, pidió que durante el desarrollo del juicio oral y público sea alojado en el Hospital Militar, el mismo establecimiento donde se produjeron los delitos investigados. Por lo pronto, los fiscales ya se opusieron a esa posibilidad.

Guerrieri cuenta actualmente con prisión domiciliaria, de la cual goza en su domicilio de la zona norte del Gran Buenos Aires. Pero el Tribunal Oral en lo Correccional Federal de Paraná le ordenó que fije domicilio en la capital entrerriana para permanecer desde el 24 de agosto y por el lapso de tiempo que dure el juicio que se iniciará ese día.

Para Marina Herbel –fiscal ante el Tribunal– y José Ignacio Candioti –de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos– el lugar donde debe alojarse el represor es la Unidad Penal Nº 1 de Paraná. Por eso se opusieron al pedido. Hasta el momento no hubo una resolución, se informó a UNO.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal se basaron en su pronunciamiento en una resolución del Ministerio de Defensa que prohíbe a las Fuerzas Armadas el alojamiento en unidades militares de personas procesadas o condenadas penalmente.

Además, tuvieron en cuenta que la defensa de Guerrieri no acreditó cuáles son los fundamentos médicos para solicitar que un procesado sea alojado en un establecimiento sanitario.

Con su planteo, el ex subjefe de Inteligencia pretende estar alojado en el mismo lugar donde se cometieron los delitos investigados en la causa que se conoce como “Hospital Militar”, es decir, donde se concretó el robo de los hijos mellizos –uno de cada sexo– de los desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela. A la beba mujer, cuando ya tenía 30 años, se le restituyó la identidad a fines de 2008 en el marco de esta investigación.

Guerrieri irá a juicio desde el 24 de agosto junto con otros cinco represores: Walter Pagano, Daniel Amelong, Marino González, Jorge Fariña y el médico militar Juan Antonio Zaccaría.

Zaccaría también cumple prisión preventiva domiciliaria en su vivienda de calle Tucumán de Paraná (frente a la escuela Rivadavia). En su oportunidad el Tribunal resolvió que las dolencias que lo aquejan no le impiden afrontar el juicio. Según anticipó en declaraciones televisivas su abogado defensor, Humberto Franchi, insistirá con el pedido de suspensión del juicio.

Otro represor sigue preso

Paralelamente, en el marco de la causa Harguindeguy, que también se encuentra elevada a juicio pero todavía sin fecha de inicio, el tribunal le rechazó el pedido de excarcelación al represor Francisco Crescenzo, quien durante la dictadura fue subcomisario de la Delegación Concepción Uruguay de la Policía Federal.

El planteo de la defensa se basó en que ya se cumplieron los dos años de prisión preventiva que fija la ley, pero el Tribunal Oral se la rechazó y decidió prorrogarle las actuales condiciones de su detención.

Imputado en la causa Hospital Militar ya no tiene matrícula de abogado

Juan Daniel Amelong, ya condenado en Rosario por delitos de lesa humanidad, fue excluido por el Colegio de Abogados de esa ciudad. Desde el 24 de agosto lo juzgarán en Paraná.

En un fallo dividido, por siete votos contra seis, el Colegio de Abogados de Rosario resolvió este jueves cancelar la matrícula profesional al represor Juan Daniel Amelong, condenado el año pasado por la Justicia federal rosarina a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar y procesado por la Justicia federal de Paraná por robo de bebés en la causa Hospital Militar.

Amelong fue integrante del Destacamento de Inteligencia 121 del Segundo Cuerpo del Ejército y luego estudió Derecho y se recibió de abogado. Como tal, en algunas instancias judiciales ha ejercido su propia defensa. Desde el 24 de agosto próximo, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná lo juzgará junto a otros cinco represores por el robo y sustitución de identidad de los hijos mellizos de los desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela. Uno de esos bebés, Sabrina Gullino, recuperó su identidad a fines de 2008.

El Directorio de ese foro integrado por 14 miembros (con uno ausente) resolvió la cancelación de la matrícula de abogado al represor. La polémica, que se expresó en el fallo dividido, se centró en que la condena del Tribunal Oral Federal Nº1 de Rosario aún no está firme.

La disparidad de opiniones dentro del organismo se debió a distintas interpretaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que en su artículo 295 alude a la necesidad de "sentencia firme", requisito que no se cumple en el caso de Amelong, ya que la misma fue apelada ante la Cámara Nacional de Casación.

“Hay que destacar la madurez y la calidad institucional con que se abordó en la reunión un tema tan difícil como éste y el hecho de que la mayoría de los integrantes del directorio evaluaron los antecedentes objetivos de Amelong como negativos para el ejercicio de la profesión”, señaló a Rosario3.com, el presidente del Colegio de Abogados de Rosario, Ignacio Del Vecchio.

El artículo 295 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que no pueden formar parte del Colegio de Abogados todos aquellos condenados por delitos dolosos "con pena efectiva de prisión".

“Mientras la mayoría de los directores contempló la ley en su conjunto e invocó la función esencial del Colegio de Abogados de velar por el decoro del foro, garantizando que quieres ejercen la profesión reúnen los valores éticos necesarios, hubo otros integrantes que se centraron en la letra del artículo 295 y la necesidad de contar con una sentencia firme, para decidir la cancelación de la matrícula”, explicó Del Vecchio y resaltó que “esto es positivo y puede darse porque el organismo está compuesto por siete movimientos con distintas posiciones”.

A favor de retirarle la matrícula al ex militar –que podrá apelar la decisión del Colegio ante la Cámara de Apelaciones Penal– se manifestaron Eduardo Martínez Pintado, Alejo Molina, Pedro Casabián, Vildor Garabelli, Alberto Pessón, Pablo Saccone y el presidente, Ignacio Del Vecchio. El voto del titular del Colegio fue clave para desempatar.

En tanto, Mario Tettamanzi, Jorge Colombo Berra, Daniel Pellegrino, María Cristina Ferrada, María Laura Albornoz y Matilde Bouchardt, consideraron que el artículo 295 no habilita al Colegio a la cancelación de la matrícula al ex militar.

El resultado de la votación fue rubricada en un acta que se notificará este viernes, por telegrama a Juan Daniel Amelong, en su domicilio legal.

Amelong fue condenado a perpetua con cárcel común por privaciones ilegales de la libertad agravada, aplicación de tormentos agravados y homicidios triplemente calificados durante el terrorismo de Estado.